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    Santa Cruz desaf铆a la regulaci贸n pesquera en el Golfo San Jorge

    AntonellaPor Antonella3 de febrero de 20257 Minutos
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    La provincia de Santa Cruz anunci贸 prospecciones en el Golfo San Jorge sin la intervenci贸n del INIDEP, lo que genera dudas sobre su validez legal y cient铆fica. 驴Es una iniciativa leg铆tima cient铆fica o una maniobra solapada para aumentar su cuota social de langostino?
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    En el marco de la primera reuni贸n del Consejo Federal Pesquero (CFP) del a帽o 2025, celebrada el 22 de enero, el representante de la provincia de Santa Cruz anunci贸 la realizaci贸n de una serie de prospecciones en el Golfo San Jorge para identificar la especie langostino.

    Seg煤n el punto 7.9 del Acta CFP Nro. 1/2025, los estudios ser谩n ejecutados con dos buques fresqueros en tres etapas, programadas para fines de enero, febrero y marzo, con una duraci贸n de dos d铆as cada una. Dicho esquema contempla 12 puntos de muestreo, lances de 10 minutos y la presencia de un observador provincial en cada embarcaci贸n. No obstante, resulta preocupante que en el acta no haya quedado asentada ninguna intervenci贸n u objeci贸n por parte de otros consejeros, ni siquiera de los representantes del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), lo que evidencia un posible desconocimiento de las implicancias de esta iniciativa en la sostenibilidad del recurso.

    Esta propuesta de prospecci贸n suscita serios cuestionamientos en cuanto a su encuadre normativo. La Ley Federal de Pesca (N掳 24.922), en su Cap铆tulo VI, otorga al Instituto Nacional de Investigaci贸n y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la responsabilidad exclusiva de la investigaci贸n de los recursos vivos marinos. Conforme al Art铆culo 11, el INIDEP es la entidad encargada de la planificaci贸n y ejecuci贸n de los estudios cient铆ficos, en coordinaci贸n con las provincias y otros organismos. Adem谩s, el Art铆culo 12 estipula que los buques de investigaci贸n de propiedad del Estado Nacional deben ser administrados por el Instituto.

    La decisi贸n unilateral de Santa Cruz de llevar a cabo esta investigaci贸n sin la participaci贸n del INIDEP genera incertidumbre respecto a su validez t茅cnica y legal. M谩s all谩 de la posible irregularidad jur铆dica, esta iniciativa representa un riesgo para la coherencia en la evaluaci贸n de los recursos marinos y su sostenibilidad. La falta de coordinaci贸n con el INIDEP podr铆a comprometer la comparabilidad de los datos y obstaculizar su integraci贸n en los modelos matem谩ticos de an谩lisis de cohortes, base fundamental de la gesti贸n pesquera en Argentina. Estos modelos, alimentados por el Instituto desde sus inicios, constituyen el pilar cient铆fico que avala las decisiones del CFP, garantizando una administraci贸n eficiente y sostenible de los recursos marinos.

    Es l铆cito preguntarse si esta iniciativa responde a una necesidad cient铆fica genuina o si, por el contrario, busca generar informaci贸n alternativa que pueda influir en futuras decisiones sobre la apertura y explotaci贸n del Golfo, o pero aun, busca presionar para obtener una mayor cuota social para esa provincia. La transparencia y el rigor cient铆fico en la investigaci贸n pesquera deben ser preservados por el INIDEP, a fin de evitar distorsiones que puedan derivar en conflictos jurisdiccionales o en decisiones de manejo que pongan en peligro la sostenibilidad de los recursos. Mientras, las gestiones pol铆ticas debiesen ser tratadas en el organismo legislativo, que parad贸jicamente, en este caso, no interpuso siquiera palabra admitiendo y dando a entender su predisposici贸n para que este grave evento pueda llegar a destino. El que calla, otorga dice un viejo dicho popular, y dale que va..!

    Un Desaf铆o a la Regulaci贸n Pesquera

    La provincia de Santa Cruz desaf铆a abiertamente la vigencia del Convenio del Golfo, en un contexto marcado por la inacci贸n del Secretario de Pesca de Chubut y la omisi贸n de intervenci贸n por parte del CFP. Mediante un anuncio oficial, la provincia declara el inicio de una 芦investigaci贸n禄 de tres meses, insinuando la posible habilitaci贸n de la pesquer铆a. Sin embargo, el verdadero objetivo de esta maniobra parece ser ejercer presi贸n sobre el CFP para lograr la ampliaci贸n del cupo de reserva social del langostino, asegurando as铆 la continuidad de la veda en el Golfo.

