El Gobierno de la provincia de Santa Cruz llevó a cabo un controvertido desalojo en la planta pesquera ex Barillari S.A. el miércoles 30 de enero, » una acción que generó profunda preocupación e indignación entre los trabajadores. La medida, ejecutada con respaldo de fuerzas de seguridad, carecía de una orden judicial firmada por un magistrado competente, lo que suscita serias dudas sobre la legalidad del procedimiento «, adelantaron a esta redacción fuentes en el lugar de los eventos.
El operativo se desarrolló con una fuerte presencia policial y de funcionarios del área de pesca, quienes instaron a los trabajadores a desalojar el establecimiento. De acuerdo con fuentes cercanas, la orden provenía de una disposición administrativa del gobierno provincial, sin el aval de una resolución judicial que estableciera los fundamentos de la medida, los plazos de desocupación o la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de resistencia.
En situaciones de disputa contractual con el Estado, corresponde al Poder Judicial determinar si hubo incumplimientos, si se dictó un acto administrativo de rescisión y si las partes afectadas fueron debidamente notificadas con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. En este caso, los trabajadores y cooperativistas que operaban en la planta debieron haber recibido una notificación previa que les permitiera interponer recursos legales en caso de discrepancias y/u ocupación clandestina.
El contexto judicial añade un elemento de incertidumbre, ya que los tribunales se encontraban en feria. Sin embargo, este receso no impide la presentación de acciones urgentes, como amparos o medidas cautelares, para evitar desalojos irregulares, en caso de serlo. La ausencia de una orden judicial podría derivar en denuncias por ilegalidad y solicitudes de intervención inmediata por parte de la justicia.
Si se comprueba que el desalojo se llevó a cabo sin garantizar el derecho de defensa de los trabajadores, podría interponerse un recurso de amparo invocando la vulneración de garantías constitucionales, particularmente lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución Nacional. Además, la falta de una orden judicial podría configurar un grave abuso de autoridad por parte de las autoridades provinciales.
El accionar del Ejecutivo de Santa Cruz suscita interrogantes sobre el respeto a los derechos de los trabajadores y pone de relieve la necesidad de garantizar procedimientos legales claros y transparentes en este tipo de conflictos.
Continuaron las tensiones
A raíz de un caldo de cultivo adverso, un nuevo conflicto laboral ha estallado en la ex Barillari, donde trabajadores organizados en cooperativas denuncian presiones para aceptar condiciones que la empresa VEPEZ no estaría dispuesta a cumplir. Parece de nunca finalizar, se suman los problemas en un esquema que desde hace tiempo comenzó a hacer agua. Una situación apremiante desde lo rentable, busca reordenar el circuito operativo para encontrar mayor eficiencia que permita capear la delicada situación. La realidad es que el personal no responde a cambios y los conflictos se suman.
Según acusaciones, « el gobierno de Claudio Vidal habría utilizado la fuerza pública para instar a los trabajadores a aceptar un acuerdo que posteriormente la parte empleadora de VEPEZ, no respetó «, adelantaron en un marco poco transparente y carente de certezas.
El eje del conflicto radica en la utilización de cooperativas para encubrir relaciones de dependencia, lo que podría constituir un fraude a la legislación laboral. La Ley 25.877 establece que estas entidades no pueden operar como empresas de provisión de servicios eventuales ni de temporada, garantizando el derecho a un empleo registrado con plenos derechos laborales.
Desde el sector sindical y los propios trabajadores señalan que esta situación refleja un problema estructural en la industria pesquera de la provincia. Sostienen que el rol del Estado en este conflicto ha sido el de facilitar de condiciones laborales precarias, en lugar de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes.
La problemática genera inquietud en el sector, ya que podría sentar un precedente respecto al uso de cooperativas en el ámbito pesquero, nada nuevo en torno a una modalidad de trabajo que esconde la necesidad de evitar cargas patronales, impuestos, relación de dependencia generando precariedad laboral.
