El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió los puertos de Puerto Deseado y Caleta Olivia y las instalaciones de la empresa Vepez S.A., acompañado por una comitiva de empresarios asiáticos que evalúan la posibilidad de realizar inversiones en la provincia.
Durante su recorrida, el mandatario destacó el trabajo realizado por su equipo de gestión para garantizar la paz social en el sector y aseguró que, por primera vez en muchos años, existen interesados serios en invertir en la industria pesquera. “Es importante este cambio, hay un nuevo ánimo, todos tienen ganas de producir y de trabajar. Estos empresarios que están recorriendo la provincia forman parte de una gestión que realizamos con China. Piensan en proyectos de energía renovable, lo que también implica la generación de empleo”, expresó Vidal.
Asimismo, el gobernador hizo referencia a la falta de concreción de acuerdos anteriores con China debido a certificaciones gestionadas por empresarios ligados a la política que no se materializaron. «Por primera vez en mucho tiempo, la Nación le hizo una oferta concreta a China y ellos están evaluando. En los próximos días definirán si continúan o no con la obra«, agregó.
Sin embargo, la visita no estuvo exenta de críticas. Los trabajadores expresaron su descontento, señalando que la recorrida del gobernador con la delegación asiática fue un «tour» para mostrar una versión distorsionada de la situación portuaria en Santa Cruz. Según manifestaron, el objetivo fue presentar un montaje sobre los denominados «puertos seguros» de la provincia y promocionar la planta de Vepez, actualmente en alquiler.
En ese sentido, señalaron que el gobernador ya habría intervenido en la recuperación de la ex planta de Barillari, favoreciendo a nuevas cooperativas alineadas con su gestión, lo que según denuncian, podría derivar en condiciones de explotación laboral similares a las que enfrentan los estibadores portuarios de Caleta Olivia.
Durante la visita del gobernador a Caleta Olivia, trabajadores de la ex planta Barillari exigieron el cambio de cooperativa. Si bien se garantizó la continuidad laboral para todos los empleados, un sector manifestó su descontento con la cooperativa actual y solicitó al gobierno provincial modificaciones en su estructura de trabajo.
La situación de la ex Barillari ha sido conflictiva en los últimos meses. Mientras que la pesca en Puerto Deseado logró estabilidad con paz social y crecimiento, en Caleta Olivia la planta sigue enfrentando dificultades a pesar de estar operativa. Si bien la producción se mantiene, algunos trabajadores no están conformes con los cambios implementados.
“ Las cooperativas anteriores estuvieron envueltas en diversas irregularidades, incluyendo el incumplimiento del pago de impuestos municipales y servicios, así como la recepción de materia prima sin la documentación conforme a reglamentación ”, según adelantaron a este medio algunos trabajadores del sector procesador. Ante esta situación, el gobierno decidió intervenir para asegurar la estabilidad laboral y garantizar el funcionamiento adecuado de la planta en la ciudad.
Lo que se evidencia con contundencia en las imágenes, trasciende el mero descontento y expone, con crudeza, la laxitud y el sesgo del organismo de control sanitario, en particular el SENASA, cuya función debiera ser garantizar estándares sanitarios estrictos e inapelables en el ingreso a planta de personal externo y visitas sin atuendos correspondientes. Sin embargo, lo que debería constituir un acceso rigurosamente restringido, dadas las implicancias de la manipulación de materia prima destinada al consumo humano —tanto en el mercado local como en la exportación—, se desdibuja en una puesta en escena donde la normativa es un recurso maleable y la fiscalización, una cuestión de conveniencia. La ausencia de requisitos básicos como guantes, barbijo, delantal, cofia y cubre zapatos no es una anécdota menor, sino la prueba irrefutable de la discrecionalidad con la que se administra el control sanitario en Argentina, dejando en evidencia que las restricciones y la aplicación de la Ley no responden a principios inquebrantables de seguridad alimentaria, sino a una lógica de arbitrariedad y simulacro, donde la fiscalización y control sanitario es de aplicación orientativa según criterio. En fin.
