La empresa manifestó públicamente su preocupación por la decisión del Gobierno del Chubut de dar por finalizado el contrato de arrendamiento firmado el 30 de septiembre y aseguró haber cumplido todas las obligaciones pactadas. También advirtió sobre el impacto jurídico e institucional que genera la medida.
El Grupo Profand difundió un comunicado en el que expresa su “consternación” ante la decisión del Gobierno del Chubut de rescindir de manera unilateral el acuerdo de explotación de los activos ex Alpesca, convenio firmado el pasado 30 de septiembre y que otorgaba a Pesquera Deseado S.A.U. la administración integral de la planta de Puerto Madryn, los buques y los permisos asociados.
La empresa sostuvo que cumplió “estrictamente con todas y cada una de las obligaciones establecidas” en el contrato, tanto en la puesta a punto de las instalaciones como en la contratación y el pago del personal. Según la compañía, se realizaron inversiones para garantizar la operatividad de la planta, cuyo funcionamiento resultaba esencial a pocas horas del inicio de la campaña de langostino.
Profand informó que el 4 de noviembre solicitó formalmente al Gobierno provincial la transferencia de los permisos de pesca y de los buques para asegurar la explotación integral de los activos, tal como establecía el contrato de arrendamiento. La empresa señala que esa gestión buscaba dar continuidad inmediata a la actividad industrial y cumplir con el cronograma operativo.
Sin embargo, la administración provincial comunicó la imposibilidad de avanzar con esa transferencia alegando que Profand no habría podido cumplir con determinadas obligaciones contractuales. En base a ese argumento, el Gobierno decidió dar por finalizado el acuerdo de manera unilateral.
Para Profand, la decisión carece de fundamento, desconoce lo actuado en la fase de transición y contradice los compromisos asumidos por el Estado provincial durante la negociación del contrato.
La rescisión ocurre en paralelo al acuerdo conciliatorio homologado por el Superior Tribunal de Justicia, mediante el cual Red Chamber Argentina deberá retomar la explotación industrial de la planta ex Alpesca. Ese giro judicial reconfiguró el marco operativo y dejó al contrato firmado con Profand en una zona de indefinición.
La empresa señala que la medida provincial “afecta la seguridad jurídica” y genera un impacto negativo para la operatoria empresarial en el país, especialmente cuando las compañías enfrentan procesos de inversión y de reestructuración productiva.
Aunque Profand no se refiere directamente a la resolución judicial que restituye a Red Chamber como operador, la rescisión del contrato implica que su participación en la planta queda supeditada a las decisiones que emanen del nuevo escenario legal y administrativo.
El comunicado concluye con un reconocimiento al equipo de trabajo de la planta por el compromiso demostrado durante el proceso de puesta a punto, mencionando que el avance logrado en pocas semanas fue posible gracias al esfuerzo y dedicación del personal involucrado.
Si bien la empresa reafirma su voluntad de “defender sus intereses legítimos”, evita adelantar qué estrategia adoptará frente a la decisión provincial o si recurrirá a instancias administrativas o judiciales.
