La ideología del “orden” selectivo: Cuando la cuotificación se vuelve relato y no política pública

No pasó desapercibida la idea de números vacíos tirados al aire por algunos participantes de la pesquería de langostino. Hablar de 70.000 y 80.000 toneladas para Chubut, hizo levantar la voz en un sector tradicional, histórico y legítimo de capturas del segmento fresquero de altura.

En ciertos discursos contemporáneos sobre administración pesquera se advierte una matriz ideológica tan inconsistente como problemática, se invoca la “racionalidad” de la cuotificación como si fuese, per se, sinónimo de sostenibilidad, previsibilidad y equidad.

Sin embargo, cuando esa agenda convive —sin fricción aparente— con un régimen de control desigual, opacidad informativa y tolerancia fáctica a la infracción en ámbitos específicos, lo que emerge no es un proyecto de gestión moderna del recurso, sino un dispositivo retórico, un ordenamiento selectivo que disciplina donde conviene y desregula donde rinde. La cuotificación de langostino es el plato principal de la recaudación, no hay dudas; y por eso claramente, su apuro por la puesta en escena.

La contradicción central no reside en debatir cuotas (instrumento legítimo en múltiples jurisdicciones), sino en la asimetría moral y normativa con la que se las promueve, y una historia de capturas y sus formas de declararlas mas cercanas al atropello público encubierto por organismos inexistentes de control y fiscalización que al apego a las normas.

La cuotificación se presenta como “solución técnica”, pero su impulso real parece operar como mecanismo de consolidación y blanqueo de capturas sin el aval de los permisos de captura que tiene, estabiliza expectativas privadas sobre un bien común mientras deja sin resolver —o directamente naturaliza— la brecha más delicada del sistema, qué se captura, cómo se captura, cuánto se captura y con qué nivel de acompañamiento de control y trazabilidad, especialmente respecto del bycatch.

Federalismo declamado, excepción práctica

Un rasgo ideológico recurrente es el uso del federalismo como escudo simbólico, se lo invoca para defender ámbitos “propios” frente a estándares externos, pero no para robustecer obligaciones, transparencia y rendición de cuentas. En esa lógica, el caladero provincial se vuelve un territorio de excepcionalidad, no porque la norma no exista, sino porque su aplicación queda supeditada a la voluntad contingente de los actores. El resultado es un federalismo instrumental, donde la autonomía no se traduce en mejores instituciones sino, demasiado a menudo, en capacidad de elusión encubierta.

Esto se expresa con nitidez en la segmentación por jurisdicción, donde el control es estricto, el cumplimiento se vuelve condición; donde el control es débil, el cumplimiento se vuelve opción. Y esa diferencia no es técnica es política. Más aún, la comparación de la producción de sumarios y actuaciones sancionatorias entre ámbitos —cuando se la examina con seriedad— suele reforzar la hipótesis de una fiscalización disímil, con incentivos divergentes y señales públicas contradictorias. Quien paga a futuro el costo, será el caladero.

La opacidad como política

La ausencia de acceso a información cruda —datos verificables sobre capturas, esfuerzo real, artes empleadas, áreas efectivas de operación, descarte y bycatch— no es un problema menor ni un detalle administrativo. Es el núcleo ideológico del asunto, sin datos, la administración se vuelve un acto de fe, desprolijo, y la discusión pública queda reducida a consignas. Hablar de un volumen proyectado para noviembre y diciembre del orden de 28.000 toneladas sin un correlato robusto de evidencia abierta y auditable debilita la administración, porque instala la percepción que el sistema se maneja por declaración y no por verificación.

En ese marco, la cuotificación deja de ser un instrumento de manejo y pasa a funcionar como un lenguaje de legitimación, se pide “certeza y claridad” para asignar, pero no se exige la misma certeza para controlar; se reclaman “reglas” para distribuir, pero se relativizan las reglas para operar.

Cuando, de manera cotidiana, pueden observarse comportamientos compatibles con maniobras y velocidades de pesca fuera del marco operativo establecido —por ejemplo, respecto de una ventana de pesca efectiva definida entre 07:00 y 19:00 o de una delimitación espacial cuya referencia se ubica al Este de la milla 12— la cuestión ya no es si existe normativa: la cuestión es por qué la infracción ostensiblemente registrable no desencadena respuesta institucional.

Ese silencio operativo produce un efecto corrosivo: reemplaza el imperio de la norma por un “mercado” de cumplimiento, donde cada actor decide cuánto respeta según su cálculo de riesgo. A la larga, no sólo se erosiona la autoridad; también se destruye la competencia leal: el que cumple financia al que no cumple.

