Este 22 de julio se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una nueva audiencia convocada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por el Secretario de Trabajo Julio Cordero, con el objetivo de avanzar en la negociación entre los sindicatos marítimos y las cámaras pesqueras de la flota congeladora tangonera. Participaron representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), y las cámaras CAPeCA, CAPIP y CEPA. Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdo entre las partes.
Desde el sector empresario volvieron a insistir en la necesidad de corregir el valor de referencia por tonelada de langostino, al que consideraron “desfasado” respecto de los precios internacionales. Las cámaras empresarias sostienen que el monto vigente no refleja las condiciones actuales del mercado externo y dificulta la rentabilidad de la flota congeladora.
Por su parte, los gremios rechazaron esa posición al sostener que “las propuestas de las cámaras fueron siempre las mismas” y consisten en “bajar los CCT en los valores de la producción”, algo que los sindicatos ya contestaron legalmente, que es inconstitucional. En ese sentido, el SOMU subrayó: “Bajo ningún concepto vamos a negociar el sacrificio y la dignidad de nuestros afiliados. Rechazamos totalmente que se puedan realizar acuerdos particulares porque no revisten legalidad jurídica”.
Tras la audiencia, el SOMU hizo pública una denuncia sobre la situación ocurrida en el puerto de Puerto Madryn. Según el sindicato, la empresa Conarpesa convocó a la tripulación del buque Antonio Álvarez para salir a pescar, acompañados por una escribana que presentó un supuesto acuerdo de partes. Este acuerdo implica una rebaja en los valores por tonelada, lo que se traduciría en una reducción salarial para los marineros.
El sindicato denunció además que el ministro Cordero informó sobre amenazas recibidas vía WhatsApp, donde se difundió una imagen de un arma de fuego. Desde el SOMU aclararon que no avalan este tipo de acciones y explicaron que la foto corresponde a un arma legal, vinculada a una persona externa a la actividad y al gremio.
El SOMU responsabilizó a las empresas por generar estos conflictos y presionar a los trabajadores para que acepten unilateralmente rebajas salariales. Además, ratificaron el rechazo absoluto a cualquier intento de reducir los valores del CCT relacionados con la producción, calificándolo de inconstitucional y atentatorio contra la dignidad de los trabajadores.
Tanto el SOMU como el SIMAPE reiteraron que no permitirán acuerdos individuales entre empresas y tripulaciones, por carecer de validez jurídica, y exigieron que toda negociación se realice con participación gremial directa.
Finalmente, informaron que, según el Ministerio recordó que el Decreto 633/18, que habilita la aplicación de un acuerdo de crisis para liquidar el 70% del salario bruto como no remunerativo, solo podrá implementarse si es firmado conjuntamente por una entidad gremial y la empresa interesada en salir a pescar.
El conflicto continúa mientras la temporada de langostino entra en su fase definitiva, con apenas unas pocas mareas posibles para la flota tangonera congeladora y una pérdida estimada del 80% de la zafra en aguas nacionales, lo que agrava la situación para los trabajadores y empresas del sector con grave impacto social en las ciudades manufactureras que de esta especie dependen.
Constituye, en efecto, un verdadero despropósito, agravado por la tibieza del Secretario de Trabajo, cuya investidura —dotada de atribuciones legales y autoridad— exigía algo más que una presencia decorativa. Lejos de ejercer el rol que le compete como garante del equilibrio y la solución, su intervención quedó plasmada en un acta desprovista de todo criterio, desangelada, insípida, y en perfecta sintonía con una gestión que no ha sido sino una prolongada muestra de indiferencia burocrática y vacío institucional en la resolución del conflicto.
