La Prefectura Naval Argentina, a través de su División de Seguridad de la Navegación y Protección Ambiental, resolvió dar por terminada —a partir del 1° de diciembre— la práctica de autorizar embarques bajo el régimen de potencia reducida. Desde esa fecha, para determinar las dotaciones mínimas de seguridad aplicables al personal de máquinas, la autoridad marítima ordena tomar exclusivamente la Potencia Efectiva Total (PET) consignada en el Certificado Nacional de Seguridad de la Navegación y no la potencia reducida.
Esta redefinición normativa, que en apariencia podría pasar inadvertida, tuvo un efecto inmediato sobre la flota artesanal de Chubut en plena temporada de pesca de langostino; varios barcos quedaron obligados a incorporar un maquinista en su tripulación. La medida comenzó a aplicarse ayer y empujó a las empresas armadoras a reorganizar su plantel contrarreloj, en la mayoría de los casos reemplazando a un marinero de cubierta para cumplir con la nueva exigencia.
El resultado fue un conflicto tan súbito como imprevisible en pleno corazón de la temporada provincial de langostino. Ante el impacto operativo y laboral de la resolución, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) declaró este lunes un paro de actividades y formalizó la notificación correspondiente ante la Secretaría de Trabajo de Chubut.
En un comunicado dirigido a la Secretaría de Trabajo, la de Pesca y a las autoridades competentes, los delegados del SOMU de Rawson, Daniel Cisterna y Sebastián Viel, informaron que la flota artesanal inició una medida de acción directa tras el desembarco de un marinero ocurrido durante la madrugada del 1 de diciembre.
Según la denuncia, la maniobra se ejecutó para embarcar en su lugar a un maquinista, bajo los argumentos antes descriptos, como venía realizándose desde hace años.
El sindicato advierte que esta modificación operativa altera las condiciones laborales vigentes y pone en riesgo la seguridad de navegación y el normal funcionamiento de la maniobra de pesca. En ese sentido, sostienen que resulta “inviable” desarrollar las tareas con menos de cuatro marineros a bordo, especialmente en embarcaciones que han incrementado su capacidad de captura y hoy ingresan al puerto con cargas de entre 600 y 700 cajones, cuando hasta hace no mucho tiempo operaban con volúmenes de entre 200 y 300. (“confessus pro iudicato habetur”, esto es a confesión de partes, relevo de pruebas señores del CFP).
El SOMU remarcó que la decisión de los armadores no solo afecta la estabilidad laboral del sector, sino que también amenaza con generar una disputa entre gremios. De acuerdo con el testimonio de los trabajadores reunidos este lunes en el muelle, la exigencia de incorporar un maquinista —impulsada por SICONARA— implicaría la salida inmediata de un marinero, un planteo que el SOMU considera imposible por razones operativas y de seguridad.
Los delegados insistieron en que la maniobra de pesca requiere el número adecuado de tripulantes y que la solución no puede basarse en desplazar trabajadores esenciales. En cambio, reclaman que la Cámara de Armadores respete los roles preexistentes y, si corresponde sumar personal de máquinas, lo haga sin reducir la dotación de marineros.
La disposición aclara que, en casos excepcionales donde no haya tripulantes disponibles con el título correspondiente, podrá continuar con el embarque del personal que ya venía desempeñándose mediante habilitaciones temporarias, siempre conforme al artículo 110 de la Ley de Navegación 20.094, siendo esto una salvaguarda para evitar la nueva normativa.
El sindicato remarcó que no permitirá la reducción de fuentes laborales ni la afectación de la seguridad en las maniobras. Advirtió, además, que la falta de un acuerdo entre la Cámara, SICONARA y SOMU fue determinante para que la situación escalara. Sin consenso tripartito, más de treinta familias quedarían sin ingresos, afirman los trabajadores.
El conflicto abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el encuadre laboral, las exigencias técnicas y la evolución de una flota artesanal que, según remarcan desde el SOMU, ha crecido en dimensiones y capacidad de bodega gracias a beneficios otorgados por normas provinciales que hoy colisionan con la legislación nacional.
