En un nuevo reclamo por transparencia en el sector pesquero, referentes gremiales del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA) enviaron una solicitud formal al jefe del Distrito Pesca de Mar del Plata, Miguel Ángel Vega, para acceder a la información de capturas de un buque pesquero de la flota de altura local.
En el escrito, fechado el 14 de febrero de 2025, Oscar Bravo, secretario de la seccional Mar del Plata del SOMU, y Daniel Flores, secretario de la seccional Mar del Plata del SICONARA, solicitaron la entrega de una copia certificada del acta de descarga y del parte de pesca correspondiente a la captura realizada en la misma fecha.
Los gremialistas argumentan su pedido en tres puntos clave:
- Interés legítimo: La información es determinante para garantizar la transparencia en el cálculo de los haberes de los trabajadores marítimos, cuyos ingresos dependen directamente de las capturas.
- Naturaleza pública de los recursos pesqueros: Los gremios sostienen que los recursos pesqueros son patrimonio nacional y, por lo tanto, su explotación y registros no pueden ser considerados confidenciales.
- Transparencia y control ciudadano: Acceder a estos datos permitirá a los sindicatos y a la ciudadanía en general ejercer un control sobre la gestión de los recursos pesqueros, evitando posibles irregularidades y garantizando la sustentabilidad de la actividad.
Los representantes sindicales esperan una pronta respuesta a su solicitud, destacando la importancia de contar con esta información para defender los derechos laborales de los trabajadores embarcados. Hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial por parte del Distrito Pesca de Mar del Plata sobre el pedido presentado.
De manera extraoficial, trascendió que “ esta iniciativa deviene como consecuencia de los recientes acontecimientos suscitados a lo largo de la semana, en la cual un conglomerado de empresas, estrechamente vinculadas con una iniciativa sureña de empresas mayores, habría promovido y ejecutado un plan orientado a la reducción de haberes en el ámbito del sector tangonero del orden del 30%. Tal accionar, impulsado por destacadas corporaciones del rubro, habría desembarcado en un grupo minúsculo de la actividad marplatense, para sistemáticamente llevar adelante esa propuesta suscitando un profundo malestar entre los principales gremios, y generando un clima de tensión e incertidumbre para todo el sector. Son los primeros indicios de un movimiento que podría llevarse adelante apenas terminada la zafra de langostino en Chubut y dejando claramente en desventaja la flota marplatense en vistas a la nueva temporada de pesca de langostino en aguas nacionales ”, confió una alta fuente gremial a este medio.
La persistencia de estos diferendos, cuya resolución resultaría sumamente sencilla bajo un enfoque técnico adecuado, se debe a una obsoleta sobreactuación regulatoria heredada de la administración anterior. Este problema se manifiesta cada año con el cierre de la zafra dentro de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM) en aguas nacionales, momento en el cual entra en vigor una disposición de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera que extiende la restricción a todo el Mar Argentino. Como resultado, la flota pesquera se ve limitada exclusivamente a la captura incidental de langostino en un máximo del 20% dentro de la pesca objetivo de merluza, generando un esquema operativo que, lejos de preservar los recursos, conduce a un callejón sin salida.
Cada temporada se repite el mismo dramático escenario: en el norte y fuera de la ZVPJM aparece langostino de excelente calidad y tamaño comercial, cuya captura efectiva se ve restringida por límites normativos que entran en conflicto con la realidad biológica y operativa. En consecuencia, los buques intervinientes quedan atrapados en un dilema operativo sin solución viable mas que la recaudativa. Si la captura incidental supera el umbral permitido del 20%, la tripulación se enfrenta a una infracción ineludible: tanto la retención a bordo con fines de descarga como la devolución al mar del excedente son conductas sancionables. Esto deja en evidencia que la normativa vigente no solo es disfuncional, sino que también genera un marco propicio para conflictos en el muelle, alimentando una estructura burocrática que prioriza prácticas recaudatorias en detrimento de una gestión eficiente del recurso impulsada oportunamente para que la flota pesquera de Mar del Plata sea condicionada y demorada su apertura cuyo fin estratégico-comercial, fuere impulsado desde el complejo langostinero chubutense y siendo bien recibido por la administración anterior.
Desde una perspectiva científica, la imposición de estos límites resulta aún más cuestionable. Según los informes del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), la biomasa del langostino se encuentra en excelente estado de conservación, lo que refuerza la idea de que su pesca no debería ser considerada una actividad restringida bajo argumentos de protección biológica. Dado el ciclo de vida del langostino, que no supera los dos años, su explotación dentro de parámetros sostenibles es una necesidad estratégica. En este contexto, cuando los estudios científicos brindan luz verde para su captura, la normativa debería adaptarse a criterios de sostenibilidad y eficiencia, permitiendo maximizar la explotación del recurso en su punto óptimo y evitando pérdidas innecesarias derivadas de regulaciones inflexibles y desactualizadas como enfrentamientos estériles entre actores de una misma actividad, salvo, la disputa sea por otras razones como las que se creen, en este evento direccionado de ayer.
