Treinta organizaciones de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay participaron en Buenos Aires de la Plenaria 2026 del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia, un encuentro que tuvo como objetivo comenzar a definir una agenda regional de trabajo para la próxima década.
Durante cuatro jornadas, representantes de distintas instituciones analizaron los desafíos que enfrentan el Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental y plantearon la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación regional para abordar cuestiones que exceden las jurisdicciones nacionales.
El Foro reúne a organizaciones de la sociedad civil. La Plenaria permitió comenzar a delinear una visión compartida hacia 2036, cuya traducción en programas, recursos y mecanismos de ejecución constituye la siguiente etapa del trabajo.
La discusión adquiere particular relevancia frente a la creciente utilización de los espacios marítimos y la necesidad de compatibilizar actividades productivas, navegación, conservación, generación de energía y otros usos emergentes.
Carolina Contato, coordinadora de NEMA de Brasil, señaló precisamente que ese país atraviesa “un momento de transformación y reordenamiento de sus espacios marinos”, producto de una mayor diversidad e intensidad de actividades.
Según explicó, ese escenario obliga a adoptar decisiones de planificación capaces de compatibilizar “la pesca, la navegación, la conservación de la biodiversidad, la energía y otros usos emergentes”, evitando que la expansión de diferentes actividades derive en conflictos por el uso del espacio marítimo.
La relación con el sector pesquero también aparece en las líneas de trabajo que el Foro ya desarrolla: la prevención de la contaminación por plásticos procedentes de operaciones pesqueras y el análisis de los impactos de la actividad hidrocarburífera offshore sobre la biodiversidad y otras actividades humanas. Estos antecedentes aportan contenido productivo a la discusión sobre cómo administrar espacios donde coinciden distintos usos e intereses.
Uno de los conceptos centrales surgidos del encuentro fue que la gestión de los ecosistemas marinos requiere mecanismos de cooperación regional, particularmente por la movilidad de numerosas especies y por procesos oceanográficos que atraviesan las fronteras nacionales.
Andrea Michelson, coordinadora regional del Foro, sostuvo que después de más de dos décadas de trabajo conjunto quedó demostrado que ningún país puede generar por sí mismo toda la información científica, los sistemas de monitoreo y las capacidades necesarias para administrar ecosistemas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros.
En ese sentido, destacó la necesidad de vincular ciencia, gestión, comunidades, políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar respuestas con continuidad en el tiempo.
Desde Uruguay, Alejandro Fallabrino, director de Karumbé, ejemplificó esta necesidad a partir de las especies migratorias.
El país se encuentra implementando su Plan Estratégico del Sistema de Áreas Protegidas con horizonte en 2035, pero especies como tortugas, albatros y tiburones se desplazan también por aguas de Argentina, Brasil y Chile. Por esa razón, sostuvo que las medidas de conservación deben pensarse a la escala en la que se mueven las especies y no exclusivamente dentro de los límites nacionales.
Otro de los ejes estuvo relacionado con la efectividad de las áreas marinas protegidas. El planteo apuntó a asegurar que la superficie bajo protección cuente con herramientas de gestión capaces de sostener los objetivos de conservación.
Daniela Castro, coordinadora del Nodo Chile del Foro, explicó que su país dispone de un sistema consolidado de áreas marinas protegidas, pero remarcó que ahora resulta necesario asegurar que cada una cuente con planes de manejo activos, financiamiento y participación de las comunidades locales.
El planteo forma parte de una discusión más amplia que atravesó la Plenaria: pasar de la declaración formal de espacios protegidos hacia mecanismos que permitan evaluar su funcionamiento y sostener su administración en el tiempo.
En materia de participación, el Foro publicó en 2025 un documento sobre la aplicación del Acuerdo de Escazú en las áreas costeras y marinas protegidas de Argentina. El trabajo identifica la necesidad de disponer de información ambiental abierta y reutilizable, sostener procesos participativos informados y fortalecer las capacidades institucionales. Es un antecedente concreto para precisar cómo pueden intervenir las comunidades y los actores vinculados al territorio en las decisiones de gestión.
La agenda regional también incorpora la implementación del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ, que entró en vigor el 17 de enero de 2026. Esa fecha sitúa el debate regional dentro de una etapa de puesta en funcionamiento del instrumento internacional.
Desde el Foro consideran que su implementación abre una nueva etapa para la administración de los espacios oceánicos y representa una oportunidad para fortalecer la participación sudamericana en las discusiones internacionales vinculadas con la conservación y utilización sostenible de la alta mar.
En ese contexto también fue destacada la candidatura de Valparaíso, Chile, para albergar la Secretaría del acuerdo, por el lugar que podría otorgarle a América del Sur dentro de la futura estructura internacional.
La Plenaria 2026 se desarrolló en Fundación Temaikèn. El horizonte de trabajo quedó situado en 2036, con énfasis en compartir información y capacidades para mejorar la conservación regional. Su aplicación deberá traducirse en planes de manejo activos, financiamiento y seguimiento de resultados, herramientas que permitan conocer cómo funcionan las áreas protegidas y sostener su administración.
