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    Conflicto

    Preocupante II. La histórica pesca de Mar del Plata vapuleada en el CFP

    PescarePor Pescare6 de febrero de 20257 Minutos
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    Mar del plata y el sector fresquero es un polvorín. Ahora avanzan desde Santa Cruz y Chubut por una cuota social de 8.000 toneladas. Ayer en el CFP hubo discusiones que llegaron casi a escenas de pugilato, mientras en Chubut algún operador recorre participantes con fines de lucro.
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    La pesca argentina, históricamente ligada al crecimiento de Mar del Plata, se consolidó como un pilar de la economía nacional y la soberanía sobre el mar argentino. Con el tiempo, la actividad se expandió hacia latitudes más australes, otorgando preponderancia a Chubut y, en menor medida, a Santa Cruz, especialmente con el auge del langostino, otrora considerado un producto gourmet de calidad premium, hoy degradado a mercancía vulgar por una gestión deficiente y falta de regulación estricta, pero sobre todo, por mercados internacionales que modificaron post pandemia habitos y costumbres de vida con incidencia directa en otros productos de cultivo.

    La federalización de la administración pesquera permitió un modelo de gestión más articulado, pero con un vandalismo en cuanto al respeto de la normativa vigente desde el 2017, aunque con la llegada de nuevas autoridades políticas y económicas, con escaso conocimiento del sector y posibles intereses ajenos a los históricos de la verdadera actividad pesquera, los avances logrados por el esfuerzo privado están en peligro. La pesca, que por décadas ha sostenido un modelo basado en la sustentabilidad económica, y sostenibilidad marina, hoy se ve amenazada por decisiones discrecionales y maniobras oportunistas que ponen en jaque la estabilidad del sector.

    Uno de los episodios más alarmantes se dio con la llegada de Claudio Vidal a la gobernación de Santa Cruz. Con un pasado gremialista y aspiraciones empresariales, su ambición de potenciar la economía provincial se ha traducido en una peligrosa flexibilización de las normas pesqueras. En un abrir y cerrar de ojos, con el aval del Subsecretario de Pesca, Santa Cruz accedió a 20.000 toneladas adicionales de merluza bajo la justificación del máximo interés social, un eufemismo que insulta la inteligencia de los verdaderos actores del sector.

    La falta de infraestructura, flota propia y mano de obra calificada en la provincia hace que esta medida no solo sea inejecutable en términos prácticos, sino también altamente perjudicial para la sostenibilidad del recurso y la sustentabilidad económica del sector merlucero. Se volcaran mas de 17000 toneladas de filet por total de la provincia (en el mejor de los casos) al mercado, con el agravante que el intermediario poco le importa de la conservación de la actividad, pues, su negocio esta cercano a la compensación impositiva de otras actividades siendo el precio ofertado un mero numero que erosiona a quienes viven de la pesca.

    » El sector fresquero de Mar del Plata, el histórico, el del trabajo y la historia de la pesca, está que arde con las decisiones del CFP y principalmente del presidente «, nos decía un histórico pescador que nació arriba de una lancha y asiduo parroquiano diario del Michelangelo.

    » El impacto de estas decisiones se traduce en una crisis de sobreoferta. Hoy, por cada barco que entra de merluza hay solo tres compradores, llevando los precios a niveles irrisorios, 650 mangos : cinco kilos de merluza equivalen al valor de un alfajor, vale menos que un chupetín«, enfatizó molesto » y todavía siguen dando… a barcos sin permiso de pesca y a otros que debiesen estar fuera del caladero desguazados, porque fueron reemplazados por unidades nuevas, ¡ esto es un a joda..!«.

    » Los que bancamos desde la primer agua a Antonio, estamos molestos, para nosotros todos son palos… a ver si se ponen las pilas y gestionan para el sector y no para el bolsillo «, terminó molesto el viejo pescador, mientras intentamos minimizar otras aseveraciones mucho más elevadas de tono.

    La desregulación del sector ha distorsionado completamente el mercado y ha puesto en peligro la viabilidad de toda la cadena productiva.

