La secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), Cristina Ledesma, cuestionó con firmeza el accionar del operativo en el marco de la Ley Antipiquete desplegado en la planta pesquera Fishing Mart S.A., ubicada en la calle Figueroa Alcorta 1095 en el barrio Puerto de Mar del Plata.
Según denunció, la intervención se llevó a cabo sin una orden judicial, en el marco de una protesta laboral. Como consecuencia de la agresión, dos trabajadoras resultaron descompensadas y debieron recibir asistencia médica.
El conflicto se originó en la demanda salarial de trabajadores precarizados que operan bajo una cooperativa irregular vinculada al empresario Roberto La Bella. La negativa de la firma a cumplir con los incrementos acordados en paritarias derivó en una manifestación en las puertas del establecimiento. En respuesta, Prefectura implementó un amplio operativo bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación, con la presencia del funcionario Gustavo Jara ejecutando claras instrucciones bajo la Ley Antipiquete, por primera vez implementado en la ciudad de Mar del Plata.
Con el correr de las horas y tras el bloqueo de un camión que intentaba salir de la planta, las fuerzas federales avanzaron contra los manifestantes, empleando gases lacrimógenos y postas de goma. La arremetida provocó descompensaciones en dos trabajadoras, quienes debieron ser asistidas por personal de emergencia.
Denuncias y cuestionamientos por el procedimiento
Al llegar al lugar, la dirigente sindical Cristina Ledesma repudió la violencia ejercida contra los trabajadores y confirmó que se impulsarán denuncias formales contra el operativo. “No existe ninguna orden judicial que justifique este atropello. No hubo una denuncia previa ni intervención de la justicia federal, por lo que este accionar es completamente arbitrario e ilegítimo”, afirmó ante los medios de comunicación.
Asimismo, la referente sindical destacó que el reclamo de los trabajadores responde a una demanda legítima: el pago de los aumentos salariales acordados en paritarias. «Exigimos que los empresarios cumplan con sus obligaciones y abonen lo que corresponde. No es aceptable que, en lugar de garantizar los derechos laborales, se responda con una ofensiva violenta«, sostuvo la irreductible dirigente sindical.
Un conflicto salarial en escalada
La tensión en el sector pesquero de Mar del Plata se ha incrementado en los últimos días. En este episodio, cerca de 80 trabajadores de la cooperativa Cañamar –entre fileteros, envasadores y peones que procesan merluza en condiciones precarias– realizaron una protesta debido a la negativa de la empresa a cumplir con el aumento del 11,8% estipulado en las negociaciones salariales.
El argumento empresarial se centra en la falta de homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo. En este contexto, la firma propuso abonar solo un 1% de incremento mensual, en línea con la devaluación del dólar fijada por el Gobierno Nacional, lo que profundizó el descontento gremial.
Finalmente, tras la intervención de Ledesma y la liberación del camión retenido, el empresario La Bella accedió a retomar las negociaciones, terminando por abonar lo correspondiente a lo acordado en la ultima paritaria cerrada la semana pasada, después de 5 meses de negociaciones, entre CaIPA y SOIP. No obstante, el grado de conflictividad evidenciado y la falta de respuestas concretas sobre la situación salarial continúan generando preocupación en el sector cuya estructura de costos ya no permite siquiera un solo aumento mas.
Posición de CAFREXPORT. Comunicado de Prensa
A través de un, claro y elocuente comunicado oficial emitido ayer 14 de febrero, la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) expresó su preocupación y repudio por los hechos de violencia ocurridos en establecimientos industriales pesqueros. En su pronunciamiento, la entidad destacó que estos conflictos afectan no solo a las empresas, sino también a la actividad del sector en general, incrementando la incertidumbre y el riesgo económico.
Según el comunicado, las empresas han mantenido el diálogo con sus trabajadores para encontrar soluciones a la crisis, sin dejar de reconocer el derecho a una mejora salarial. Sin embargo, CAFREXPORT advirtió que los acuerdos deben ajustarse a la realidad del sector y a las pautas gubernamentales.
La entidad insistió en que las diferencias deben resolverse sin recurrir a hechos de violencia, ya que estos desincentivan las inversiones y ponen en peligro las fuentes de trabajo. Asimismo, instaron a las autoridades políticas a intervenir para encontrar soluciones que permitan la continuidad de la actividad sin afectar el funcionamiento normal de las empresas y su personal.
