Hoy, 5 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una fecha instaurada por las Naciones Unidas para alertar sobre una actividad que amenaza la sostenibilidad de los recursos marinos, afecta la seguridad alimentaria global y genera pérdidas económicas millonarias para los países costeros y los pescadores que desarrollan su actividad dentro de las normas.
La magnitud del problema es considerable. Se estima que uno de cada cinco peces capturados en el mundo proviene de actividades ilegales o irregulares, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que más de un tercio de las poblaciones de peces se encuentran sometidas a niveles de explotación biológicamente insostenibles.
Sin embargo, detrás de las cifras globales existe una realidad que involucra directamente a la Argentina y que vuelve a situar al Atlántico Sudoccidental en el centro de la discusión internacional.
Un reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF) advierte que las pesquerías de calamar del Atlántico Sudoccidental, el Pacífico Sudoriental y el Océano Índico Noroccidental aportan alrededor del 60% del suministro mundial de este recurso.
Dentro de ese escenario, el Atlántico Sudoccidental ocupa un lugar particularmente relevante por la importancia del calamar argentino (Illex argentinus), una especie que representa aproximadamente el 14% de las capturas mundiales de calamar.
Pero el dato más llamativo es otro. El trabajo cita documentación presentada ante la FAO que identifica al calamar argentino como la pesquería más importante del mundo que opera fuera de la competencia de una organización regional de ordenación pesquera (OROP), es decir, sin un organismo regional que establezca reglas específicas de manejo para el recurso en aguas internacionales.
Según el informe, el Atlántico Sudoccidental concentra el 94,6% de las capturas mundiales no reguladas de esta especie y el 77% de todas las capturas obtenidas mediante pesca no regulada entre 2014 y 2023 correspondieron al calamar argentino.
Cuando se habla de pesca INDNR, suele pensarse en embarcaciones que ingresan ilegalmente en aguas jurisdiccionales de otros países. Sin embargo, el concepto también incluye la pesca no declarada y la pesca no reglamentada.
En el caso del Atlántico Sudoccidental, la preocupación se centra especialmente en esta última categoría.
Cada año, cientos de buques operan en aguas internacionales adyacentes a la Zona Económica Exclusiva Argentina atraídos por recursos altamente migratorios como el calamar. Aunque gran parte de esa actividad se desarrolla fuera de la jurisdicción nacional, especialistas y organismos internacionales advierten que la ausencia de mecanismos regionales específicos dificulta la recopilación de información, el monitoreo de las capturas y la adopción de medidas coordinadas de conservación.
La propia FAO ha señalado que existen pocas pesquerías de relevancia mundial que operen fuera de la competencia de una OROP y ubicó al calamar argentino entre las más importantes.
La conmemoración de este año encuentra además a la Argentina dando pasos para reforzar las herramientas disponibles frente a la pesca INDNR.
En ese plano también debe ubicarse la labor de Juan Antonio López Cazorla al frente de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, en coordinación con el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Prefectura Naval Argentina. La Disposición SSRAyP Nro. 20/2026 promulgada el 4 de febrero de 2026 incorporó un criterio operativo de alto valor probatorio, cuando un buque pesquero extranjero es detectado dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina navegando por debajo de determinados umbrales de velocidad y con trayectorias compatibles con maniobras de pesca, esa conducta queda jurídicamente encuadrada como actividad pesquera a los fines de la fiscalización.
La norma fortaleció la capacidad sancionatoria del Estado, redujo márgenes interpretativos y convirtió información técnica de vigilancia marítima en evidencia administrativa para actuar frente a operaciones compatibles con pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dentro del Mar Argentino.
Esta semana, una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios emitió dictamen favorable al proyecto que aprueba la adhesión del país al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la FAO.
Su objetivo es simple: impedir que las capturas obtenidas al margen de la ley encuentren puertos donde desembarcar, abastecerse o comercializar sus productos.
Para ello, el acuerdo permite a los Estados exigir información previa a los buques extranjeros, inspeccionar documentación y capturas, intercambiar información con otros países y, en caso de detectar irregularidades, rechazar el ingreso de embarcaciones a sus puertos.
La pesca INDNR no sólo genera impactos ambientales. Las capturas obtenidas fuera de los sistemas de control afectan la competitividad de las empresas que cumplen con las regulaciones, distorsionan los mercados y reducen la disponibilidad futura de los recursos.
Para países como Argentina, donde la pesca representa una fuente estratégica de empleo, producción y divisas, la sostenibilidad de especies como el calamar argentino trasciende la discusión ambiental y se convierte en una cuestión económica y social.
La creciente demanda mundial de calamar, la expansión de las flotas de aguas distantes y la ausencia de mecanismos regionales de administración en algunas de las principales pesquerías del planeta explican por qué la pesca INDNR continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda internacional.
En este contexto, el Atlántico Sudoccidental aparece como uno de los escenarios más observados por organismos internacionales, científicos y gobiernos. Allí convergen desafíos vinculados a la conservación de los recursos, la gobernanza de las aguas internacionales, la actividad de las flotas que operan más allá de las 200 millas y la necesidad de garantizar condiciones de competencia justas para quienes desarrollan la pesca dentro de las reglas.
El Día Internacional contra la Pesca INDNR vuelve así a recordar que la lucha contra esta problemática no depende únicamente de la vigilancia en el mar. También requiere cooperación internacional, transparencia, intercambio de información y herramientas que permitan cerrar cada vez más espacios a las capturas obtenidas al margen de la ley.
