En el marco de la asamblea convocada en la jornada de ayer por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en el puerto local, y bajo la consigna «No somos la variable de ajuste«, los dirigentes locales, Oscar Bravo y Damián Basail, dirigieron un contundente mensaje a la tripulación.
En su intervención, enfatizaron que, hasta la fecha, las cámaras empresariales no han presentado formalmente ninguna solicitud ante el Ministerio de Trabajo, lo que, en consecuencia, invalida cualquier posibilidad de negociación formal en curso. No obstante, fueron enfáticos al reafirmar la postura inquebrantable del gremio, manifestando que no tolerarán ninguna reducción salarial ni modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo que contempla en U$S 5.800 por tonelada, el valor de referencia para el cálculo de haberes a la producción. Asimismo, instaron a los trabajadores a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos, ratificando su compromiso con la protección de las condiciones laborales del sector.
Durante la asamblea, Bravo dejó en claro la postura del sindicato frente a los intentos de reducir los salarios de los trabajadores del sector. «Acá básicamente no hay que hacer absolutamente nada, hay que esperar a que los empresarios se dignen a sacar a los barcos a pescar. Hay que salir con los convenios vigentes tal cual los tenemos, no hay que arreglar ni rescindir nada«, sostuvo el dirigente sindical.
Bravo enfatizó que, a pesar de la inflación y las condiciones económicas, los trabajadores no deben ceder ante presiones empresariales. «Ellos deben respetar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Si no lo hacen, no hay nada que discutir. Tenemos que seguir trabajando con ese convenio. Buscan reducir nuestro salario en un 30% porque dicen que ganamos mucha plata, pero acá nadie gana de más, a nadie le sobra nada«, expresó.
El dirigente del SOMU rechazó cualquier intento de ajuste sobre los salarios de la tripulación y argumentó que los empresarios deben buscar alternativas en otros sectores. «El sector empresarial tiene que entender que nosotros siempre cumplimos con todo arriba del barco. Ellos buscan reducir por el lado más débil, pero no es ahí donde tienen que buscar, sino en el gobierno. Del 2020 al 2022 triplicaron las exportaciones y no nos dieron nada, siempre intentaron pagarnos menos. Ahora no vamos a permitir que nos paguen menos de lo establecido por el convenio«, afirmó.
Respecto a la situación de la flota, se planteó que los empresarios tienen un tiempo determinado para mantener los barcos inactivos, pero que la pérdida económica también recaería sobre ellos. «Nosotros vamos a perder, pero el empresario va a perder mucho más. Por eso tenemos que hacer el aguante y resistir. Si al empresario no le sirve, que le deje su permiso a otro. El costo del langostino está establecido hace años, si no les da el número, que busquen otra especie. Los números siempre les dan«, señalaron en la reunión.
El secretario general también advirtió sobre intentos de las empresas de firmar acuerdos informales con las tripulaciones. «Están llamando a tripulaciones para ofrecerles acuerdos. Acá no hay que firmar nada. Pueden firmar lo que ellos quieran, pero si es por menos de lo que establece el convenio, carece de validez legal. Cuando llegamos a puerto, lo reclamamos«, advirtió Bravo, quien recordó que en Rawson se produjeron situaciones similares con acuerdos informales que no tuvieron sustento legal.
Finalmente, Bravo destacó que los barcos están preparados y que hay intenciones de salir a pescar, por lo que llamó a los tripulantes a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos. «Las campañas cada vez son más cortas, hay que aprovechar. Hoy por hoy, el valor del langostino está equilibrado y nos sirve, por eso hay que defenderlo«, concluyó.
De esta manera las posturas de ambos frentes quedan a la vista. Mientras desde las cámaras representativas del sector tangonero congelador esgrimen la inviabilidad del negocio, por su parte, el gremio de la marinería, -el eslabón de menores ingresos dentro de la plantilla laboral de un buque en comparación con capitanes y personal de máquinas-, esgrime su postura irreductible.
La realidad innegable es que, mientras las empresas enfrentan el deterioro progresivo de sus embarcaciones, amarrados en los muelles tras seis meses de inactividad –un despropósito económico de magnitud, considerando que resulta insostenible mantener una tripulación en nómina durante diez meses, incluyendo el pago del SAC, para operar efectivamente solo tres–, los trabajadores, por su parte, se ven forzados a subsistir con trabajos eventuales en sus provincias, aguardando una convocatoria que, inexorablemente, no llegará. En este contexto, los costos de vida continúan en ascenso, mientras los ingresos permanecen estancados, generando un círculo vicioso que perjudica tanto al sector como al país, que requiere con urgencia divisas y un crecimiento sostenido de sus exportaciones. Esta situación es la más clara evidencia de que las problemáticas de la actividad privada deben resolverse a través del diálogo entre las partes, propiciando un entorno laboral equitativo y sostenible. En un escenario donde los números determinan la viabilidad de cualquier proyecto, la única salida posible radica en la construcción de consensos que armonicen los intereses de todos los actores involucrados.
