El CONICET atraviesa una transformación estructural impulsada por la política científica del Gobierno nacional. La reducción del financiamiento, la menor incorporación de investigadores y la selección de áreas vinculadas con necesidades productivas modifican el funcionamiento de una institución que sostiene más de 300 centros e institutos dedicados a la investigación básica y aplicada en todo el país.
La administración de Javier Milei conserva al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas dentro del Estado, aunque bajo una estructura diferente de la vigente hasta diciembre de 2023. La eliminación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación trasladó la conducción del área a una secretaría dependiente de la Jefatura de Gabinete y colocó el equilibrio fiscal, la evaluación de resultados y la transferencia al sector privado entre los principales criterios para distribuir los recursos.
El cambio excede una reducción presupuestaria. También redefine qué investigaciones reciben prioridad, cuántos científicos pueden incorporarse y qué peso adquiere la aplicación productiva dentro de un organismo históricamente dedicado a sostener conocimientos de largo plazo en ciencias exactas, naturales, biológicas, sociales, agrarias, ingeniería y tecnología.
La ciencia orientada a resultados productivos
La posición del Gobierno quedó expresada en las convocatorias y programas presentados durante 2025 y 2026. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología concentra su agenda en proyectos de agroindustria, energía, salud, biotecnología y economía del conocimiento, con instrumentos destinados a financiar pruebas de concepto, prototipos y desarrollos con posibilidades de transferencia o protección mediante propiedad intelectual.
La orientación oficial procura vincular con mayor intensidad a los investigadores con empresas, cadenas de valor y organismos públicos que demandan soluciones tecnológicas. En ese esquema, la producción científica debe traducirse en innovación, productividad, generación de divisas o respuestas concretas a necesidades nacionales.
El presidente del CONICET, Daniel Salamone, respalda esa dirección. Su gestión promueve la transferencia tecnológica, el emprendedorismo científico y una mayor articulación con universidades y sectores productivos. También planteó que el organismo debe considerar especialmente las áreas de investigación con impacto y distribuir sus recursos de acuerdo con las necesidades del país.
Salamone anunció para 2026 el otorgamiento de 1.800 becas y 400 ingresos a la carrera científica, cifras semejantes a las aplicadas durante 2025. El volumen representa una disminución sustancial frente al ritmo de incorporación de años anteriores y limita el recambio necesario para cubrir jubilaciones, renuncias y vacantes abiertas dentro de los equipos de investigación.
El presupuesto específico perdió alrededor de 35% desde 2023
La dimensión económica aparece con claridad en los registros presupuestarios. Entre 2023 y 2026, el financiamiento de la función Ciencia y Tecnología acumuló una caída estimada del 50% en términos reales, de acuerdo con cálculos elaborados sobre la información oficial de ejecución del Estado nacional.
La reducción específica del CONICET resultó menor que la del conjunto del sistema científico, aunque alcanzó aproximadamente 35% real desde 2023. Durante 2026, su presupuesto volvió a retroceder alrededor de 8% frente al año anterior.
La diferencia responde a la composición del gasto del organismo. Cerca del 96% de sus recursos se destina al pago de salarios y becas, una estructura que obliga al Estado a sostener esas erogaciones mediante ampliaciones presupuestarias. El margen restante debe cubrir funcionamiento, insumos, mantenimiento, equipamiento, trabajos de campo y servicios esenciales para más de 300 institutos distribuidos en todo el territorio nacional.
La mayor concentración de fondos en remuneraciones preserva parcialmente la continuidad administrativa, pero reduce la capacidad operativa de laboratorios y proyectos. Una investigación puede conservar a sus integrantes y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para comprar reactivos, reparar equipos, mantener colecciones biológicas o realizar campañas científicas.
Los salarios del CONICET
El deterioro también alcanza los ingresos personales. Los salarios de investigadores y miembros de la Carrera del Personal de Apoyo, junto con los estipendios de becarios, quedaron 40,5% por debajo del poder adquisitivo registrado en noviembre de 2023.
Las actualizaciones aplicadas durante 2026 generaron una recuperación real mínima, insuficiente para compensar la pérdida acumulada. Las estimaciones disponibles indican que los ingresos necesitarían un aumento nominal cercano al 68% para regresar al nivel de compra anterior al inicio de la actual administración.
La consecuencia se observa en la salida de profesionales hacia universidades extranjeras, empresas privadas y actividades ajenas a la investigación. Cada alejamiento implica la pérdida de una formación financiada durante años mediante becas doctorales, posdoctorales, infraestructura pública y trabajo de equipos especializados.
El fenómeno adquiere una dimensión adicional en las disciplinas que dependen de conocimiento acumulativo. La interrupción de una línea científica puede afectar series estadísticas, bancos de muestras, cultivos celulares, colecciones de especies y observaciones ambientales construidas durante décadas.
El conflicto inmediato se concentra en 379 becarios posdoctorales cuyos contratos vencen el 31 de julio. Los investigadores solicitaron una prórroga que les permita continuar sus tareas hasta la resolución de las convocatorias de ingreso a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.
La mayoría del Directorio del CONICET respaldó la continuidad. Cinco integrantes votaron a favor, tres rechazaron el planteo y Daniel Salamone se abstuvo. La extensión requiere una ampliación presupuestaria de la Jefatura de Gabinete, por lo que el pronunciamiento del Directorio carece por sí solo de capacidad financiera para ejecutar la medida.
