La empresa Pesquera Puerto Comodoro S.A., cuyo apoderado es José Luis “Pino” Quercia, una figura emblemática y pilar del sector pesquero en Comodoro Rivadavia y uno de los últimos grandes exponentes de una industria provincial en declive, ha dado un paso que sacude los cimientos de la actividad pesquera en la región: a través de su representante legal, ha presentado una solicitud formal a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Chubut para iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Esta decisión no es un mero trámite, sino el reflejo de una situación desesperada, donde las pérdidas financieras amenazan con devorar lo que alguna vez fue un emblema de la pesca en Argentina.
La empresa, que durante décadas ha sido sinónimo de trabajo duro y prosperidad en el rubro, enfrenta ahora un panorama sombrío. Argumenta que los recientes incrementos salariales, que han superado incluso la implacable inflación del país, junto con costos laborales que se han vuelto insostenibles, han sumido a la pesquera en un torbellino de pérdidas y márgenes de rentabilidad inexistentes. En un contexto de demanda deprimida y precios en picada, la empresa se ve forzada a tomar una decisión dolorosa pero, según ellos, inevitable: solicitar un retiro voluntario de personal para evitar lo que parece ser el inminente colapso.
El documento presentado por Pesquera Puerto Comodoro detalla un escenario que pocas veces se hace público con tanta crudeza. Los acuerdos salariales, que en otro momento habrían sido motivo de orgullo, ahora se han convertido en una soga al cuello para la empresa. La merluza, su principal producto, ya no ofrece los márgenes de rentabilidad que sostuvieron años de bonanza, y los costos de producción superan de manera alarmante el precio de venta. Este desequilibrio, como señalan con tono casi desesperado, ha transferido la rentabilidad a otros eslabones de la cadena, dejando a la empresa al borde de la quiebra.
Amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, la empresa debe ahora cargar con la difícil prueba de justificar una crisis no imputable a su gestión. Y lo hace con cifras y documentos que pintan un panorama desolador: los precios de sus productos se hunden por debajo de los costos de producción, una situación que no solo amenaza a la empresa, sino que pone en jaque la continuidad de una actividad que ha sido parte del tejido económico de la provincia.
El art.247 de la Ley de Contrato de Trabajo señala que quien argumente la causal de extinción del contrato por “falta o disminución de trabajo” no imputable al empleador o “fuerza mayor”, tiene la carga de la prueba de dicha situación, es decir, es quien debe probarlo.
Pesquera Puerto Comodoro, con una franqueza habitual, subraya que, a pesar de los esfuerzos titánicos por mantener la actividad a flote, los convenios salariales y las exigencias del sector han dejado a la empresa sin herramientas para competir. «No se puede pagar lo que no se produce, ni vender a precios por debajo de los costos«, afirman en un grito que parece resonar en cada rincón del sector pesquero.
El procedimiento preventivo de crisis no es más que un último recurso, una herramienta que busca analizar la magnitud de los daños y determinar si hay personal sobredimensionado en una empresa que lucha por sobrevivir en un océano de dificultades. Sin una mejora drástica en la rentabilidad, advierten, la continuidad de la actividad pesquera, y con ella, la esperanza de muchas familias, está en peligro de extinción.
El procedimiento preventivo de crisis se plantea como una herramienta para evaluar la situación de la empresa y establecer qué personal puede ser considerado sobredimensionado en el actual contexto económico. Sin una mejora en la rentabilidad, la continuidad de la actividad pesquera se ve seriamente comprometida.
