El petitorio llegó a través del delegado del SOMU Ramón Vera y el delegado de la Asociación de Patrones y Capitanes de Barcos, Marcelo Quinteros, quienes de manera conjunta le hicieron llegar el mismo al vicegobernador chubutense Gustavo Menna, de cara a las próximas zafras.
La solicitud expresa que las empresas no estarían respetando el acta acuerdo suscripta en el mes de octubre del año pasado, la que fuera rectificada ante la Secretaría de Trabajo provincial el último 11 de marzo, donde se comprometían las empresas a incrementar un 53% de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, desconociendo las actas firmadas sostienen los representantes de los trabajadores.
Si bien prefieren no hablar de un “paro” sino de un “cese de actividades”, varias de las embarcaciones no iniciaron sus mareas, a excepción de los de la empresa Conarpesa y Bagual, que “abonaron lo que corresponde”, según la aclaración de los delegados.
Precisamente Ramón Vera, delegado del SOMU, en contacto con PESCARE, fue muy claro sobre la situación. “Nunca decretamos un paro. Lo que hicimos es un cese de actividades hasta tanto los integrantes de la CAFACh cumplan con lo firmado y homologado por la Secretaría de Trabajo en el mes de octubre de 2023”.
“Esto quiere decir que en ese mes acordamos el índice inflacionario, con una cláusula de revisión en el mes de enero de 2024, según haya sido la inflación de octubre, noviembre y diciembre de 2023. A eso se le sumaba el valor base conseguido en octubre”, expresó Vera.
“Esto quiere decir que llevamos el valor por kilogramo de langostino en octubre $ 600,20. Con la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre se fue a $ 918 el kilo. La inflación en ese trimestre fue de 53,1%. Nos dieron ese porcentaje en los ítems fijos, pero no en la producción como debía”, reclamó el delegado gremial del SOMU.
Ampliando sus dichos, Vera relató a esta Editorial que “lo que firmamos con la CAFACh, lo firmamos con la empresa “Agropez” y con la Cámara que representa a los mal llamados buques artesanales. Digo mal llamados artesanales –que está representada por Maximiliano Vega– porque antes de que saquen la nueva Ley de Pesca, los buques de menor porte debían traer en sus bodegas un máximo de cien cajones, no debían usar redes, ni portones. La potencia de motor debía ser de 200 Hp y hoy el que menos trae de estos barcos, te repito, mal llamados artesanales, es ochocientos cajones y tienen una potencia de motor de 400 o 500 Hp. La mayoría de estos barcos traen pescado a granel en sus bodegas o en los castillos de proa”, denunció Vera ante este medio.
“No obstante eso, Gustavo González le ha dicho a sus empleados que les va a pagar 70/30, es decir, el 70% en blanco y el restante en negro –que no va al recibo- lo cual perjudica al trabajador porque tiene el ‘tupé’ de hacerle descuentos igual aunque sea en negro”, continuó el representante del SOMU.
Consultado también sobre los descuentos que habían denunciado algunos trabajadores, Vera relató que “les descuentan los haberes desde el 81%, porque nos sacan 19% ilegalmente para ‘pagar’, entre comillas, los salarios en temporada baja con ese 19%. Pero esto no es todo, porque te piden que les envíes la renuncia cuando termina la temporada, es decir, eso que te descontaron no te lo reintegran, así es con todos los que suben, ya sean efectivos o relevos!!!”, expresó Ramón Vera.
Lo concreto es que en Rawson un armador que necesita mover el buque para hacer reparaciones, hoy, no lo puede hacer.
