En un dictamen con repercusión política y gremial inmediata, la jueza del trabajo Moira Alicia Fullana suspendió este lunes, de forma precautoria, los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, pieza central del Gobierno destinada a endurecer las condiciones para convocar paros y limitar su alcance. El fallo, que hace lugar a la medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), subraya que cualquier reforma al régimen de huelga —derecho protegido por el artículo 14 bis de la Constitución— debe tramitarse mediante una ley debatida y votada en el Congreso, y no vía decreto. Ver sentencia de suspensión.
“La materia regulada excede el marco excepcional del DNU y colisiona con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo”, señala la resolución, que frena los efectos del decreto hasta que exista sentencia definitiva. Con ello, se mantiene vigente la normativa actual sobre huelga y negociación colectiva.
Golpe político para la Casa Rosada
La suspensión cautelar constituye el primer revés judicial de peso para la administración Milei en su ofensiva de desregulación laboral. En Balcarce 50 evitaban comentarios públicos al cierre de este mediodía, aunque fuentes gubernamentales admitieron que analizan apelar y escalar la disputa a instancias superiores.
Para la CGT, en cambio, el dictamen es “un triunfo de la democracia”. En el escrito presentado, la central obrera denunció que el DNU “cercena derechos constitucionales y viola tratados internacionales con jerarquía constitucional”, al tiempo que advirtió sobre su impacto negativo en la libertad sindical.
Qué buscaba el DNU 340/2025
- Redefinir “servicios esenciales”: ampliaba la categoría para incluir sectores como transporte, educación, telecomunicaciones y alimentación, restringiendo la posibilidad de huelga.
- Nuevos requisitos para declarar paros: imponía umbrales de representación más altos y plazos de preaviso prolongados.
- Sanciones más severas: habilitaba multas y despidos por incumplir las nuevas reglas.
Organizaciones de derechos humanos acompañaron la demanda de la CGT, al considerar que el decreto vulnera convenios de la OIT ratificados por la Argentina.
Escenario de conflictividad
El fallo llega en medio de paros y movilizaciones contra el ajuste fiscal y la liberalización de la economía. Sólo esta semana, el sindicato del transporte Copsa declaró un paro por salarios impagos y los trabajadores del Hospital Garrahan mantienen protestas por mejoras laborales; en el ámbito pesquero, esta semana finaliza la Conciliación Obligatoria producto de discrepancias en la discusión paritaria 2025/2026 para buques congeladores con el SOMU.
La CGT anticipó que seguirá “en la calle y en los tribunales” si el Ejecutivo insiste en recortar derechos. Del otro lado, el Gobierno confía en revertir la cautelar y sostener su programa de reformas.
Lo que viene
- Apelación probable: el Ministerio de Justicia evalúa llevar el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
- Debate legislativo: bloques opositores preparan proyectos para blindar el derecho de huelga mediante ley.
- Presión social: gremios y organizaciones civiles prevén nuevas jornadas de protesta si el DNU revive.
Por ahora, el tablero se inclina a favor del sindicalismo. El futuro de la reforma —y la estrategia de Milei para avanzar sobre el régimen laboral— quedará atado a la próxima batalla judicial y parlamentaria.