Uruguay, con su extenso territorio marítimo que duplica su superficie terrestre, enfrenta una crisis sin precedentes en su sector pesquero, dejando a más de 2.000 personas desempleadas y a la flota industrial paralizada por más de seis meses. Esta situación refleja una profunda desconexión con su pasado pesquero.
El marco internacional de demanda de productos elaborados y congelados ofrecidos por su industria sin demanda y con precios muy bajos, más la fuerte presión sindical y la complejidad de la presión tributaria, eclipsaron y evaporaron las rentabilidades de las empresas pesqueras. El resultado: Crisis. Es lógico, si la empresa no genera utilidad, desaparece. El modelo uruguayo bajo presión y como leading case, de lo que no se debe hacer, con el agravante que en sus aguas dentro de la Zona Común de Pesca, no hay especies de alto valor comercial, salvo la merluza, agravan una situación por demás crítica.
Como si fuese poco, la legislación laboral uruguaya privilegia con un seguro de paro, o subsidio por desempleo especial, a trabajadores en huelga.
El conflicto se agrava con acusaciones mutuas entre trabajadores y empresarios. Los primeros denuncian un «lock out patronal», alegando que las empresas han paralizado sus operaciones en espera de alivios financieros del gobierno. Por otro lado, los empresarios argumentan que las condiciones económicas actuales hacen inviable la pesca rentable, optando por mantener los barcos en puerto durante los periodos de menor actividad.
«Con este nivel de presión sindical es imposible trabajar«, dijeron desde la cámara que nuclea a los armadores, mientras el lunes, manifestaron en una nota, el listado de buques pesqueros alistados para pescar.


Oportunamente, y anticipándonos al final indeseado de este conflicto, que presagiaba un final poco venturoso, como el actual, habíamos realizado una nota, -en abril de este año-, con Carlos Abel Olivera, un armador cuya empresa, Novabarca posee 10 buques afectados a la pesca comercial, quien anticipaba este desenlace, hace algunas horas publicó en su cuenta X, «Le sacan el cuerpo. Hoy hay (números conservadores) 2,000 personas menos trabajando en la Pesca. 2,000 puestos de trabajo perdidos en 6 meses. La mayoría de esos puestos son de personas de poca calificación y contexto crítico. La indolencia de quienes deciden es brutal «, con un fuerte mensaje hacia la cúpula sindical que no es representativa de quienes desean trabajar y permanecen como rehenes dentro de un esquema que los llevó al colapso.
Esta inactividad no solo representa pérdidas económicas directas para Uruguay, sino que afecta al desarrollo de la industria naval y la industria pesquera procesadora y manufacturera, además de las familias con empleo directo e indirecto dependiente de dichos sectores.
Con apenas 54 barcos activos, de una flota que había alcanzado 130 unidades navales, de los cuales sólo 33 son de pesca costera fresquera, y un número reducido de plantas procesadoras, la industria enfrenta una subexplotación de su potencial pesquero.
El gobierno ha presentado propuestas para resolver la crisis, aunque no ha logrado un acuerdo definitivo con los empresarios. Las negociaciones se estancan en puntos como la caducidad de los permisos de pesca y las condiciones laborales, mientras persisten reclamos sobre el peso regulatorio estatal, los altos costos operativos y la fervorosa presión sindical.
El Director Nacional de Recursos Acuáticos, Álvaro Irazoqui enfatiza la urgencia de un diálogo constructivo, señalando que cualquier reestructura del sector debe priorizar los derechos de los trabajadores, quienes mayoritariamente están contratados «a la parte».

El Presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), que agrupa a tripulantes de buques pesqueros, y trabajadores de la estiba y de las plantas de procesamiento, Alexis Pintos, desafió a las empresas que no aceptan sus exigencias a retirarse del país «si no les sirve». Lo hizo en la audición semanal que ese sindicato contrata en CX 40 Radio Fénix.
«Las condiciones las ponemos nosotros..ya dijimos, si no les sirve lo que hay, a la fila y a esperar. Lo vuelvo a reiterar: acá el que firma, sale. Estamos trancando por algo que para nosotros es algo muy sencillo. Pero si para ellos (se refiere a las empresas armadoras) se les va la vida en eso, bien.. que se les vaya la vida, que se les vaya el balde, que se les vaya la cadena, y que se vayan…que se vayan«, afirmó Pintos, quien en cada ocasión frente al micrófono, intenta con sus declaraciones, apagar el incendio con nafta.
En conclusión, la resolución de la crisis pesquera en Uruguay requerirá un equilibrio delicado, entre la viabilidad económica empresarial y las condiciones laborales justas para los trabajadores. Es fundamental revitalizar la conexión histórica del país con el mar, aprovechando plenamente sus recursos para asegurar un futuro sostenible para la industria pesquera y la economía nacional, que hoy aun por las declaraciones ut supra, queda reflejado que no existen.
Posiciones enfrentadas
Trabajadores: Culpan a los empresarios de tomarlos de «rehenes» y al gobierno de «empujar siempre para el lado empresarial«. Exigen soluciones a los reclamos de fondo y medidas para paliar la situación financiera actual. Solicitan que se liberen los barcos y se negocie un nuevo convenio con mejoras salariales.
Empresarios: Dicen que no pueden sacar los barcos porque no se liberan y que la pesca necesita una transformación estructural. Proponen un nuevo convenio por dos o tres años que sea «sostenible» para el sector. Están dispuestos a negociar, pero exigen que se tomen medidas para mejorar la competitividad de la industria.
Gobierno: Ha estado trabajando en dos frentes: buscando soluciones a los reclamos de fondo del empresariado y negociando un nuevo convenio con los trabajadores; mientras confía en poder llegar a un acuerdo en las próximas semanas para que la flota pueda salir a pescar.
Situación actual: La mejor época de pesca está por comenzar, pero los barcos siguen amarrados. Los trabajadores están perdiendo ingresos y muchos no tienen seguro de desempleo. La industria pesquera está en crisis y necesita una transformación estructural.
Mientras tanto, el Consejo de Salarios se reunirá para negociar un nuevo convenio, el gobierno seguirá buscando soluciones a los problemas de fondo del sector y se espera que en las próximas semanas se llegue a un acuerdo que permita que la flota salga a pescar. Mientras tanto, los días pasan y todos los participantes saben que se ha perdido mucho más que seis meses de trabajo.
Es un marco referencial de hasta dónde cala profundo la presión de sindicatos en las actividades privadas. El mercado no da, los derechos adquiridos se potencian como las pretensiones -incluso justificadas- y un día, la Rebelión de Atlas llega, para mal de todos. Hoy, lamentos y enfrentamientos no garantizan la solución de fondo de los problemas, un escenario del que todos los argentinos comprometidos con el mismo sector debiesen tener como punto de partida para no avanzar, sobre el mismo camino. ¿El condicionante?, cuando los mercados no demandan, los costos aumentan, las presiones tributarias exprimen y las pretensiones laborales empujan; el abismo está más cerca de lo esperado. Así lo demuestra Uruguay, lamentablemente; sea un ejemplo para recomponer la historia pesquera de este vecino país y su gente, pero por sobre todo, para no incurrir en los mismos errores.