La Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (A.G.O.M.U.) denunció la falta de respuesta del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz ante dos solicitudes presentadas en distintas fechas, sin obtener contestación alguna. Una de ellas solicitaba información sobre el BP Liliana (Matrícula 0206F), mientras que la otra requería una inspección general de la seguridad en la Flota Amarilla, la cual hasta el momento no se ha llevado a cabo.
Ambas solicitudes, enviadas el 9 de abril de 2024 y el 14 de marzo de 2025, estaban orientadas a garantizar la seguridad de los tripulantes a bordo. En ellas se hizo hincapié en la importancia de fiscalizar el estado de las embarcaciones, la necesidad de implementar una balanza a pie de muelle para transparentar los convenios laborales y la urgencia de adoptar medidas preventivas.
La falta de respuesta por parte del Ministerio cobra mayor gravedad ante recientes incidentes en la provincia, como el encallamiento de los buques Argenova IV y Xin Shi Ji 30 en el ingreso al canal de la Ría de Puerto Deseado, y el naufragio del BP Carlillo en las costas de Rawson. En particular, la evacuación del Xin Shi Ji 30 puso en evidencia serias falencias en la seguridad a bordo. Según registros en video tomados por los propios tripulantes, la tripulación evacuó con salvavidas pero sin los trajes de inmersión reglamentarios. Lo mismo ocurrió con los marineros del BP Carlillo, quienes debieron lanzarse al agua sin esta protección fundamental.
Estos hechos exponen la falta de controles efectivos y el incumplimiento de la normativa vigente, como la Ordenanza Marítima Nro.2-986 y el Artículo 204.0203 del REGINAVE, que establecen la obligatoriedad del uso de trajes de inmersión en buques pesqueros que operen a más de tres millas náuticas de la costa, desde donde se desprende » ¿quién controla a los barcos y sus descargas en algunos puertos de Santa Cruz? «.
Según A.G.O.M.U., hasta la fecha no se ha ejercido ninguna fiscalización sobre estos aspectos. Además, señalaron que la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, responsable del BP Liliana, tampoco ha garantizado las condiciones de seguridad a bordo.
La organización sindical también denunció la ausencia de una cámara empresarial representativa de la Flota Amarilla, lo que ha llevado a que los trabajadores se vean sometidos a acuerdos improvisados mediante actas de convenio y pagos discrecionales. Aseguran que » gran parte de los salarios van por fuera de lo establecido en el marco de la Ley laboral, lo que perjudica los aportes jubilatorios de los marineros «. Como consecuencia, los pocos que lograron jubilarse reciben una pensión mínima debido a la falta de regulación gremial y estatal.
Asimismo, A.G.O.M.U. denunció ante el Consejo Federal Pesquero que la empresa Santa Cruz Puede S.A.U. no cumple con el pesaje a pie de muelle y está violando normativas mediante el uso indebido de cajones de langostino para almacenar merluza, además de no contar con balanzas al momento de la descarga. Textualmente la entidad gremial denuncia que «de acuerdo con la Resolución N° 9/2022, Artículo 8°, los buques fresqueros que capturen langostino (Pleoticus muelleri) deben utilizar cajones con capacidad de hasta 17 kilogramos, cuyas dimensiones deben ser 655 mm de profundidad, 440 mm de ancho y 175 mm de alto. En cambio, para la captura de merluza, los cajones convencionales deben tener una altura de 210 mm.
El uso indebido de estos cajones no solo representa un mal manejo de la pesca, sino que también genera un pesaje fraudulento que perjudica la cuenta del marinero. Se ha constatado que tres cajones de langostino están siendo utilizados como equivalentes a dos de merluza, con el agravante de que vienen sobrecargados, como se puede apreciar en el video adjunto. Mientras que los cajones para langostino están limitados a 17 kg, al llenarlos con merluza y sobrecargarlos, el peso final es mucho mayor.
Este sistema fraudulento no es casual y también se ha detectado en el Buque Pesquero El Santos. Caleta Paula es el único puerto sin control de pesaje en los caladeros provinciales, lo que genera incertidumbre sobre cómo el Consejo Federal Pesquero calcula la cantidad de merluza capturada en la provincia. Actualmente, el único registro se basa en partes de pesca estimativos, donde el capitán reporta la cantidad de cajones y un peso aproximado de 30 kg por cajón.
En nuestra flota, los “marineros de balanza” parecen haber establecido que todos los cajones pesan mágicamente 30 kg, lo que convierte el control en un verdadero chiste «.
Ante esta situación, A.G.O.M.U. exige respuestas inmediatas del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y a las autoridades competentes. «La seguridad de los trabajadores del mar no puede seguir dependiendo de la desidia y la falta de controles «, manifestaron desde la organización gremial, que insisten que » en algunos puertos de la provincia no existen las entidades de control, coordinación y fiscalización a la hora de la descarga, puesto que ni siquiera hay balanzas para pesar lo descargado, y todo se rige por la declaracion del parte de pesca del capitán «. También cuestionaron la ausencia del UNEPOSC (Unidad de Evaluación de la Pesca y la Seguridad en el Ámbito Portuario) en la fiscalización de estas irregularidades.
La falta de fiscalización en la flota pesquera sigue poniendo en riesgo la vida de los trabajadores. Desde el sector marítimo gremial reiteran el llamado a las autoridades para que implementen controles efectivos y se cumplan las normativas vigentes, garantizando condiciones de seguridad dignas en la actividad pesquera de la provincia, hoy distante de la reglamentación vigente.
PESCARE, en comunicación con el referente de A.G.O.M.U., Ricardo Cardozo, nos decía que » la fragilidad normativa y la permisividad en la aplicación de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 y las resoluciones del Consejo Federal Pesquero configuran una amenaza inaceptable para la sostenibilidad de los recursos pesqueros del mar argentino. El Golfo San Jorge, por su carácter de zona de máxima protección y control, constituye el eslabón primario de una cadena trófica cuya alteración tendría consecuencias irreversibles sobre la actividad pesquera nacional. La merluza y el langostino, especies transzonales de alto valor económico y estratégico, no pueden quedar sujetas a la laxitud normativa que hoy parece imperar en Santa Cruz, donde el marco legal se percibe más como una referencia opcional que como un instrumento de regulación efectiva. Si la preservación de los recursos vivos no se establece como un principio inquebrantable, la explotación irracional acabará por socavar no solo la economía regional, sino también las exportaciones nacionales y la viabilidad misma del sector. La pesca no puede ser un negocio regido por la discrecionalidad política ni por la conveniencia sectorial, sino por la aplicación rigurosa de normativas que garanticen el equilibrio entre producción y conservación «.
