El Gobierno argentino puso en marcha la nueva edición del denominado PIE (Programa de Incremento Exportador), con un tipo de cambio diferencial y en forma temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales (donde se incluirá al sector pesquero), lo que especulan podría generar una liquidación de divisas de cerca de 9.000 millones de dólares totales.
La medida publicada este lunes es un DNU que lleva el número 194/2023, donde queda oficializado que se restableció el citado Programa de manera «extraordinaria y transitoria«, para aquellos sujetos, grupos empresarios o empresas que hayan exportado soja y sus derivados en algún momento de los 18 meses inmediatos anteriores a la entrada en vigencia de esta medida, sin aclarar en forma implícita sobre productos pesqueros.
La medida indica la inclusión, dentro de las economías regionales, de “animales y productos del reino animal”, donde no se manifiesta tampoco que tipo de ganado estaría incluido en el beneficio –en lo que se refiere al sector del campo- como así tampoco no especifica sobre productos de la pesca o algún derivado de ésta, o todos.
A través del DNU se evidencian dos objetivos: por un lado la acumulación de reservas en las arcas del Banco Central (una necesidad financiera de las arcas estatales para cumplir metas con el FMI) y la ayuda para el sector productivo afectado por la sequía, apostando a que los agroexportadores de soja liquiden 6.000 millones de dólares desde ayer al próximo 31 de mayo, que es la fecha en la que vence el tipo de cambio diferencial para las exportaciones de esta cadena.
De acuerdo a las explicaciones del Ministro Sergio Tomás Massa en la presentación realizada hace pocas horas, esta nueva edición del programa tiene como condición sine qua non para acceder a los beneficios que las compañías “participen del programa de precios, mantengan los empleos y garanticen volumen y abastecimiento de los productos que se comprometen en el programa de precios”.
En su explicación, Massa destacó que “queremos que esa ganancia mayor y esa recuperación de competitividad se vea reflejada en los precios de mercado interno. De no cumplir con estas condiciones, las empresas ‘serán dadas de baja’ y no podrán acceder al tipo de cambio diferencial. Pretendemos que se suspendan ejecuciones fiscales y bancarias, como así también las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado”, remarcó.
Destacó además que “el objetivo es que esos 69.000 productores, afectados por la peor sequía de la historia, sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita el acceso al mercado de crédito para encarar una mejor etapa a partir de mayo, con las llegadas de las lluvias”, pero no hizo tampoco mención a una de las más importantes industrias argentinas como lo es la pesquera, sin escucharse ningún tipo de reclamo o al menos de pedido de aclaraciones.
La medida que viene de alguna manera a alivianar cuestiones económicas que están padeciendo muchas empresas, ya tuvo su coletazo en la pesca.
Por una parte algunos gremios lo toman como una solución para las empresas y que de ese modo, por carácter transitivo, podrían llegar sustanciales mejoras salariales.
Por otro lado, hay un sector que se encuentra a mitad de camino y es lo que ocurre con la flota costera y fresquera, no son formadores de precios y se ajustan a los precios que generalmente determina el sector exportador.
Al conocerse la noticia de estas nuevas medidas, inmediatamente se recibieron pedidos de ajustes en lo que perciben los tripulantes que trabajan en el fresco, situación que de acuerdo a lo que se vislumbra no podrían atender, ya que la variable de precios no es manejada por ese sector, ergo, se plantea una nueva encrucijada que será materia de más trabajo fuera del muelle y más abocada a los escritorios. Por el momento, este decreto, del que se espera una resolución o disposición de Aduana para conocer detalles operativos, tiene algunos vericuetos pocos claros, pues parece mas un anticipo a futuras devaluaciones que precisamente un diferencial con el Tipo de Cambio Nominal del BNA; por el que se licua en la medida que la devaluación mensual se acentúa.
Hoy, y hasta en tanto no se conozca “la letra chica” parece más un problema al sector, que una solución. Ya los reclamos del sector gremial se hacen sentir mientras que la decisión de este tipo de diferencia con el TC del BNA, es temporal, extraordinaria y no obligatoria para las empresas, por cuanto solamente son beneficiarios quienes tienen en cámaras de frío stock suficiente para liquidar que pueda ser transferido a alguna casa central en Europa, por cuanto la demanda del volumen que se pretende exportar, hoy, no está, pero se aprovecharía un cambio diferencial que hacia fines de agosto, seguramente, y en el mejor de los casos, tenderá a cero. No obstante, en plena negociación paritaria con los gremios, acumuló mayores exigencias, que le suman a otras, donde el sector no puede absorber ni resolver, como es el caso del impuesto a las ganancias.
Asimismo, tampoco se dio a luz el impacto sobre la base monetaria, habida cuenta que para saldar ese monto en divisas, el BCRA deberá emitir cerca de un billón de pesos, lo que garantiza un incremento a la base monetaria que impactará a futuro en mayor caída del poder adquisitivo, es decir en inflación.
