Este miércoles 18 de junio volvió a fracasar una nueva instancia de diálogo entre el gobierno nacional, los gremios y las cámaras empresariales del sector pesquero congelador. La audiencia, celebrada en la Secretaría de Trabajo de la Nación, finalizó abruptamente luego de que el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) decidiera abandonar la negociación, al rechazar la propuesta presentada por el sector empresario.
Durante el encuentro, las cámaras plantearon una propuesta acordada previamente con el Ministerio de Capital Humano. Incluía la posibilidad de que el 70% del salario se liquidara como no remunerativo, con el objetivo de generar alivio fiscal para las empresas y un mejor sueldo de bolsillo para la marinería. También se ratificó la disposición de firmar los básicos actualizados por IPC y de habilitar una revisión integral del Convenio Colectivo de Trabajo. Pero el punto más conflictivo fue la propuesta de aplicar un tipo de cambio diferencial de $825 para la liquidación de salarios, lo que implicaría una reducción indirecta del ingreso real de los tripulantes, sin modificar el esquema de producción.
Desde el SOMU, si bien aceptaron discutir en el esquema no remunerativo, rechazaron de plano el valor de dólar propuesto por las cámaras. Calificaron la maniobra como una “baja encubierta de salarios” y denunciaron que, tras ceder en varios puntos, las empresas pretendían “dibujar” la liquidación final con un tipo de cambio ficticio que perjudica directamente a los trabajadores.
Tras una breve exposición de su rechazo, los representantes del gremio se levantaron de la mesa y se retiraron de la audiencia. Con su salida, el encuentro quedó automáticamente finalizado sin avances. Del lado del gobierno, hubo una reacción de fuerte malestar. “La situación del sector es grave. Las cámaras accedieron a morigerar el impacto inicial, pero no hubo apertura al diálogo por parte del gremio”, señalaron fuentes del Ministerio de Capital Humano.
También participaron del encuentro los intendentes Juan Raúl Martínez, de Puerto Deseado, y Gustavo Sastre, de Puerto Madryn, quienes se retiraron visiblemente preocupados. Ambos vienen acompañando las negociaciones desde hace varios días, advirtiendo sobre el impacto económico y social que la parálisis del sector está generando en sus comunidades. “Puerto Deseado vive de la pesca. No podemos permitir más dilaciones”, reiteró Martínez.
Con la temporada en aguas nacionales sin comenzar, la flota detenida y cientos de trabajadores sin poder embarcar, el conflicto entra ahora en una nueva etapa de tensión. En Puerto Madryn comenzaron a organizarse protestas y cortes de ruta, mientras las cámaras empresariales evalúan qué pasos tomar ante la falta de resultados por la vía institucional.
La expectativa de alcanzar un entendimiento parecía una posibilidad rayana a una expresión de deseos, pero el retiro del SOMU volvió a dejar el escenario en punto muerto. Por el momento, la única certeza es que el conflicto se mantiene abierto y que el gobierno nacional convocó a una nueva audiencia para el miércoles 25 de junio, pero sin instrumentar una clara posicion para reanudar la actividad aun teniendo mecanismos para hacerlo.
Mientras la conciliación obligatoria decretada corre en tiempo y podría afectar a la flota merlucera congeladora, la solución parece no encontrarse con la incapacidad de avanzar ante un negocio que dejo de serlo desde hace mucho tiempo; con el agravante que en los mercados internacionales de consumo, lo que no se ofrece de langostino salvaje y natural argentino es ocupado por un arrollador camarón de cultivo -principalmente ecuatoriano- que viene bajando costos e insertándose en nuevos mercados, principalmente el europeo y el americano.