“Administración olímpica”: Compensar al final, premiar y justificar el exceso

Otro componente ideológico, menos explícito pero muy determinante, es la aceptación de un modelo de administración “olímpica” que se ajusta a fin de año por lo formalmente declarado, cuando un enfoque de integridad debería operar al revés: control ex ante, monitoreo en tiempo real y correcciones inmediatas.

Ningún relato que goza de ser creíble bajo el amparo de la defensa de la sostenibilidad del recurso puede no hacer una autocrítica. Chubut fue y es un descontrol, desde las formas de captura con cubiertas de banda a banda y pescando, pescando fuera de horario; hasta embarcaciones con descargas de cajas de hasta 25 kilos en el mejor de los casos.

Cuando unidades marítimas terminan capturando múltiplos de lo que sus permisos permiten, la explicación no puede descansar —como coartada general— en multiplicadores normativos o anexos técnicos previstos para situaciones específicas. Si los desvíos se vuelven sistemáticos, el mensaje institucional es inequívoco: la capacidad efectiva no la define el permiso, la define la tolerancia. Y esa tolerancia, cuando es selectiva, se convierte en política pública de facto.

Incluso cifras parciales y heterogéneas —como las que suelen circular en ámbitos técnicos (p. ej., 14.391,5; 6.499,6 toneladas descargadas en Rawson en Noviembre y hasta el 9 de diciembre)— no aportan claridad si no están acompañadas por metodología, universo, fuentes auditables y trazabilidad. Sin ese andamiaje, los números operan como argumento de autoridad, no como evidencia. Y peor aún, ostentan una certificación de la especie; un verdadero despropósito entre quienes conocen los pormenores de las formas implementadas en las capturas.

El bycatch no es un apéndice “ambientalista” del debate, es el dispositivo por el cual una area se abre o cierra a la pesca comercial, además es la vara ética de la pesquería. Un sistema que discute con fervor la propiedad temporal de la captura (cuotas) pero tolera con tibieza el costo ecológico y operativo del descarte revela una jerarquía netamente lobista y por conveniencia; se prioriza la apropiación ordenada del rendimiento por sobre la responsabilidad integral del proceso de extracción.

La sostenibilidad no se declama, se ejerce y se prueba, sobre todo, con control simétrico, transparencia radical y sanción efectiva que hoy es inexistente. Por mas foros, exposiciones, jornadas explicativas, simposios de sostenibilidad pesquera y educación comunitaria de cómo se debe pescar; lo mejor es practicar lo que se pregona.

Conclusión: Sin simetría de control, la cuotificación es captura regulatoria

Una política de cuotas, sin una arquitectura equivalente de control y datos abiertos, corre el riesgo de transformarse en lo contrario de lo que prometen algunos participantes de las principales cámaras fuera de Mar del Plata, pero acompañadas por empresas locales, no ordena, consolida; no transparenta, opaca; no democratiza, cristaliza, avala y otorga derechos de capturas que se fundaron por fuera de la Ley. Y cuando la impulsan los mismos sectores que se benefician de un marco provincial donde la vulneración normativa parece carecer de consecuencias, el problema deja de ser técnico, es institucional.

Por eso es que el sector no tiene credibilidad, y es ignorado por el gobierno central, por mas aportes a fundaciones ligadas al plan libertario enmascaradas en cenas de fin de año cuyo costo por tenedor es de 15.000 dolares por participante; quienes argumentan con palabras lo que no pueden documentar con hechos, el valor de lo dicho pasa a ser un entretenimiento para el resto de la sociedad.

Si se pretende debatir seriamente cuotificación, el umbral mínimo de honestidad pública debería incluir:

• Acceso abierto y auditable a datos de captura, esfuerzo, áreas, tiempos, artes y bycatch.
• Simetría de fiscalización entre jurisdicciones (criterios, recursos, intervención, sanción).
• Monitoreo en tiempo real y correcciones operativas inmediatas, no “compensaciones” tardías.
• Trazabilidad estricta y verificación independiente, para que la declaración no sustituya al control.
• Legislación e historia, que se contabilice lo que su permiso de pesca avala y al momento de los porcentuales de cuotas sean sin la historia de multiplicadores y cuotas sociales.
• Análisis pormenorizado del inicio y cómo llegó cada permiso de pesca y/o reformulación a los valores habilitados de capturas actuales.
• Sincerar las verdaderas dimensiones de las bodegas con estricto cumplimiento de su manual de cargas.

Porque, en definitiva, la pregunta no es si habrá cuotas. La pregunta es ¿qué modelo de Estado las sostiene. Uno que ordena para todos, o uno que ordena para algunos y deja que el resto se “arregle” en la práctica por propia voluntad?. En ese dilema, la ideología no está en la palabra “cuota”; está en el doble estándar con el que se la justifica. De esta manera, poco seria se instala la cuotificación de la principal especie generadora de divisas de origen marino en Argentina.