Desde el 1° de febrero de 2025 entraron en vigencia los nuevos valores de los jornales para los trabajadores de la estiba, una referencia clave para las negociaciones salariales con las empresas del sector. Estas mismas compañías operan también en Comodoro Rivadavia, por lo que las condiciones laborales y salariales deberían ser equitativas en ambas localidades por tratarse de idéntico trabajo. Así lo plantearon.
El reclamo de los trabajadores apunta no solo a una actualización justa de los ingresos, sino también a la intervención de las autoridades provinciales. En este sentido, el mensaje se dirige al Secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, y al Gobernador Claudio Vidal, instándolos a tomar medidas concretas para mejorar la situación de los empleados y fortalecer la economía local.
La crisis laboral en la provincia se agrava con el aumento del desempleo, donde el sector petrolero ha dejado un tendal de gente sin trabajo como consecuencia a la decisión política, de la mayor petrolera del país, a desafectar tareas y por ende personal en pozos maduros en el norte de la provincia. En este contexto, la necesidad de trabajo y de mayores ingresos para los trabajadores se vuelve urgente, en contraste con las políticas que buscan reducir costos bajo el argumento de recuperar la competitividad perdida.
Los estibadores denuncian que sus ingresos representan menos del 50% de lo que se paga en otros puertos del país, tomando como referencia Puerto Madryn, lo que en principio afecta su calidad de vida. «Nos quieren hacer creer que cobrar menos nos hará más competitivos, pero quienes deciden esto no son los que sufren la explotación «, expresaron los trabajadores, mientras la actividad por estos días parece transitar el normal desenvolvimiento.
Puerto Deseado se consolida como el principal puerto de descargas de la provincia de Santa Cruz durante la actual temporada de pesca de calamar, gracias a su estratégica proximidad a los caladeros. En este contexto, se posiciona como el mayor receptor provincial, en una campaña que evidencia un inicio sólido y con volúmenes superiores a los registrados en el mismo período del año anterior. Hasta la fecha, se ha alcanzado un total de 46.670 toneladas desembarcadas, de las cuales 16.810 toneladas corresponden a Puerto Deseado, impulsando una intensa actividad laboral en la terminal. Sin embargo, este dinamismo ha puesto en el centro del debate las demandas salariales de los trabajadores portuarios, quienes comparan sus remuneraciones con las percibidas en los puertos de Chubut, donde el costo de descarga para un buque potero asciende a aproximadamente U$S 110.000 por 700 toneladas de cefalópodos (para transportar a otra provincia), lo que según los propios trabajadores de la estiba, constituye el doble de lo que se percibe en ese puerto.
Además del reclamo salarial, se plantea la necesidad de mejorar la organización del trabajo. Una propuesta concreta es la separación de tareas en la estiba: descarga por un lado y alistamiento por otro, como sucede en puertos con mayor desarrollo en la actividad pesquera. Esta medida, sostienen, permitiría la creación de más puestos de trabajo y mejoraría la eficiencia operativa pero no así los costos para la actividad, puesto que a mayor cantidad de trabajo, una mayor erogación para las empresas armadores con su consecuencia en el impacto de costos. La búsqueda del equilibrio es un punto de armonía para que los puertos de Santa Cruz sigan con el auge en las descargas, no obstante comparar la exageración de otros puertos en materia de descarga no es un buen patrón de medida, ya que la actividad se torna ajustada en costos, cuando para descargar un buque ya impacta en el 8% de la producción del mismo, un despropósito de la exuberancia irracional que ha llegado Chubut, en materia de descargas.
También el puerto de Caleta Paula vuelve a ser escenario de denuncias por condiciones laborales inadecuadas y falta de seguridad en la descarga del BP Pegasus, proveniente de Mar del Plata. La operación, programada para el jueves 13 de febrero, quedó marcada por la ausencia de medidas elementales de resguardo para los trabajadores.
Según los estibadores, la empresa TPP (Terminales Portuarias Patagónicas) omitió proporcionar una escala reglamentaria y la indispensable red de protección, requisitos fundamentales según la normativa vigente. Ante la inacción de la compañía, los trabajadores improvisaron una arriesgada estructura con dos escaleras atadas con cabos, asegurándolas a una bita del muelle. La maniobra, ejecutada en plena bajante, evidenció la precariedad y el desamparo en que desarrollan su labor.
Tanto la Administración Portuaria, como la Prefectura Naval Argentina, optaron por la indiferencia, permitiendo que la operación se realizara sin fiscalización ni garantías mínimas de seguridad. La inacción de las autoridades recuerda el trágico accidente que, hace menos de seis meses, cobró la vida del estibador Diógenes Gutiérrez en el BP Jorge Andrés, donde una tapa de bodega sin sujeción adecuada se cerró de golpe, con fatales consecuencias.
La desprotección no solo se manifiesta en lo estructural, sino también en lo salarial. Ramón Videla, delegado de los trabajadores, denunció la falta de actualización en los jornales: “Seguimos trabajando en condiciones precarias. Aún nos adeudan la segunda muda de ropa de 2024 y tampoco recibimos la primera de este año. Es un total abandono hacia los trabajadores”. La paga sigue estancada en $48.000 por jornada, mientras que el precio del cajón de pescado se mantiene en $680. Además, las empresas abonan una tarifa única por descarga y alistamiento, configurando una explotación laboral.
El contraste con Comodoro Rivadavia es indignante: “Allí, el jornal es de $118.824 y el precio del cajón, de $1.039, con pagos diferenciados. Aquí seguimos cobrando migajas, pese a tres reuniones con el gobierno y las empresas. Nos están condenando a la miseria”, lamentó Videla.
Desde el sector, se cuestiona la actitud del gobierno, que “prioriza foros empresariales mientras los trabajadores siguen en las mismas condiciones”. A pesar de la retórica oficial sobre mejoras, el puerto carece de certificaciones, habilitación de amarre y hasta de una boya de señalización en el canal de ingreso desde hace casi tres años. La ausencia de controles y la falta de intervención del Ministerio de Trabajo consolidan un escenario de vulnerabilidad laboral, donde la precariedad es la norma y la seguridad, una deuda pendiente.
Los estibadores esperan que en la próxima negociación salarial estas demandas sean consideradas y que las autoridades intervengan para garantizar condiciones laborales justas y acordes a la realidad del sector, algo que podría romper la armonía actual.
