En un acto que bordea la soberbia, la provincia de Chubut ha avanzado con un proyecto que no solo infringe en aguas de jurisdicción nacional, sino que también plantea la creación de un Área Marina Protegida (AMP) que abarca fuera de las 12 millas de la zona de Aguas Territoriales, específicamente en el denominado “Corredor Frente Chubut”.
Este proyecto, presentado con bombos y platillos en una reunión de trabajo en Rawson, pretende establecer una protección sobre al menos el 25% de una superficie total de 37.000 km², interfiriendo descaradamente en lo que corresponde a la jurisdicción nacional, cuyo único fin es mantener alejada la flota que opera aguas bajo jurisdicción nacional y de esa manera garantizar el mayor ingreso de langostino a aguas dentro del AIER provincial para su captura. Oportunamente, el lobby y ¿posible negociado?impuesto dentro del CFP, permitió utilizar sendas zonas denominadas buffer, sub buffer y sub sub buffer para alejar a la flota tangonera que opera aguas afuera del AIER nacional (de merluza) y de esta manera mermar sustancialmente las capturas de la flota marplatense tras convertir conforme en la Resolución CFP Nro.7/2018 art.7 de las Disposiciones relativas a la operatoria de buques en la pesquería, verdaderos buques de paseo, ya que colocan las áreas de captura recién al límite de las 130 millas náuticas desde el puerto más cercano de su provincia, ante la ceguera de quienes debiesen intermediar para evitar tamaña irregularidad propia del lobby generado por el propio representante de la provincia de Chubut en el ente colegiado. (Tema para otra nota sería, ¿dónde está el representante de la provincia de Buenos Aires con asiento dentro del propio CFP para defender los intereses de su provincia y la amplia flota que representa?).
En la reunión, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, participaron diversos funcionarios del Gobierno del Chubut y de la Nación. Entre ellos estaban el ministro de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Roberto Jure, y el secretario de Pesca, Gabriel Aguilar. La directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Gabriela González Trilla, (con un desconocimiento atroz sobre la pesca), presentó el proyecto con una retórica que intentó suavizar el claro atropello a las competencias nacionales.
González Trilla, en su exposición, destacó la importancia de que la provincia haga sus aportes y exprese su opinión, como si fuera un gesto de cortesía y no una imposición disfrazada de cooperación, que por otro lado, poco tiene para aportar, ya que las aguas de la presunta AMP Frente Valdés, corresponden a la jurisdicción nacional no provincial.
El proyecto, trabajado desde 2018 bajo el pretexto del “Fortalecimiento de la Gestión y Protección de la Biodiversidad Costero Marina en Áreas Ecológicas clave y la Aplicación del Enfoque Ecosistémico de la Pesca”, cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lo que añade una capa de financiamiento internacional a esta intrusión regional. Un verdadero despropósito carente de sustento formal y debido.
Los alcances del Proyecto de Ley son ambiciosos. Según González Trilla, las oportunidades asociadas incluyen el aumento de la superficie marina protegida en aguas de jurisdicción nacional y la incorporación de los Frentes Productivos al Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. (Como si Argentina no tuviera áreas de extrema protección, cuando en el 67% de la ZEEA está vedada, parcial o permanentemente para operaciones de pesca). Además, menciona la alta productividad primaria que brinda servicios ecosistémicos, como la absorción de dióxido de carbono, favoreciendo la mitigación del cambio climático. Sin embargo, estas justificaciones no pueden ocultar el hecho de que Chubut está imponiendo su voluntad sobre un territorio que no le pertenece exclusivamente.
El proyecto también menciona que complementa e integra el sistema de Áreas Naturales Protegidas dentro del Mar Territorial de Chubut, alineándose con ANP Península Valdés y otras denominaciones internacionales. De esta manera, se busca garantizar la conservación integral del área, dada la conexión y dependencia de las especies de aves y mamíferos marinos entre los sitios de reproducción y los de alimentación y tránsito en el AMP Frente Valdés. No obstante, estas medidas se toman sin considerar plenamente la autoridad nacional sobre las aguas en cuestión.
En suma, la maniobra de Chubut para avanzar sobre aguas de jurisdicción nacional con el proyecto del AMP “Frente Valdés” representa una flagrante usurpación de competencias y una muestra de la arrogancia regional disfrazada de gestión ambiental. El informe que se espera presentar al Congreso debe ser evaluado con rigor, considerando no solo las supuestas ventajas ecológicas, sino también la necesidad de respetar las delimitaciones jurisdiccionales y el equilibrio de poder entre las provincias y la nación.
