El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó al Congreso tras la derogación de la reforma de la Ley de Cabotaje implementada por el DNU 340/25. Los gremios marítimos, encabezados por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF), respondieron con dureza y advirtieron que la medida implicaba la entrega de la marina mercante nacional.
Sturzenegger criticó la decisión del Congreso de revertir la reforma del cabotaje, que había sido puesta en marcha a través del DNU 340/25 y que quedó sin efecto tras ser rechazado por ambas Cámaras del Congreso.
Según el funcionario, la apertura del mercado permitía “ahorros de entre 30 y 40% en los costos de transporte fluvial y marítimo, al tiempo que resguardaba el empleo argentino y sus derechos previsionales”. También acusó a sectores sindicales y empresariales de realizar lobby para frenar la competencia y volver a un esquema que, a su criterio, encarece la logística.
La contestación llegó de inmediato. En un comunicado conjunto los gremios marítimos y fluviales, desmintieron los argumentos del ministro y calificaron de “completamente falsas” sus afirmaciones.
“Los supuestos ahorros no provenían de una mejora en la eficiencia, sino de precarizar el trabajo argentino, habilitando que embarcaciones extranjeras con banderas de conveniencia operen en nuestras aguas sin cumplir con normas laborales, previsionales ni de seguridad social”, sostuvieron en el comunicado.
Además, recordaron que la desregulación de los años noventa “fue devastadora para la industria”: de más de 150 buques de bandera nacional, la flota quedó reducida a menos de una decena.
Los gremios rechazaron también la versión oficial sobre un supuesto consenso en torno a la reforma. “Todos los sindicatos marítimos y fluviales rechazamos la iniciativa desde un primer momento porque significaba la destrucción del cabotaje nacional. Fuimos totalmente inconsultos”, remarcaron.
Sobre las acusaciones de monopolio en el sector, afirmaron que “hoy existen varias empresas de bandera argentina que sostienen la actividad, generan empleo formal y cumplen con todas las regulaciones vigentes”. Y señalaron que junto con cámaras empresarias presentaron un proyecto de ley con consenso amplio, actualmente en tratamiento parlamentario, para mejorar la competitividad sin sacrificar empleo ni soberanía.
El comunicado concluyó que el DNU impulsado por el Gobierno “no era una modernización ni una mejora, sino una entrega del cabotaje nacional”, algo que en otros aspectos del ministro siempre tienen la misma presunción. Aseguraron que de haberse aplicado, hubiera significado “la extinción de pueblos enteros que dependen de la marina mercante” y la pérdida de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
“Los gremios no hacemos lobby: defendemos el trabajo argentino. Si se destruye la marina mercante nacional, el país queda a merced de flotas extranjeras que podrán fijar tarifas a su antojo.”, remarcaron.
