El levantamiento del paro dispuesto por el gremio de maquinistas en Rawson se produjo luego de que el Gobierno de Chubut reformulara el esquema de actualización del canon pesquero del langostino, a través de una nueva resolución de la Agencia de Recaudación provincial. El cambio normativo, en los hechos, descomprimió el foco de tensión que había escalado en los últimos días y habilitó una normalización gradual de la operatoria portuaria.
En concreto, la administración provincial resolvió dejar sin efecto la norma anterior que había fijado un valor de referencia más elevado y con efectos retroactivos, y sustituyó ese parámetro por una referencia de $2.500 por kilo, con vigencia desde el 1° de enero de 2026. La reconfiguración incluyó, además, un criterio central para los sindicatos: la diferencia entre el valor histórico y el valor actualizado no se trasladaría al esquema de ingresos de los tripulantes, sino que quedaría a cargo del privado titular de la licencia. Ese punto, que en la discusión pública suele aparecer como “técnico”, resultó decisivo para disipar el temor a que el canon terminara impactando sobre el salario de los trabajadores embarcados.
La secuencia permite una lectura más amplia, aunque conviene transitarla con prudencia. A esta altura, en el propio sector pesquero se admite que el paro no puede explicarse únicamente como una reacción sindical aislada frente a una decisión tributaria. Por el contrario, dejó la impresión de haber sido el episodio visible de una disputa de fondo, con un “tiro por elevación” dirigido a la conducción política provincial. La medida de fuerza, en ese sentido, funcionó como el evento que concentró la atención social y pública, mientras el debate real se ubicaba en otro plano: el vínculo, siempre delicado, entre el Gobierno y el sector representativo de la flota amarilla de Rawson.
El punto de partida fue un valor de referencia del kilo de langostino que, según antecedentes recientes, se había establecido en $1.800 en octubre de 2025 y luego fue actualizado a $3.000 en diciembre de ese año. Cuando el organismo recaudador intentó efectivizar el cobro con el nuevo parámetro —en un contexto donde también se mencionaron compromisos de cancelación de deudas no cumplidos— la discusión se endureció y reaparecieron mecanismos de presión que el sector conoce bien: paralización de actividad, advertencias sobre consecuencias sociales, y una fuerte exposición mediática del conflicto.
En esa trama, el rol del gremio de conductores navales quedó en el centro de la escena por razones obvias: su decisión de detener tareas tiene efectos inmediatos sobre muelles, plantas, servicios, empleo indirecto y circulación económica local. Pero el trasfondo, para muchos actores, remitía a una pulseada política y empresaria más amplia.
Con diplomacia, podría decirse que la protesta pareció expresar —además de reclamos gremiales— una forma de transmitir disconformidad hacia el gobernador Ignacio Torres, en un capítulo más de desencuentros con sectores que, vale recordarlo, habían mostrado señales de acercamiento en plena campaña electoral hacia fines de 2023.
La propia dinámica interna del ámbito privado aportó otro elemento: no todas las empresas acompañaron con el mismo entusiasmo la estrategia de confrontación. Hubo quienes dejaron trascender que el canon, aun con actualización, podía afrontarse sin que eso implicara paralizar la zafra. Esas voces, más silenciosas, suelen volverse relevantes cuando la discusión amenaza con afectar lo operativo y lo biológico, es decir, cuando el calendario de captura y la ventana de trabajo empiezan a pagar el costo de una disputa que se juega fuera del mar.
El desenlace llegó con una salida intermedia, el Gobierno ratificó la necesidad de actualizar el canon, pero corrigió el valor y, sobre todo, redefinió quién absorbe el impacto. Esa reformulación resultó suficiente para que el paro se levantara y la flota retomara su ritmo, con un proceso de normalización que alivió a toda la cadena.
Quedará, como saldo, una enseñanza que el sector conoce pero que estos episodios vuelven a poner en primer plano, en la pesca, las decisiones tributarias rara vez son sólo tributarias; y las medidas de fuerza rara vez quedan confinadas a lo sindical. Entre una y otra cosa, hay intereses, poder, antecedentes y mensajes. El lector podrá ponderar, con esos elementos, qué fue causa y qué fue instrumento. Lo verificable es que, esta vez, el conflicto se cerró cuando se reformuló el canon pesquero y se despejó el punto más sensible para los trabajadores embarcados, la posibilidad que el costo terminara recayendo sobre sus ingresos.