    Pero la voracidad no se detiene. No satisfecho con el abuso en la asignación de cuotas, Vidal ahora pretende «investigar» los recursos vivos del Golfo San Jorge, desconociendo el trabajo histórico del INIDEP y los antecedentes del sector. En un nuevo intento de avasallar el orden y el equilibrio pesquero, buscó la asignación de 8.000 toneladas adicionales para Santa Cruz y la misma cantidad para Chubut, con el pretexto de mantener cerrado el Golfo. Sin embargo, los estudios han demostrado que en esta área abundan juveniles de langostino y merluza, cuya captura comprometería gravemente la sostenibilidad del caladero.

    Las tensiones han escalado al punto de desencadenar enfrentamientos verbales en el Consejo Federal Pesquero (CFP), con episodios de casi pugilato entre el representante de Buenos Aires y el presidente del organismo. La situación es un reflejo del caos en la gestión pesquera actual, donde iluminados con buenos asesores logran beneficios arbitrarios en detrimento del conjunto del sector. Después el sector atribuye a sus males a quienes redactan la realidad de lo que pasa con crudeza ante el silencio sepulcral del punto 7.9 del Acta CFP Nro.1/2025. » ¡Nadie dijo nada..! y ahora se hacen los defensores del pueblo, mientras simultáneamente envían a un operador vinculado en la misma vieja gestión con intereses recaudatorios, recorriendo la banda de Chubut en busca de oportunidades de negocio «, en un mercado al borde del colapso por los mismos gestores del ocaso.

    El sector pesquero marplatense está en una encrucijada y de pésimo humor. La política cambia, pero las malas costumbres persisten. Lo que alguna vez fue un modelo de administración sustentable hoy corre el riesgo de convertirse en un festín de oportunistas, poniendo en peligro no solo la economía pesquera, sino también ños de sacrificio al servicio del sector. Urge una reacción firme de los actores responsables para frenar el avance de la improvisación y garantizar que la pesca siga siendo un motor de desarrollo nacional, basado en la racionalidad, la sostenibilidad y el respeto por las normas y leyes preestablecidas.

    Un pedido desmedido que atenta contra el equilibrio

    En una nueva demostración de avasallamiento sobre la lógica de reparto equitativo, la provincia de Santa Cruz ha elevado su intención de sumar cerca de 8.000 toneladas más a su cuota social de langostino, en una maniobra que no sólo desdibuja el criterio de distribución, sino que también amenaza con romper el ya frágil equilibrio biológico, económico e histórico que rige la actividad pesquera en el país. Mientras desde algunas cámaras del sector pesquero intentan frenar capturas buscando bajar un 30% la mano de obra del personal embarcado, las mismas dos provincias buscan pescar más langostino. Incongruencias o » ¡mientras yo pesco y vendo, vos mira con la flota parada..! «, terminó la charla el armador, como una pipa de colorado a pesar de su tez bronceada.

    Este pedido, lejos de responder a un esquema racional de necesidades compartidas, se instala como una jugada unilateral que busca favorecer intereses particulares a expensas del ecosistema y del resto de las provincias con derechos legítimos sobre el recurso. Chubut, que también ha elevado su solicitud en términos similares, al menos se mantiene dentro de una lógica de proporcionalidad y equidad, algo que parece haber quedado en un segundo plano para Santa Cruz en su afán por consolidar su predominio sobre el sector.

    Las consecuencias de esta maniobra no son menores. El incremento de la cuota en semejante magnitud podría alterar gravemente la dinámica poblacional de las especies involucradas, generando un impacto ecológico difícil de revertir. A nivel económico, una concentración mayor en manos de una sola provincia podría traducirse en distorsiones que afecten la sustentabilidad del resto de la industria pesquera, poniendo en jaque puestos de trabajo y el desarrollo armónico del sector.

    No es la primera vez que se intenta imponer, con pretextos administrativos, una estrategia de apropiación que ignora los criterios científicos, históricos y sociales que deberían regir la distribución del recurso. Y, si esta tendencia no se frena a tiempo, se corre el riesgo de dejar en manos de unos pocos lo que debería ser administrado con equidad y responsabilidad para todos. Mientras tanto, Mar del Plata discute si el IPC es la variable de ajuste o no al trabajador, que dicho sea de paso, en muchas plantas hasta se liquidan extras en negro…en el mejor de los casos.

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