A través de la correspondiente resolución, que consta de cuatro artículos, el gobierno argentino dio por finalizadas las funciones como representante titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Paola Andrea Gucioni, indicando textualmente que eso fue a partir del “25 de enero de 2024”.
En la misma fue designado el nuevo representante del Ejecutivo Nacional, que tendrá la potestad de un voto, al igual que cada uno de los representantes de las cinco provincias con litoral marítimo.
La designación recayó en el abogado Pablo Ferrara Raisberg, tal como lo menciona la designación que a su vez agrega: “De conformidad con lo estipulado en el REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (DECRETO 1759/72 – T.O. 2017), en su artículo 40, se informa que frente al dictado del presente acto administrativo que se le esta notificado, usted dispone de los recursos administrativos obrantes en el Titulo VIII de dicha Reglamentación a los efectos de realizar su correspondiente impugnación.”
El Dr. Ferrara, fue quien presentó en el año 2021 un amparo colectivo ambiental en la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de frenar la pesca ilegal y depredadora en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país y sus áreas adyacentes, en una causa que fue contra el Estado Nacional, cuya carátula reza: “Ferrara, Pablo y otro c/ Estado Nacional y otros s/ amparo ambiental”, expediente que lleva el número 281/2021.
Al pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mediados de agosto del año pasado, realizamos nota referente a que la autoridad máxima de la justicia argentina frenó el embate por daño ambiental en aguas patagónicas, intento por el que el jurista intentó llevar al máximo tribunal la situación de los buques Lu Rong Yuan Yu 668, Hong Pu 16 y Calvao, infraccionados en mayo del 2020.
En su momento el ahora designado ante el Consejo Federal Pesquero de parte del gobierno nacional, consideró para hacer la presentación que el Estado argentino no había realizado las acciones que le correspondían para proteger los recurso marinos como el calamar, ni frenar el grave daño ambiental que produce la pesca ilegal “sistemática desarrollada por flotas extranjeras en la Zona Económica Exclusiva de Argentina”, tal como lo expresó en una nota periodística de hace tres años.
En la actualidad, el Dr. Pablo Ferrara Raisberg actualmente es coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de nuestro país y familiar de la Canciller Diana Mondino.
Entre las actividades que ha desarrollado, fue miembro del Consejo Editorial de la Revista Derecho y Política Ambiental, profesor de la Universidad del Salvador,
Pablo Ferrara es un especialista en Derecho Internacional Público con una destacada trayectoria académica. Obtuvo su especialización en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, seguido de un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, USA. Posteriormente, amplió sus estudios en integración energética regional en la Republica de Alemania.
Actualmente, se desempeña como profesor asistente en el South China Sea Institute (SCSI) de la Universidad de Xiamen, en la República Popular China. Anteriormente, fue becario postdoctoral de Política Exterior Rajawali en el Centro Ash.
La investigación de Ferrara se ha centrado en el paradigma legal chino y su influencia en el sistema del Estado de Derecho del Derecho Internacional Público.
Entre sus declaraciones con respecto a la República Popular China, en la ocasión Ferrara manifestó que “en Argentina, la situación es complejo y la respuesta será regional en toda América Latina. Estamos en el triángulo del litio con Bolivia, Argentina y Chile (en Chile no entrarán porque es más afín a Gran Bretaña). Argentina firmó con Alemania porque tenemos una fuerte relación; antes Macri durmió los proyectos chinos, pero gracias al ex Canciller de Kirchner, tenemos dos proyectos de centrales nucleares”.
“China necesita esas central nucleares para probar su tecnología comercial nuclear. Si demuestran eso, pueden salir al mercado, es un sentido comercial y de manifestación de potencia, un valor simbólico”, sentenció.
El ya designado representante del Consejo Federal Pesquero, también en la ocasión había sostenido: “Uno de los errores que han cometido es lanzar una guerra judicial. Quieren reformar las cortes para buscar impunidad. Una vez que la Corte acepte la demanda, se transformará en una demanda política. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) no define un ecosistema, pero las obligaciones de protección están abiertas, porque los creadores de la Convención sabían que la ciencia avanza y que se tiene más información sobre las especies; son acciones programáticas y son susceptibles a interpretación. Hemos apuntado al principio precautorio, primero proteger y luego corroborar científicamente”, describió el letrado.
