Aunque se trata de un episodio ajeno al núcleo habitual de la agenda pesquera marítima y fluvial, la espectacularidad de los hechos, la gravedad del escenario fronterizo y la dimensión operativa de la respuesta por parte del personal de la Prefectura Naval Argentina justifican plenamente su abordaje periodístico.
Los acontecimientos que se repiten semana tras semana en la Triple Frontera, y de manera más precisa en el límite con Paraguay, configuran una de las zonas más sensibles del mapa argentino: un territorio atravesado por el contrabando, por circuitos clandestinos de mercaderías y, con frecuencia, por delitos de mayor complejidad, entre ellos el ingreso de droga a gran escala.
En ese entramado, la tarea de la autoridad marítima adquiere un valor decisivo. La intervención de la Prefectura Naval Argentina, y en particular de la Agrupación Albatros, vuelve a exhibir la magnitud del riesgo que implica custodiar una frontera de naturaleza selvática, porosa y sometida a presión criminal constante.
La secuencia ocurrió en Puerto Iguazú (km 1.927), en la provincia de Misiones, donde un operativo de vigilancia fluvial derivó en un violento enfrentamiento armado y en el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 245 millones de pesos. El episodio dejó además una integrante de la patrulla herida, en medio de una maniobra táctica ejecutada bajo fuego desde la ribera paraguaya.
Todo comenzó a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en la zona conocida como el paso clandestino Cantera a 6km aguas abajo de la Triple Frontera. Allí, efectivos que patrullaban el sector detectaron un lanchón proveniente de la costa paraguaya que avanzaba con una carga voluminosa compuesta por numerosos bultos. Al advertir la presencia de la fuerza, sus ocupantes dirigieron la embarcación hacia la costa argentina, abandonaron la carga y escaparon de inmediato entre la vegetación cerrada de la ribera.
La situación escaló en cuestión de minutos. Cuando arribaron refuerzos al lugar, el personal desplegado fue atacado con disparos de armas automáticas y escopetas de gran calibre desde ambos lados del río. La respuesta de la fuerza se produjo en el marco de los protocolos vigentes, con el objetivo de contener la agresión, preservar la integridad del personal y evitar la pérdida del material incautado. El operativo dejó así al descubierto un nivel de organización, violencia y cobertura territorial que excede largamente el contrabando menor y remite a una estructura criminal con capacidad de hostigamiento armado.
Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia una zona segura. Fue durante esa maniobra cuando se produjo un nuevo ataque desde la costa paraguaya, instancia en la que resultó herida una integrante de la patrulla argentina por un disparo que impactó en la mano izquierda de Paola Elizabeth Montiel, joven suboficial de la PNA que integraba el operativo. La uniformada recibió asistencia inmediata y fue trasladada a un centro de salud local de Puerto Iguazú, donde quedó fuera de peligro. Ese dato, por sí solo, resume el tenor del escenario en el que actúa la fuerza, una frontera en la que el control estatal se ejerce bajo amenaza directa y permanente.
Una vez estabilizada la situación, el personal logró asegurar la carga y trasladarla a la dependencia local para su apertura formal en presencia de testigos hábiles. La requisa permitió constatar la existencia de 53 bultos con electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y otros artículos de importante valor comercial, todos ingresados al país por vías ilegales.
El procedimiento contó además con la intervención de otras fuerzas federales y provinciales, mientras las actuaciones quedaron bajo la órbita de las autoridades judiciales competentes. La labor de la Prefectura Naval Argentina fue central tanto en la detección de la maniobra como en la preservación de la evidencia en un contexto de extrema hostilidad, un aspecto que refuerza el papel estratégico de la institución en uno de los corredores más delicados del país.
Interviene en la búsqueda del esclarecimiento de lo sucedido, el juez Federal de Puerto Iguazú, Dr. Marcelo Cardozo y el fiscal respectivo, Dr. Marcelo José Bernachea.
En una frontera donde confluyen selva, río, paso clandestino, logística criminal y disputa permanente por el control del territorio, cada operativo exitoso la existencia de una presión delictiva sostenida y, al mismo tiempo, la capacidad de la Autoridad Marítima argentina para sostener presencia, reacción y custodia en un espacio donde el Estado es puesto a prueba de manera recurrente y bajo el fuego.
