El sector pesquero europeo, particularmente en España, enfrenta una crisis acentuada por las imposiciones normativas de la Unión Europea, que amenazan su viabilidad económica y social. El reciente anuncio del Gobierno español sobre la obligatoriedad del cambio de copos para toda la flota arrastrera del Mediterráneo refleja un nuevo episodio de intervenciones legislativas que, lejos de promover el desarrollo del sector, imponen restricciones desproporcionadas y costos adicionales.
Medidas Impuestas y su Repercusión Directa
A partir de este año, más de 500 buques de pesca de fondo deberán adaptar sus redes, con una malla más clara (grande) para la pesca costera y algo mas, para la pesca mixta. Aunque el Gobierno solventará los costos hasta un límite de 1.000 euros por embarcación, esta intervención normativa genera incertidumbre y refuerza la percepción de un exceso regulatorio que ahoga al sector, además 1000 euros es solamente un gesto,porque los armadores dijeron que enfrentan costos hasta 12 veces superiores. Sumado a esto, el panorama parece mucho más complejo, los pescadores tendrán que cumplir con un total de 52 días de veda anual, lo que reduce aún más su capacidad operativa y sus ingresos.
Toda la flota arrastrera, compuesta por 343 embarcaciones dedicadas a la pesca costera y 246 que operan bajo la modalidad mixta en aguas más profundas, deberá realizar un cambio obligatorio en los copos de sus redes. En el caso de la pesca costera, las redes deberán ajustarse a una malla de 45 mm, mientras que para la pesca mixta, la malla deberá ser de 50 mm. Como contraprestación, los buques mantendrán el mismo número de días de pesca establecidos para el año 2024 cuando semanas atrás, se habían impulsado la idea de reducir los días de pesca de manera sustancial poniendo en peligro la sustentabilidad económica y la viabilidad del equilibrio productivo de las empresas armadoras con impacto en el desarrollo de las comunidades costeras.
La regulación europea actual, que prioriza la protección del stock más vulnerable como criterio único para establecer cuotas de pesca, ha sido criticada por su falta de visión integral. Esta perspectiva limitada, ejemplificada en el caso de la merluza, ignora el estado general de los ecosistemas y obliga a las flotas a adaptarse a restricciones arbitrarias que desequilibran su actividad económica.
En el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, España propondrá modificaciones urgentes, incluyendo:
- Limitar al 20 % las variaciones anuales en las posibilidades de pesca para evitar reducciones drásticas.
- Establecer cuotas multianuales para garantizar estabilidad a largo plazo.
- Permitir transferencias de hasta el 10 % de las posibilidades de pesca entre años consecutivos.
- Reformular las decisiones con base en el conjunto de los stocks pesqueros y no en uno aislado.
Las imposiciones legislativas no solo afectan a la actividad pesquera directa, sino que también amenazan la supervivencia de comunidades enteras dependientes de este sector. Puertos pesqueros, lonjas y actividades relacionadas enfrentan un declive acelerado, erosionando la economía local y comprometiendo tradiciones arraigadas en el Mediterráneo.
El panorama actual pone de manifiesto la desconexión entre las políticas de Bruselas y la realidad del sector pesquero. Las normativas, lejos de garantizar sostenibilidad y equilibrio, generan desigualdad y desincentivan la actividad pesquera. Como expresó el ministro Luis Planas: “No hay Mediterráneo sin pescadores ”.
Todo parece ser musica para los oidos de las comunidades pesqueras, pero las implicancias de cada intervención estatal sobre la actividad es una nueva cruz que goza en su haber el sistema. Comunidades artesanales han desaparecido, después flotas de mayor eslora y ahora, hasta la flota de mayor porte ven desplazadas sus actividades por la presencia del proteccionismo de burócratas legislativos de la Unión Europea.
La política comunitaria debe priorizar una gestión inclusiva, basada en datos científicos integrales y que permita el desarrollo sostenible del sector pesquero, preservando tanto los recursos marinos como el tejido socioeconómico que lo sostiene. De lo contrario, la pesca en Europa corre el riesgo de convertirse en una actividad residual, empujada al borde de la desaparición por una legislación excesiva y desconectada de la realidad, lo que engrosa el desequilibrio futuro de los caladeros, como el caso de FAO41, donde cada vez son mas los buques que operan bajo bandera de España; encontrando este lugar como único receptor de la actividad y de sus flota mayor, gestándose así una competencia desleal con las capturas de buques de bandera argentina que comparten las mismas especies y los mismos alicaídos mercados internacionales de consumo.