A su vez, Ferrara fue árbitro de la Comisión de Derechos del Mar, pero no por la República Argentina, sino por Madagascar “por mérito propio” como sostuvo el propio jurista. “Tengo los conocimientos y el sustento técnico, científico y legal para plantear este recurso”, dijo en su momento cuando se visibilizó su juicio contra el Estado Nacional.
Aclaración
En el país donde sobran hipócritas y faltan audaces redactores, mucho por estos días se critica el nombramiento de familiares y/o allegados a funcionarios, aunque es bueno destacar para nuestro público lector que lo más importante es si cumple con los requisitos de la Constitución Nacional Art.16. Si es IDÓNEO es suficiente, no interesa de quien es hijo, familiar o vecino, porque daría la impresión que quienes critican por cercanía familiar, parece olvidaron en su editorial que por ejemplo:
- Jujuy: en el caso de la provincia gobernada por Gerardo Morales desde diciembre del 2015, se detectó 38 parientes entre los tres funcionarios observados; gobernador, vice e intendente de San Salvador de Jujuy. Solo el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) tiene 25 en total. Al menos diez son funcionarios del Poder Ejecutivo, mientras que el resto se reparte entre el Poder Judicial, la Legislatura local y el Congreso de la Nación.
- Formosa: se detectaron 15 casos: 13 familiares del gobernador, Gildo Insfrán, quien ya lleva 27 años al frente de la gobernación. Tantos años lleva en el poder que los parientes ya empezaron a jubilarse. Su hermano Carlos Hugo Insfrán fue diputado provincial cuatro veces; su hija Sofía es secretaria legislativa en la Legislatura provincial; su otra hija, Yanina Insfrán, es diputada provincial; su yerno Rodolfo Martínez trabaja en el Ministerio de Economía, entre otros. La Provincia no respondió a ningún pedido de acceso a la información sobre los parientes de Insfrán (destaca el informe de La Nación), del vicegobernador, Eber Solís, o del intendente Jorge Jofré.
- La Rioja: se detectaron 10 parientes en el Estado, de los cuales ocho están vinculados al gobernador peronista Ricardo Quintela. Por empezar, sus hijos Jerónimo Quintela, presidente de la empresa provincial distribuidora de Energía (Edelar) y Guadalupe Quintela, directora de Comunicación de Mejor Riojanas, empresa estatal. También Alfredo Pedrali, su excuñado (secretario provincial de Energía) y sus sobrinos Gonzalo Becerra (subsecretario de Empleo y concejal electo), Marcelo Becerra (vicepresidente del Banco de La Rioja). El caso de su sobrina Karina Quintela desató un fuerte escándalo cuando fue nombrada vocal del Tribunal Superior de Justicia.
- Santa Cruz: En total son nueve parientes en cargos públicos, de los cuales seis son familiares de los Kirchner. El Gobierno de Santa Cruz declinó a brindar la información solicitada por considerar que se trataban de datos protegidos por la ley 25.326 de Datos Personales -algo muy habitual incluso en la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación- cuando existen datos comprometedores, adujeron siempre la Ley 25.326. Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner, fue nombrada en la fiscalía de Estado como “procurador letrado ad honórem” por decreto provincial N°0045 en diciembre de 2015. La otra hija de la gobernadora, Natalia Mercado, fue nombrada en el Poder Judicial de la provincia y desde 2005 se encuentra al frente de la fiscalía de Instrucción de El Calafate, donde le tocó atender casos sensibles al poder, como la causa de la compra de tierras a valores fiscales por parte de sus tíos, Cristina y Néstor Kirchner, y de funcionarios del gobierno nacional y provincial de ese entonces.
- San Luis: más allá de las divisiones de los últimos tiempos, desde 1983 gobierna el mismo proyecto político y familiar: el de los Rodríguez Saá. Ruido detectó seis parientes en el Estado del actual gobernador Alberto Rodríguez Saá: cuatro de ellos en el gobierno provincial y dos con cargos electivos. Más allá de las desavenencias actuales entre los hermanos Alberto (que gobernó cuatro períodos) y Adolfo Rodríguez Saá (cinco períodos), no existe ninguna legislación que prohíba el nepotismo, a pesar de algunos intentos de la oposición de poner el tema en agenda.
Por contar algunos casos de los más resonantes, como el de la familia Cafiero, donde tres generaciones han vivido del Estado.
Había que decirlo, y se dijo.
