La situación en el puerto de Mar del Plata se torna cada vez más crítica. Los precios y demanda internacional de la merluza no acompañan, y los costos de producción terminan por encima del punto de equilibrio; el resultado, crisis; que se ve reflejada en las puertas de varias empresas del sector procesador y manufacturero.
La prolongada disputa salarial en Pesquera 14 de Julio ha escalado a un nivel alarmante, no solo por el incumplimiento de los acuerdos paritarios, sino también por la fuerte presencia de efectivos de seguridad después de haberse aplicado la Ley antipiquete, como respuesta gubernamental a evitar escándalos que puedan elevarse entre las partes, de esta forma, el despliegue de fuerzas siempre genera un marco de tensión e incertidumbre entre los trabajadores.
Tras una semana de reclamos sin respuestas por parte de la empresa, la Secretaría de Trabajo intervino convocando a ambas partes a una audiencia conciliadora con la esperanza de encauzar el conflicto. Sin embargo, la falta de avances en las negociaciones derivó en un cuarto intermedio hasta el jueves, sin garantías de una pronta resolución.
El empresario Alberto Castro Arán se ha negado sistemáticamente a reconocer el reajuste salarial establecido por la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CaIPA) y el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP), donde las partes encontraron un punto de equilibrio para reajustar lo adeudado de octubre, noviembre, diciembre y enero pasado; en un valor equivalente al IPC de esos meses; argumentando que su empresa opera bajo un convenio colectivo de trabajo diferente. No obstante, los trabajadores denuncian que 14 de Julio ha abonado históricamente los sueldos conforme a esos mismos parámetros y que el incumplimiento actual constituye una maniobra para desligarse del convenio vigente y precarizar aún más la actividad laboral.
Mientras tanto, el conflicto ha sido respondido por parte de las autoridades con una presencia importante de efectivos de seguridad que evitan desmanes mayores. Aproximadamente 40 efectivos federales se han apostado en los accesos de la planta, en un operativo que remite a los lamentables sucesos ocurridos días atrás en Fishing Mart, donde las fuerzas hicieron contacto con los trabajadores en una respuesta a poner orden ante la salida de un camión con un contenedor de destino exportación, generando una profunda preocupación en el sector. La presencia de fuerzas de seguridad en este contexto es interpretada como un intento de disciplinamiento hacia los trabajadores, quienes mantienen una protesta pacífica exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales.
“La situación refleja un panorama preocupante: la industria pesquera, una de las principales actividades económicas y exportadoras del país, enfrenta un ahogo financiero exacerbado por la crisis inflacionaria, mientras las patronales intentan reducir costos a expensas de los trabajadores”, esgrimen desde el SOIP. En este contexto, los empleados del frigorífico denuncian que la empresa terceriza parte del procesamiento en plantas sin trabajadores registrados, como Lacar Fish y Calderón, lo que agrava aún más la precarización laboral.
El conflicto no solo expone la fragilidad del sector pesquero en el actual escenario económico, sino que también pone en evidencia la postura del Gobierno Nacional, que antepone el uso de la presencia de la fuerza, al diálogo y la resolución efectiva de los reclamos laborales.
Con la audiencia prevista en la conciliación obligatoria interpuesta, este jueves, las partes se reúnen y la expectativa se centra en si finalmente se logrará un acuerdo o si la crisis escalará aún más, con consecuencias impredecibles para la estabilidad laboral y social del puerto.
