Este viernes, en las instalaciones del Ministerio de Capital Humano —más específicamente en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— tendrá lugar una reunión que, según se ha anunciado, pretende abordar el extendido y cada vez más complejo conflicto que mantiene paralizada a la flota langostinera del país. Sin embargo, ¿puede realmente esperarse algo sustancial de este encuentro?.
La convocatoria, cuya génesis se atribuye al gobernador chubutense Ignacio Torres, — realmente muy ocupado en intentar buscar una salida que no tenga el enorme impacto social no solamente de todo el complejo langostinero, sino del rebalse social que de ello pueda surgir—, contará con la asistencia de tres mandatarios provinciales —el propio Torres, Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Valdés (Corrientes)—, además de algunos actores sindicales y funcionarios intermedios del gobierno nacional. Llama poderosamente la atención la ausencia de gobernadores estratégicamente vinculados a la problemática pesquera, como Axel Kicillof (Buenos Aires), —sin haberse expresado al respecto—, y Alberto Weretilneck (Río Negro), —quien festejó las 3000 toneladas de langostino para su provincia oportunamente—, como la nula representación del Gabinete Nacional en su jerarquía política más alta del gabinete.
Uno podría preguntarse entonces si este evento no es más que una representación escénica de compromiso institucional, bara bajar fuertemente decibeles principalmente en lo social para las provincias mas afectadas, antes que un espacio efectivo de resolución. Lo mas importante y a destacar es que las gestiones se desarrollen por más que desde lo previo todo pareciera ser una salida para ganar tiempo e intentar tranquilidad.
Más inquietante aún resulta la omisión de las partes empresarias. En un diferendo de índole privada, donde el desacuerdo central enfrenta a sindicatos con las cámaras pesqueras (CAPIP, CAPECA y CEPA), sorprende —si no alarma— que no hayan sido convocadas las empresas, es decir, aquellas que detentan los permisos de pesca y la propiedad de los buques. » ¿Cómo puede resolverse un desacuerdo sin que una de las partes esté siquiera presente? «, ayer a la noche en comunicación telefónica lo expresaba un reconocido abogado que mira con escepticismo el desenlace del evento.
Los armadores han señalado, una y otra vez, que el actual modelo de operación les resulta inviable: » que el negocio, sencillamente, no cierra, esta roto «. Que salir a pescar en estas condiciones sería equivalente a hundirse lentamente en el rojo de sus futuros balances. ¿Puede soslayarse esa voz sin invalidar de raíz cualquier eventual solución?
Expectativas infladas, soluciones inciertas
A pesar de las señales objetivas de que la cita de hoy difícilmente destrabe el conflicto, los marineros han depositado en ella la esperanza de una salida. Expectativa alimentada, ¿acaso de modo irresponsable?, por algunos dirigentes gremiales que prometen soluciones que exceden el alcance real de la convocatoria. Todo parece conducir, una vez más, ante el espejismo de una promesa que encubre la inacción.
Ni el marco institucional parece idóneo, ni los actores convocados poseen —al menos en lo formal— las herramientas necesarias para modificar los términos estructurales del desacuerdo. Se ha propuesto una rebaja del 30% en los valores de referencia del langostino congelado a bordo, y ha sido rechazada de cuajo por el SOMU. Hasta el momento, no ha surgido ninguna alternativa que permita siquiera imaginar un principio de acuerdo.
En este contexto, se impone una pregunta de fondo: ¿no será necesario desmontar el andamiaje actual de negociaciones fracasadas y comenzar de nuevo, desde cero, con todos los actores involucrados y bajo nuevas reglas de interlocución?. El problema ya es la falta de credibilidad de las voces que representan a las partes.
Porque si el diálogo entre empresarios y gremios permanece interrumpido, si el Estado sólo interviene con presencias nominales y sin propuestas articuladas, si la política se limita a administrar simbologías sin sustancia, entonces no estamos frente a un proceso de negociación: estamos ante una deriva, acaso gestionada, pero de final incierto.
En definitiva, cabe preguntarse si el llamado de convocatoria de hoy entre gobernadores, en la Secretaria de Trabajo no será recordada más como una escenografía del desconcierto que como el punto de inflexión de una crisis que, mientras tanto, sigue sin solución ni horizonte. No obstante, las batallas, siempre, deben ser llevadas adelante, máxime cuando las repercusiones e impactos sociales pueden desestabilizar la preciada paz social que se necesita para el desarrollo sustentable de las comunidades.
