Durante la mañana de este viernes 13 de junio, se concretó en Buenos Aires una reunión clave para abordar la crisis que atraviesa el sector pesquero, con la participación del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; su par de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; el intendente de Puerto Deseado, Juan Raúl Martínez; el ministro de Trabajo de la Nación, Julio Cordero; y representantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Centro de Patrones.
Durante el encuentro, los mandatarios provinciales expusieron la gravedad de la situación social y económica que afecta a las localidades dependientes de la pesca, particularmente en el litoral patagónico. En el caso de Puerto Deseado, el intendente Martínez fue contundente: “Puerto Deseado no puede esperar más. La pesca es la vida misma de nuestra comunidad. Cada día sin actividad son familias que se quedan sin ingresos y comercios que no pueden sostenerse”.
Por su parte, el gobernador Vidal detalló que Santa Cruz ya avanzó con medidas concretas para aliviar la situación del sector, como la reducción del costo del combustible, la posible eliminación de tasas portuarias y mecanismos fiscales que favorezcan la actividad. No obstante, advirtió que la magnitud del conflicto exige respuestas urgentes desde el Gobierno Nacional.
“La falta de diálogo fluido complica cualquier intento de solución. Necesitamos medidas de contención que pongan en marcha la temporada y eviten seguir profundizando el daño social y económico en nuestras comunidades”, expresó Vidal. También propuso, al menos, una salida transitoria que permita reactivar la operatoria de la flota y las plantas procesadoras.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a través de un comunicado oficial, se informó que durante la reunión “se identificaron posibles soluciones al conflicto” y que se acordó convocar de urgencia a una nueva audiencia el próximo 17 de junio, con el objetivo de impulsar la reactivación inmediata de la actividad.
A pesar de la relevancia del encuentro, un dato no pasó desapercibido: el sector empresarial, uno de los actores centrales del conflicto, no fue convocado. Las cámaras que agrupan a las principales empresas armadoras —CAPIP, CAPeCA y CEPA— no estuvieron presentes en la reunión.
Esta omisión vuelve a dejar trunca la posibilidad de alcanzar un acuerdo integral. Sin las empresas en la mesa de negociación, cualquier avance resulta parcial y de difícil implementación.
Lo que viene
Según lo acordado este viernes, durante el próximo encuentro, las autoridades nacionales y provinciales, esta vez acompañadas por representantes de las cámaras empresarias y los sindicatos del sector, abordarían la posible implementación de exenciones fiscales, con el objetivo de que la temporada de pesca en aguas nacionales pueda comenzar con urgencia, sin que se vean afectados los ingresos de los trabajadores.
En efecto, el modelo se revela con inquietante claridad como un fenómeno de potencial conmoción social, cuyas implicancias podrían, en escenarios extremos, derivar en episodios de violencia no deseada. La actividad en cuestión transita por un sendero de rentabilidad estructuralmente negativa —según la información de cámaras empresarias—, una asimetría económica que, pese a los denodados esfuerzos por persuadir a los gremios de la marinería por contener sus efectos; el mismo se ha mostrado insoslayable e inmanejable desde su esfera de acción. Ante esta impotencia empresarial, emerge ahora la figura del Estado, que —consciente de la gravedad del momento— ha decidido asumir el desafío y comprometerse con la sustentabilidad de un esquema que, de otro modo, se precipitaría hacia la inviabilidad, dejando una luz de esperanza para las semanas posteriores a la mencionada reunión.
