La disputa interna en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) sumó un nuevo capítulo tras la presentación de la oposición formal al pedido de nueva prórroga de mandatos impulsado por la conducción nacional. En un escrito presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, los apoderados de las Listas Granate N° 41 y Azul N° 100 rechazaron la extensión solicitada y formularon una pregunta directa: “¿Y las elecciones para cuándo?”
La prórroga original de 45 días ya venció el 11 de febrero y el pedido de una nueva extensión por igual plazo permanece sin resolución. En ese contexto, la oposición sostiene que la conducción con mandato prorrogado pretende consolidar una ventaja electoral sin fijar una fecha concreta para normalizar la situación institucional.
En su presentación, los opositores cuestionan que la solicitud de nueva prórroga se funde en argumentos genéricos vinculados a la autonomía sindical, sin acreditar funcionamiento efectivo de los órganos colegiados del sindicato durante el período prorrogado. Señalan que el órgano directivo es colegiado y no puede ser reducido a la figura del Secretario General, y advierten que la extensión solicitada carece de límites claros, incluso con reserva de pedir nuevas ampliaciones
Uno de los puntos centrales del escrito es que la conducción prorrogada habría actuado de hecho como si ya estuviera electa, pese a que el proceso electoral se encuentra judicializado. Según la oposición, ello generaría una situación de desigualdad frente a las listas impugnadas.
El documento también reprocha a la conducción oficialista haber continuado con el proceso electoral en diciembre pese a una orden judicial de suspensión, y no haber activado mecanismos internos para regularizar la situación antes del vencimiento de los mandatos.
Para los firmantes, la nueva prórroga no resuelve el conflicto sino que lo posterga. En ese sentido, sostienen que la solución dentro de la autonomía sindical es clara: fijar de manera urgente una nueva fecha de elecciones con participación amplia y transparente
Incluso proponen que la convocatoria se realice antes del 10 de marzo de 2026, teniendo en cuenta el inicio de la campaña de los buques tangoneros, período en el que gran parte del padrón electoral se encuentra embarcado.
Otro de los ejes del planteo opositor es el cuestionamiento al argumento oficial de que la falta de prórroga afectaría el funcionamiento de la bolsa de trabajo. Según el escrito, el sistema de recomendaciones laborales sería utilizado como herramienta de disciplinamiento interno, extremo que —afirman— ya fue objeto de acciones judiciales previas.
También se formulan cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Comisión Revisora de Cuentas durante el período prorrogado y sobre el acceso a documentación contable, con actas notariales y cartas documento incorporadas como prueba.
Mientras la Cámara analiza el pedido de nueva prórroga, el escenario actual es que los mandatos nacionales prorrogados ya se encuentran vencidos. La oposición sostiene que la prórroga no puede convertirse en regla ni sustituir el proceso electoral, y que la democracia sindical exige que sean los afiliados quienes definan la conducción en las urnas.
En este punto, la controversia ya excede la puja entre oficialismo y oposición y expone una falla más grave, la demora de la Justicia laboral, y en particular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en resolver con oportunidad un conflicto que afecta derechos colectivos e individuales en tiempo real. La indefinición judicial, paraliza y deteriora la legitimidad del sistema.
Mientras el expediente se prolonga y las resoluciones se postergan, los mandatos vencen, las prórrogas pierden sustento y cualquier firma de un CCT queda alcanzada por una sombra de fragilidad institucional, con escaso peso representativo y verosimilitud social.
Al margen de quién tenga razón en derecho, el único que termina pagando el costo de esa demora es el trabajador. Y ese saldo, a esta altura, constituye una señal inequívoca de una justicia laboral que, en los hechos, ha dejado de colocar al ciudadano en el centro de sus prioridades.
La definición judicial pendiente determinará si se habilita una nueva extensión excepcional o si se avanza hacia la fijación de una fecha electoral que cierre un proceso que, a esta altura, ya no gira únicamente en torno a plazos procesales, sino a la legitimidad de la representación interna del gremio.
