La reciente decisión de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de flexibilizar los mecanismos de control vinculados al reproceso del calamar en tierra —a través de la Disposición 363/25— ha despertado reacciones disímiles.
Mientras el sector empresario celebra una medida que devuelve previsibilidad y autonomía a las decisiones productivas, los gremios manufactureros advierten sobre una posible amenaza al empleo. La reciente flexibilización regulatoria ha reabierto un debate de fondo: ¿hasta dónde debe llegar la intervención del Estado en la economía?
Una alta fuente del área económica, impulsora de la desregulación, defendió la iniciativa al sostener que “detrás de esta oposición sindical se esconde una concepción anacrónica del rol del Estado y del mercado, que desconoce los principios elementales de la economía moderna”.
El funcionario profundizó: “Pretender que toda empresa esté obligada a generar valor agregado per se, o reprocesar un producto con demanda internacional, constituye una distorsión de la lógica productiva”. En su visión, el valor agregado no puede imponerse por decreto ni sostenerse mediante pérdidas sistemáticas en la cadena industrial.
Cuestionado por su tendencia a desregular actividades con fuerte presencia estatal, el referente reafirmó su postura: “La creación de valor surge de la eficiencia, la competitividad y la libertad de elección, no de la coerción administrativa ni de reglamentaciones absurdas que inducen a generar valor a costa de la rentabilidad del sector empresario”.
La advertencia cobra especial relevancia en sectores industriales sensibles, como la pesca. Integrar etapas productivas sin rentabilidad, coinciden especialistas, erosiona la base misma de la actividad que se intenta proteger.
En el caso del calamar, las primeras capturas de cada temporada suelen corresponder a tallas menores (S y SS), cuyo reproceso resulta técnicamente complejo y económicamente inviable. Forzar su transformación en el mercado interno, cuando la demanda internacional exige el producto en su formato natural —particularmente como insumo para la pesca con palangre—, implica desconocer la lógica del comercio global y el principio de eficiencia económica.
“Los precios en el mercado exterior validan la estrategia de exportar el producto tal como es capturado, asegurando rentabilidad, continuidad operativa y generación de divisas”, explicó un armador consultado, reflejando el sentir del empresariado.
Un nuevo paradigma productivo
El nuevo marco regulatorio se enmarca en una visión liberal del desarrollo, que busca limitar la intromisión estatal en las decisiones estratégicas de las empresas. No se trata, según sus defensores, de desatender el empleo, sino de comprender que solo empresas viables pueden sostener trabajo genuino. La competitividad, insisten empresarios del sector, no se decreta: se construye con libertad, innovación y adaptación a la demanda.
El desafío, coinciden voces del sector, radica en fomentar un entorno productivo donde el valor agregado emerja naturalmente, a partir de la necesidad del comprador haciendo viable la inversión, la tecnología y la cooperación público-privada enfocada con perfil exportador. En ese sentido, el Estado debería concentrarse en diseñar políticas macroeconómicas y tributarias que aseguren un entorno para que las empresas puedan decidir sus formas de trabajo, buscando rentabilidad sustentable y desarrollo productivo, recordando que la empresa es la célula esencial del desarrollo, el empleo y la generación de divisas.
Cuando una compañía acumula pérdidas de manera persistente, el desenlace —advierten— es inevitable: la quiebra. Y con ella, las consecuencias recaen sobre toda la sociedad y sus participantes.
En esa línea, también el funcionario concluyó con una definición tajante: “Estamos en un mundo donde la adaptabilidad define la supervivencia. La industria argentina, y en particular la pesquera, debe aspirar a ser libre, eficiente y globalmente integrada —no prisionera de los viejos reflejos del intervencionismo sindical”.
