Mar del Plata, principal centro pesquero de la Argentina e histórico corazón productivo del sector, atraviesa días de inquietud profunda. La actividad, que ya venía transitando escenarios disímiles en el plano operativo, se ve ahora impactada por una sucesión de factores que van desde la presión sobre los cálculos de las cuotas remanentes o sobrantes de merluza entre lo capturado y lo asignado por CITC, hasta un deterioro creciente del marco de seguridad jurídica posible, una vez más, desde «el sur«.
Este último, marcado con crudeza por el affaire Red Chamber–Profand–Embajadas–Gobierno de Chubut, reaviva la sensación de un entorno institucional frágil, poco serio y atravesado por intervenciones que enturbian la operatoria privada, por más que algunos actores intenten revestir el cuadro con una transparencia que, a todas luces, no existe.
En este clima, Mar del Plata comienza a realizar sus propios cálculos. Concretamente, ya se analiza con preocupación lo que diversas empresas buscan instalar como eje de la agenda pesquera: la cuotificación del langostino. La próxima semana, una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires congregará a representantes del sector congelador, donde —según voces del puerto— se intentará impulsar “la posible cuotificación bajo el hipócrita argumento de ordenar la pesquería”, tal como se comentó en las últimas tertulias entre parroquianos del mítico y tradicional Michelangelo, en el complejo comercial del puerto marplatense.
La controversia es profunda y no se limita a la clásica división norte–sur o fresquero–congelador. Los alineamientos se fragmentan aún más: bodegas contra bodegas, permisos irrestrictos frente a historias de captura, y lecturas técnicas frente a intereses corporativos. Lo central es que, para quienes sostienen la integridad del recurso, la discusión no puede avanzar sin un proceso previo de esclarecimiento operativo.
Los propios números reflejan esa opacidad, nadie tiene del todo claro cuál es el verdadero límite normativo de un sistema regulatorio de leyes federales, provinciales, resoluciones y que se aplica con criterios orientativos, elásticos, cambiantes y muchas veces contradictorios y a medida del usuario. Nadie puede dejar de reconocer que, incluso el constante monitoreo de la PNA a toda la flota comercial pesquera, apenas un barco con velocidades compatibles a las de pesca, toca una área vedada, el sumario y la infracción desde las distintas áreas de control y fiscalización son inminentes y jugosas.
Mientras tanto, y con el mal tiempo ya superado, unos once buques fresqueros de la flota de Rawson comenzaron la búsqueda de concentraciones de langostino, ayer. La tarea es ardua. Los vientos que azotaron el litoral marítimo de Chubut y Santa Cruz —con picos de 215 km/h— dispersaron la biomasa, dificultando cualquier intento de agrupar cardúmenes de magnitud suficiente para iniciar formalmente una temporada que ya se perfila como dilatada y compleja en aguas provinciales.
A esto se suman trascendidos que aún no han podido verificar para esta redacción. Trasciende nuevamente que hubo embarcaciones desplazándose más allá de las 12 millas por lapsos de entre 40 y 85 minutos, y otras navegando a velocidades compatibles con maniobras de pesca desde las 19 hasta la 1 de la mañana, algo explícitamente vedado en la propia violada y maltratada Resolución CFP Nro. 7/2018.
Ante ese telón de fondo, uno de los referentes más respetados del puerto sintetizó la preocupación del sector: “antes de hablar de cuotificación primero hay que transparentar la operatoria, porque al final quienes impulsan ordenamiento en aguas nacionales son los mismos que en la provincia hacen lo que quieren y miran para otro lado, y lo peor es que las voces de Mar del Plata que llevaban la bandera en defensa nuestra, por edad, por falta de representación o por conveniencia, quedaron silenciadas”. Lo dijo mientras compartía mesa con uno de los históricos del puerto, un hombre que comenzó a los doce años arriba de la lancha de su padre y cuya voz aún pesa entre armadores históricos y contemporáneos en los muelles marplatenses.
El resultado es un caldo de cultivo complejo que en la incipiente introducción a la cuotificación, ya muestra un tenor que no será sencillo. En Mar del Plata, la discusión sobre la cuotificación del langostino empieza a elevar la temperatura. Y en el sector pesquero, cuando la temperatura sube, rara vez trae certezas.
La actividad ya enfrenta los embates del clima, de los costos, del cambio climático y del desgaste natural provocado por costos, -que por momentos fue asfixiante,- para no entrar en el detalle de la complejidad de gremios que también necesitan un escenario de recomposición frente a la masa que representan. Todo un desafío. Ahora se suma un escenario político que observa con detenimiento lo que muchos preferirían mantener lejos de la luz.
El riesgo es evidente, la tensión institucional puede terminar golpeando el corazón productivo del país en un momento en que la pesquería exige reglas claras, previsibilidad y un ordenamiento sustentado en criterios reales. Paradójicamente, quienes hoy promueven con énfasis el discurso de la transparencia son, justamente, los que aún no han logrado demostrarla en sus propias prácticas, un contraste que el sector observa con una calma tan prudente como elocuente.
