En un nuevo capítulo de la prolongada crisis que atraviesa el sector pesquero, marineros nucleados en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) comenzaron hoy una protesta con cortes intermitentes sobre la Ruta Provincial N°1 y la Ruta Nacional N°3, en el acceso norte a la ciudad. La medida fue adoptada tras el fracaso de la audiencia mantenida el pasado martes en Buenos Aires, en la que el sindicato se retiró disconforme por la propuesta presentada por las cámaras empresarias.
Los trabajadores denuncian que llevan nueve meses sin percibir salarios y que la situación económica en los hogares del sector se volvió insostenible. «No estamos acostumbrados a estar en la ruta, ahora tendríamos que estar en el mar«, expresó César Zapata, secretario general del SOMU en Puerto Madryn, durante la protesta.
La medida de fuerza incluye cortes totales cada 30 minutos, con liberación del tránsito en lapsos intermitentes. Los ánimos están caldeados y no se descarta un endurecimiento de las acciones en caso de que no surjan respuestas concretas pero el volumen de la protesta cada día pierde fuerza ante la necesidad de su gente.
El SOMU exige el «cese del lockout patronal» que paraliza la actividad tangonera desde mediados de marzo y repudia la intención empresarial de modificar el convenio colectivo de trabajo y aplicar una rebaja del 30% en los salarios. Un discurso carente de volumen frente a los números presentados por actores relevantes del empresariado pesquero cuyo trasfondo incluye comparar lo que percibió un marinero en la última marea de 2024, contra la propuesta empresaria actual, y claramente se ve que la merma (pero merma al fin), es del orden del 14% directo.
“La actividad tendría que haber comenzado el 17 de marzo. Las empresas empezaron instalando en los medios que querían bajarnos el salario un 30%, sin presentar nada formal. Después, directamente, impulsaron el lockout. Hemos tenido reuniones, incluso con el acompañamiento de las provincias de Chubut y Santa Cruz, pero el conflicto se agrava por la intransigencia del sector empresario”, detalló Zapata.
Según el dirigente, las cámaras pretenden modificar un convenio que lleva años de vigencia y que ya había sido recortado en 2005, sin recuperación posterior para los trabajadores. “Ahora dicen que quieren un dólar de referencia de $825, lo mismo que plantearon antes. No estamos pidiendo aumentos, solo que se respete lo que nos corresponde”, sostuvo.
El sindicato expresó su malestar por la falta de intervención efectiva del gobierno nacional, que insiste en calificar el conflicto como una disputa entre privados. “Nos escuchan, pero no actúan. Fuimos con gobernadores, con intendentes, y el gobierno hizo una rebaja impositiva a las empresas. Pero para ellas no alcanza, quieren quedarse con el convenio o nuestros sueldos”, dijo Zapata generando un caldo de cultivo que justifique su propio accionar ante facciones que comienzan a exigir al vértice del gremio soluciones directas que puedan paliar el deterioro económico de la marinería.
Si bien el reciente acuerdo alcanzado en el sector fresquero representa, en principio, un avance acotado y específico —dado que responde a una realidad distinta de la que atraviesa el segmento del langostino entero congelado a bordo—, comenzó a trascender que la presión sostenida de las bases podría empezar a erosionar la cohesión interna del frente gremial. En ese escenario, no se descarta que ciertos referentes sindicales, hasta ahora firmes en su postura, vean debilitado su discurso frente al malestar creciente, abriendo paso a eventuales fisuras que podrían comprometer la solidez de la estrategia colectiva.
En paralelo, los afiliados al SOMU de Puerto Madryn firmaron una nota dirigida al secretario general Raúl Durdos y al secretario de pesca Ángel Juan Navarro, solicitando su presencia urgente ante lo que consideran una situación límite. El documento, rubricado colectivamente en asamblea, reafirma la unidad del gremio y exige una respuesta inmediata ante lo que califican como “un ataque directo a los derechos de quienes día a día sostenemos esta actividad fundamental para la economía local y nacional”.
Mientras el conflicto continúa escalando, el impacto ya se hace sentir en el circuito económico de Madryn y otras ciudades portuarias que dependen directamente de la pesca. Los próximas días con la apertura oficializada y operativa de la flota fresquera, serán clave para definir el rumbo del reclamo y las posibles instancias de resolución.