Hasta hoy, 30 de julio, el organismo mantenía abierta la incertidumbre sobre el destino de esos profesionales. El vencimiento de las becas los dejaría sin financiamiento mientras aguardan la resolución de los mecanismos de incorporación.
A esa situación se suman cargos concursados en convocatorias anteriores cuya efectivización continúa pendiente. Fuentes del sistema científico contabilizan 585 ingresos correspondientes al llamado de 2022 y otros 400 vinculados con la convocatoria de 2023, aunque cada expediente puede encontrarse en una instancia administrativa diferente.
El problema afecta el vínculo entre formación e ingreso. El Estado financia durante varios años la capacitación doctoral y posdoctoral, pero reduce posteriormente la capacidad de incorporar ese conocimiento a su planta estable.
Reconocen diferencias sobre el rumbo del organismo
Las posiciones internas muestran coincidencias sobre la necesidad de evaluar resultados y mejorar la transferencia tecnológica. Las diferencias aparecen al determinar la velocidad del ajuste, el volumen de recursos y el lugar asignado a la investigación básica.
Salamone sostiene que el organismo debe identificar áreas prioritarias, vincularse con el sector productivo y buscar fuentes complementarias de financiamiento. Otros miembros del Directorio, directores de institutos e investigadores superiores advierten que la reducción simultánea de presupuesto, salarios e ingresos compromete la continuidad de equipos ya consolidados.
El debate central enfrenta dos escalas temporales. La política oficial privilegia resultados capaces de demostrar impacto productivo. Una parte sustancial de la investigación científica requiere años de trabajo antes de alcanzar una aplicación comercial, médica, ambiental o industrial.
Los desarrollos tecnológicos más reconocidos del país surgieron de esa combinación. La biotecnología, la energía nuclear, la producción satelital, el mejoramiento genético y los avances en salud se apoyaron en investigaciones básicas previas financiadas con recursos públicos.
El impacto alcanza la investigación del mar y sus recursos
La transformación del CONICET también repercute sobre el conocimiento del Mar Argentino. Institutos de doble dependencia y centros científicos patagónicos desarrollan estudios sobre biodiversidad, oceanografía, contaminación, cambio climático, mamíferos marinos, recursos pesqueros y funcionamiento de los ecosistemas.
El CCT CONICET-CENPAT de Puerto Madryn concentra capacidades científicas directamente relacionadas con el ambiente marino y costero. Sus trabajos complementan la información producida por organismos especializados y aportan conocimiento para evaluar los efectos de la actividad pesquera, los cambios ambientales y la conservación de especies.
La pérdida de investigadores o la interrupción de campañas afecta la capacidad del Estado para construir series independientes y comprender procesos que luego inciden sobre decisiones de manejo. En materia pesquera, la calidad de la administración depende de información continua sobre abundancia, reproducción, alimentación, distribución espacial y relación de las especies comerciales con la fauna acompañante.
El conocimiento científico también sostiene la posición argentina en acuerdos internacionales, evaluaciones ambientales, certificaciones comerciales y discusiones sobre protección de mamíferos marinos. Su debilitamiento puede trasladarse desde el laboratorio hasta el acceso a mercados que exigen evidencia técnica sobre la sostenibilidad de las pesquerías.
La situación argentina generó pronunciamientos de científicos y entidades académicas extranjeras. En 2024, 68 ganadores del Premio Nobel enviaron una carta al presidente Milei para advertir que la reducción de recursos podía afectar el desarrollo científico argentino y sus contribuciones internacionales.
Durante 2025 y 2026, publicaciones especializadas como Nature y eLife documentaron la caída del financiamiento, las dificultades de los laboratorios y la emigración de investigadores. Organizaciones científicas internacionales también expresaron preocupación por la discontinuidad de programas y la reducción de puestos de trabajo.
La evaluación externa reconoce la necesidad de controlar resultados y vincular la ciencia con el desarrollo económico. Al mismo tiempo, señala que el financiamiento empresarial tiene una participación limitada en áreas cuya rentabilidad aparece a largo plazo o cuyos beneficios pertenecen al conjunto de la sociedad.
La investigación básica, los estudios ambientales, la salud pública y el seguimiento de los recursos naturales dependen principalmente de inversiones estatales sostenidas. El mercado puede participar en la etapa de desarrollo y comercialización, mientras el conocimiento inicial suele surgir de programas públicos.
Continuidad operativa
El organismo mantiene su producción científica, sus centros continúan abiertos y sus investigadores participan en proyectos nacionales e internacionales. La información disponible muestra una política de achicamiento presupuestario, menor renovación de personal y selección de áreas prioritarias, antes que una disposición formal de cierre.
La definición sobre los 379 becarios, la efectivización de los ingresos concursados y las ampliaciones presupuestarias necesarias marcarán el alcance concreto de esa transformación.
El Gobierno presenta el proceso como una reorganización orientada a la eficiencia y al impacto productivo. Los referentes científicos advierten que la combinación de menores recursos, salarios deteriorados y recambio limitado puede reducir capacidades construidas durante décadas.
En ese punto se concentra la situación actual del CONICET: una institución que conserva su estructura nacional y su producción científica, pero opera con menos recursos reales, incorpora menos investigadores y redefine sus prioridades bajo los criterios económicos y productivos fijados por el Poder Ejecutivo.
