Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para rechazar y declarar la invalidez del DNU 340/2025, emitido por el Poder Ejecutivo, por considerar que “lesiona gravemente la soberanía nacional, el trabajo argentino y la competitividad estratégica del sector naval”.
El decreto en cuestión establece el denominado “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”, que permite, entre otros puntos, que buques de bandera argentina puedan suspender su inscripción en la matrícula nacional por hasta diez años para registrarse en otros países, sin perder el tratamiento de buque nacional ni sus beneficios. Según los legisladores firmantes, esto configura “una renuncia directa al ejercicio soberano sobre bienes estratégicos de transporte” y habilita “un proceso de desbanderamiento masivo bajo el pretexto de una supuesta crisis de competitividad”.
El proyecto sostiene que el DNU fue dictado “en el marco de una emergencia autodeclarada” con el objetivo de “sortear la discusión democrática en el Congreso” y denuncia que se trata de “una reforma estructural del régimen jurídico de la marina mercante y del transporte fluvial y marítimo argentino”, que debió ser debatida en el ámbito legislativo.
Entre los puntos más cuestionados, se destaca la autorización a buques extranjeros para realizar tareas de cabotaje en aguas nacionales, incluso sin tripulación argentina, y la declaración del transporte como “servicio esencial”, lo que impone una prestación mínima del 75% en caso de conflicto colectivo. Esta medida, según los legisladores, “restringe en la práctica el derecho constitucional a huelga del personal embarcado y de los gremios marítimos”.
También se advierte sobre la eliminación de controles estatales, la derogación de normas laborales fundamentales contenidas en la Ley de Navegación N° 20.094 y en las leyes 27.418 y 27.419, y la reducción del poder regulador del Estado en materia de tripulación. Para los firmantes, esto representa “una lógica de mercado absoluto, incompatible con los deberes del Estado de proteger el interés público, el trabajo argentino y los recursos estratégicos”.
En el texto se solicita a la Comisión Bicameral Permanente que dictamine con urgencia sobre la invalidez del decreto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y la Ley 26.122, que regulan los límites a la emisión de DNU por parte del Ejecutivo.
“El sistema institucional argentino establece claramente que las reformas estructurales del régimen económico y social deben realizarse a través de leyes debatidas y aprobadas en el Congreso, y no por decretos unilaterales del Poder Ejecutivo”, argumenta el proyecto.
Los firmantes sostienen que el rechazo del DNU 340/2025 es necesario para “defender las atribuciones constitucionales del Congreso, los derechos de los trabajadores marítimos, la soberanía nacional y los intereses permanentes de la República Argentina”.