En el mar, la retórica administrativa se estrella contra un hecho simple y contundente, hay buques en velocidades compatibles con faena fuera del horario habilitado (07:00–19:00) y otros con AIS inactivo desde hace más de 11 horas. En estas condiciones, la arquitectura normativa —por extensa que sea— opera como un dispositivo meramente declarativo porque sin vigilancia efectiva, la regla se convierte en ficción.
La premisa es inequívoca, la sostenibilidad del recurso dependen del respeto irrestricto a la Ley Federal de Pesca y al plexo de medidas de administración y de manejo. No existe certificación, discurso ni sello reputacional o marketinero que sustituya ese principio rector. La norma, sin cumplimiento, no ordena, simula.
En paralelo, la Resolución CFP Nro. 7/2018 y sus modificatorias —tan discutidas como necesarias— fueron concebidas para contener la pesca indiscriminada sobre una especie particularmente sensible y transzonal como el langostino. Su carácter deficiente esgrimido por el sector, es la señal de que intenta limitar el exceso. El problema no reside en la existencia de medidas, sino en la coexistencia de rigor formal y laxitud operativa. Términos, muy paralelos y concordantes a lo que representantes de grupos empresarios dicen defender, mientras las mismas empresas hacen lo contrario.
El punto neurálgico es la fiscalización, el control. Si la administración se apoya en herramientas como monpesat, AIS y/o la intervención de Prefectura Naval Argentina, con monitoreo satelital, la pregunta deja de ser técnica y adquiere dimensión institucional ¿quién controla las operaciones de pesca en la provincia?.
La evidencia circunstancial —horarios vulnerados, velocidades compatibles con operaciones de pesca y señales desactivadas— sugiere que el sistema de control no acompaña, no disuade y, por ende, no gobierna.
La restricción horaria de pesca (07:00–19:00) no admite interpretaciones elásticas, es un límite operativo. Sin embargo, al momento de esta nota (03:18 horas del lunes 8 de diciembre de 2025), la actividad observada fuera de ese rango, sumada a buques con AIS apagado por lapsos prolongados (11 horas), impone una conclusión incómoda, la normativa parece operar más como recomendación que como obligación.
Bajo el paraguas del federalismo —y lo reiteramos con idéntica convicción— se han concedido márgenes de acción que, en los hechos, funcionan como licencia para una flota con ventaja estructural, opera a no más de dos horas del caladero. En los últimos años esa flota se multiplicó en unidades, se expandió en bodega real y capacidad efectiva, y convirtió las cuotas y límites de sus permisos en una formalidad casi anecdótica. El resultado es un poder de captura y un esfuerzo pesquero multiplicados de manera exponencial, con impacto inmediato sobre la biomasa transzonal de langostino. Y aquí no hay escapatoria semántica, el recurso no reconoce fronteras administrativas; lo que se sobrepesca en un ámbito se paga, inevitablemente, en el conjunto. Maxime en instancias de una cuotificación de la especie que podría involucrar historia de capturas por sobre derechos irrestrictos de permisos de pesca.
Los desbordes de mariscos en cubierta de banda a banda y a la altura de la borda —mientras se izan bolsas completas por ambos lados— constituyen, por sí mismos, un indicador de saturación operativa, una obscenidad; contradicen el criterio elemental que ordena la administración del recurso, conforme al cual no deberían ejecutarse maniobras de pesca mientras haya marisco en cubierta. Cuando lo observable en imágenes y videos desmiente lo prescripto, la norma pierde su carácter rector.
Circula información —señalada como verificada por partida doble— acerca de descargas e ingreso a planta con cajas que rondarían los 22 kg, con registros que alcanzarían incluso los 25 kg, pese a que la normativa establece 17 kg por unidad, con una tolerancia del 6% (equivalente a 18,06 kg). Si esta práctica se consolida de manera sistemática, el perjuicio no se limita a la dimensión biológica, se extiende al mercado, distorsiona el orden laboral y erosiona el marco fiscal, al consolidar un circuito de excedentes que se desliza fuera de la trazabilidad, el control y los registros contables.
Además, una asimetría relevante, las capturas en aguas bajo jurisdicción de esa provincia no aportan el Derecho Único de Extracción (DUE) a la Nación, lo retiene la provincia, pero al momento de distribuirse el FONAPE, Chubut participa como una provincia más. Es decir, no aporta, pero recibe. En magnitudes como las que se señalan —más de 106.000 toneladas en la temporada 2024–2025— el impacto deja de ser marginal.
La apelación tardía, desde Nación, a un mayor control resulta insuficiente cuando la primera parte de la zafra ya transcurrió. En términos políticos, la demora configura un mensaje, por acción u omisión, el sistema tolera lo que luego pretende corregir. Y cuando la tolerancia se naturaliza, el desorden deja de ser anomalía para convertirse en régimen.
En una pesquería certificada, no debería ser PESCARE quien exhiba estos despropósitos, debería operar un autocontrol estricto de los participantes, por respeto al sello y, sobre todo, por preservación del negocio a largo plazo. Asimismo, los consejeros del CFP deberían resguardar los derechos de otras flotas que operan sobre un recurso transzonal. Si no ocurre, el vacío de gobernanza se llena con poder de captura.
Resulta ineludible señalar la contradicción, se objeta la pesca por fuera de la ZVPJM entre febrero y mayo (“al norte”) por el efecto de un exceso de capturas en los precios internacionales —estadísticamente del orden de 7.000 toneladas— mientras se toleran prácticas que, de confirmarse, implican descontrol operativo en jurisdicción provincial sobre un recurso de naturaleza nacional y en un porcentaje mayor al 50% del total de descargas anuales de la especie.
Siendo los mismos grupos empresarios representados en cámaras que impulsan no pescar al norte por sobreoferta, los que admiten, absorben y procesan tamaña incoherencia. La coherencia no es un atributo retórico, es un requisito mínimo de administración. Por otra parte, también quienes sentados en la misma mesa y siendo de otras latitudes y con otras realidades, en cambio de defender estos derechos, lo convalidan con su silencio o con su acompañamiento.
Finalmente, en los últimos días se reporta la presencia de merluza en valores considerables, por encima del umbral aceptable. Y, una vez más, no se advierte un control capaz de interrumpir esa operatoria. Cuando el sistema no corrige temprano, la crisis no irrumpe de improviso, se anuncia.
Esta nota no pretende ejercer un correctivo moral. Aspira a dejar constancia de un hecho institucional, sin fiscalización real, el régimen de manejo, carece de sentido, la norma se degrada y el recurso queda expuesto. Pero sobre todo, se expone a quienes en aguas nacionales son tan estrictos en controlar la oferta de langostino en mercados internacionales, bajo el argumento de ejercer una defensa en los precios, mientras en aguas provinciales, los mismos grupos empresarios , operan en sentido contrario. Decadente, lamentable, no solamente por quienes lo provocan sino por quienes acompañan -a pesar de los distintos intereses- estas prácticas que van contra sus pares en la misma aldea.
Y lo peor es, que en instancias de una posible cuotificación de la especie, en este marco, se pondere con la historia de descargas;-sin control evidente-, por sobre el irrestricto derecho de un permiso de pesca emitido y avalado por la Nación.
