El conflicto por distintas recomposiciones salariales entre los gremios de la marinería y las cámaras empresarias parece no encontrar una solución satisfactoria.
La negociación paritaria comenzó a mediados de marzo, cuando el convenio colectivo de trabajo (CCT) venció el 28 de febrero. Las partes buscaron un equilibrio, pero el proceso se dividió en dos enfoques distintos.
Por un lado, el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), liderado por Pablo Trueba, acordó un aumento salarial del 20% para marzo y un 15% para abril, superando la inflación mensual pero intentando recuperar lo perdido en el último trimestre del ejercicio 2023-24. Por otro lado, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) liderado por Oscar Bravo, buscó equilibrar la pérdida del poder adquisitivo frente a la alta inflación de la última mitad del ejercicio pasado.
El SOMU no aceptó ni firmó ese acuerdo, a pesar de que su sede central en Buenos Aires mostró mayor disposición al diálogo, quizás por su cercanía con aquellos que pretenden no homologar aumentos superiores a la inflación mensual. El criterio de esta postura, no está claro, pero se presupone.
A mediados y fines de abril, comenzaron las demoras en la salida de la flota, presionando por una recomposición. Las diferencias salariales eran evidentes, pero los armadores argumentaron que no podían pagar más debido a la depresión de precios en los mercados internacionales, la falta de demanda, los costos crecientes ajustados por IPC y un tipo de cambio casi estancado con un ajuste mensual del 2%. La merluza en el muelle seguía valiendo $650, el mismo precio de cinco meses atrás, lo cual es comprensible.
Ambas partes tienen razones para defender sus posiciones: la marinería ha quedado rezagada en comparación con otros gremios y ha perdido contra el IPC, mientras que los armadores aducen que no pueden pagar lo que no ganan.
El 3 de mayo se llegó a una conciliación obligatoria de 15 días hábiles, que finalizó el 29 de mayo. La ley estipula cinco días hábiles más, que vencen hoy. Las negociaciones han subido de tono y ninguna de las partes ha encontrado el equilibrio necesario. El ego de los negociadores ha crecido más que el IPC, lo que hace improbable un acuerdo en el corto plazo. El SOMU podría quedar en libertad de acción a partir de mañana.
En este tiempo, hubo diferencias en las liquidaciones respecto al tipo de cambio del Programa de Incremento Exportador, que se superaron según lo acordado previamente. El SIMAPE, cansado de la situación, está negociando un aumento del 20% para mayo y otro 20% para junio. Sin embargo, algunas cámaras no pueden pagar más allá de la inflación prevista, cercana al 6% para mayo y 5% para junio, lo que también deja al SIMAPE en libertad de acción.
Si no hay una solución inminente, la paralización de la flota fresquera (merlucera y tangonera) parece inevitable.