    La semana pasada concluy贸 la primera fase de la prospecci贸n de langostino en las aguas jurisdiccionales del Golfo San Jorge, un operativo impulsado por la provincia de Santa Cruz y anticipado en la 煤ltima reuni贸n del Consejo Federal Pesquero.

    Las tareas de relevamiento fueron realizadas a cabo por los buques fresqueros Pobre Gaucho y Nddanddu. En paralelo, trascendi贸 que el subsecretario de Pesca de Santa Cruz, Fernando Marcos, enviar谩 esta semana una notificaci贸n al Consejo Federal Pesquero. En la misiva, la provincia anunciar谩 que mantendr谩 abierto el Golfo San Jorge a menos que las empresas acepten descargar sus capturas en Puerto Deseado. Seg煤n fuentes cercanas, Marcos conf铆a en que esta estrategia presione al subsecretario de Pesca y Recursos Acu谩ticos, Juan Antonio L贸pez Cazorla, para que inste a las compa帽铆as a acatar el pedido provincial.

    Ante este panorama, resulta imperativo que tanto el CFP como la Autoridad de Aplicaci贸n disipen cualquier ambig眉edad respecto a la legalidad y validez de la investigaci贸n anunciada. Es fundamental esclarecer si esta iniciativa cuenta con el respaldo del INIDEP y se ajusta a los lineamientos inapelables de la Ley Federal de Pesca. La falta de intervenci贸n del INIDEP podr铆a sentar un precedente peligroso, fomentando la proliferaci贸n de acciones unilaterales que erosionen la autoridad del Instituto y fragmenten la gesti贸n pesquera en Argentina, un pa铆s cuya riqueza ict铆cola radica en la administraci贸n coordinada de sus recursos transzonales.

    Un riesgo para la administraci贸n pesquera

    Resulta alarmante que esta solicitud no haya recibido objeciones, lo que podr铆a evidenciar un desconocimiento flagrante de la Ley Federal de Pesca o, peor a煤n, una convalidaci贸n impl铆cita de un proceder an谩rquico donde cada actor act煤a seg煤n su propio arbitrio. Debe recordarse que los recursos vivos del mar pertenecen al conjunto del pueblo argentino y, en consecuencia, su gesti贸n debe estar sujeta a injerencia federal. La emblem谩tica regi贸n de Mazarredo, hist贸rico epicentro y cuna del langostino salvaje natural argentino, no puede ser tratada como un territorio de libre apropiaci贸n, sino como un bien estrat茅gico cuya administraci贸n debe ajustarse al rigor de la ley y a la prudencia de una gesti贸n responsable que permiti贸 pasar de 45.000 toneladas a las actuales 220.000 en un esfuerzo privado, biol贸gico y legislativo (empresas, INIDEP y CFP).

    Este no es un caso aislado. La falta de apego a la normativa vigente ha sido una constante en la gesti贸n de Santa Cruz. Un claro ejemplo de ello fue la irrupci贸n del gobernador Claudio Vidal en la sede del CFP a fines de 2024, cuando logr贸 forzar la redistribuci贸n de la CITC de merluza hubbsi, incrementando su cuota social de 4.000 a 20.000 toneladas sin contar con una flota propia suficiente para su explotaci贸n y menos aun, con capacidad para el procesado de ese volumen en plantas en su provincia como justificativo dentro de los considerando expresos al maximo interes con fines sociales, cuando todas las semanas llegan a Mar del Plata entre 6 y 8 camiones para procesar pescado que llega integro desde aquellas provincias patag贸nicas (sumado a Chubut), con la distorsi贸n, en parte, en el campo laboral marginal en nuestra ciudad. Peor a煤n, parte de este cupo ha sido otorgado a buques sin permiso de pesca para la especie, lo que constituye una vulneraci贸n manifiesta de la legislaci贸n pesquera vigente.

    Ahora, con una estrategia similar, Santa Cruz busca forzar un cambio en la administraci贸n del langostino en el Golfo San Jorge, aprovechando la pasividad de los integrantes del CFP como el de todos los actores, que a煤n no se han expresado. La provincia anuncia una prospecci贸n de tres meses con la aparente intenci贸n de habilitar la pesquer铆a, pero su verdadero prop贸sito es presionar por una ampliaci贸n del cupo de reserva social del langostino. Esta estrategia, ejecutada sin flota propia y, en muchos casos, con buques sin permisos de pesca para le especie, representa un nuevo atropello a la Ley Federal de Pesca, el CFP y sus resoluciones, y pone en entredicho la seriedad de la gesti贸n pesquera en Argentina.

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