Desde hace al menos dos a帽os, la actividad pesquera argentina navega en un estado de defensiva permanente, obligada a destinar energ铆a y recursos no al desarrollo ni a la innovaci贸n, sino a su propia supervivencia. En lugar de enfocarse en la competitividad, en la optimizaci贸n de procesos o en el acceso a nuevos mercados, gran parte del esfuerzo sectorial se diluy贸 en disputas por la redistribuci贸n de cuotas de merluza, en negociaciones est茅riles y en la defensa de derechos hist贸ricamente adquiridos. Mientras tanto, y en silencio, avanzaron reformas impositivas regresivas, aumentaron a la estrat贸sfera los derechos de extracci贸n y se profundiz贸 la indiferencia del Estado frente a una estructura de costos que ya resultaba asfixiante incluso antes de la crisis macroecon贸mica.
Hoy, el sector comienza a pagar las consecuencias de haber sido empujado a ese estado de reacci贸n continua: balances apretados, m谩rgenes m铆nimos y una creciente tensi贸n en torno a la sustentabilidad econ贸mica de las flotas merluceras y langostineras. Apenas sostenido por un 鈥渧eranito鈥 de buenos rendimientos en la pesca de calamar, el sistema vuelve a desviarse de discusiones estrat茅gicas, mientras se reinstala en el Congreso un proyecto de Ley de Trazabilidad que, bajo el argumento de la transparencia y la trazabilidad internacional, introduce un modelo burocr谩tico de gesti贸n alejado de las verdaderas necesidades productivas.
Lo m谩s preocupante es que esta nueva avanzada cuenta con impulso pol铆tico desde la Comisi贸n de Agricultura, Ganader铆a y Pesca, presidida por dirigentes cuya experiencia se limita al agro continental, y que desconocen por completo las particularidades de la pesca mar铆tima.
El resultado es previsible: se busca imponer un sistema centralizado, costoso y duplicador de controles, desoyendo la existencia de herramientas ya operativas como el SiFIPA. Este nuevo intento de regimentar la trazabilidad pesquera no solo amenaza con entorpecer la operatoria cotidiana, sino que avanza sobre la esencia misma del modelo productivo, marginando al sector privado en el dise帽o de las pol铆ticas que lo afectan.
En este contexto, resulta parad贸jico que mientras el gobierno nacional promueve un modelo de desregulaci贸n, simplificaci贸n y eficiencia administrativa, la pesca deba enfrentarse a una oleada inversa, impulsada desde sectores subnacionales y ONG ambientalistas, que buscan reinstalar viejas l贸gicas de control estatal r铆gido y verticalista. Dormirse ante esta coyuntura ser铆a un error costoso: lo que est谩 en juego no es solo un mecanismo de trazabilidad, sino la capacidad misma del sector para definir su futuro sin ser asfixiado por quienes lo miran desde la orilla, sin conocer lo que pasa en el mar.
Con el impulso de ONG ambientalistas, sectores del SENASA y senadores con fuertes v铆nculos a la actividad pesquera de sus provincias, se busca reinstalar un proyecto de ley de trazabilidad pesquera nacional que, m谩s que ordenar, amenaza con duplicar funciones, burocratizar procesos y entorpecer la operatoria de la flota nacional.
Aunque la reciente ca铆da del proyecto de trazabilidad en el Senado por falta de qu贸rum hacia fines del a帽o pasado cuando pareci贸 marcar una pausa, los sectores impulsores ya se reactivaron. La comisi贸n de Agricultura, Ganader铆a y Pesca del Congreso ha sido el escenario ideal para que legisladores con intereses provinciales, especialmente ligados a Chubut, presionen por una norma que, bajo la excusa de alinearse a exigencias internacionales, apunta a imponer nuevos niveles de control sobre una industria que ya cuenta con herramientas eficaces como el sistema SiFIPA dependiente de la Direcci贸n Nacional de Coordinaci贸n y Fiscalizaci贸n Pesquera.
El el video oficial de la renovaci贸n de autoridades, se percibi贸 el esp铆ritu de lo que ser谩 un nuevo embate hacia el sector pesquero. Duplicar m茅todos de trazabilidad, control y fiscalizaci贸n en un certero ataque para deslindar a la DNCyFP la autoridad de aplicaci贸n y otros actores, en el marco de una Ley Nacional de Trazabilidad puedan tener mayor participaci贸n embebidos con ambientalismo y sus claras intenciones proteccionistas. As铆 empez贸 Espa帽a, y hoy pescar es un acto casi revolucionario contra el poder de Luxemburgo.
SiFIPA: un sistema en funcionamiento, no un vac铆o normativo
El sistema SiFIPA (Sistema Federal de Informaci贸n de Pesca y Acuicultura), implementado por la Subsecretar铆a de Pesca de la Naci贸n, ya garantiza trazabilidad desde el primer eslab贸n productivo. Es cierto que podr铆an fortalecerse los controles en muelle, pero ese no es el foco de los nuevos proyectos. Lo que se plantea, en cambio, es una estructura normativa paralela, con superposici贸n de autoridades, duplicaci贸n de registros y una burocracia que puede derivar en trabas operativas innecesarias y aun mayores a la que hoy pisa el dinamismo de la actividad pesquera.
La propuesta de imponer una ley nacional 煤nica, con un sistema centralizado de trazabilidad, ignora las capacidades ya desplegadas por el SiFIPA y responde m谩s a una estrategia de posicionamiento pol铆tico y territorial 鈥攅specialmente desde Chubut鈥 que a una necesidad t茅cnica real. El riesgo es claro: lo que se presenta como un avance hacia la transparencia puede convertirse en un laberinto de actos administrativos, validaciones cruzadas y fiscalizaciones redundantes, que impactar谩n directamente en la productividad, dinamismo y competitividad del sector.
驴Trazabilidad o herramienta de presi贸n pol铆tica?
Bajo el pretexto de cumplir recomendaciones multilaterales 鈥攃omo las promovidas por FAO u otras organizaciones no gubernamentales que buscan mayor protagonismo que entidades oficiales de control鈥 se promueve una normativa que busca centralizar decisiones, ampliar el margen de intervenci贸n de organismos como SENASA y darle a las provincias un rol extendido en aguas nacionales. Esto rompe con el principio de unidad jurisdiccional en zonas donde ya existen marcos operativos claros, acordados y funcionales.
Adem谩s, se enarbola un discurso que confunde trazabilidad con control absoluto. Las recomendaciones internacionales, si bien sugieren sistemas integrados, no exigen marcos 煤nicos, ni mucho menos un modelo de verticalismo regulatorio. Argentina, con el SiFIPA, ha demostrado que puede avanzar hacia la trazabilidad sin sacrificar eficiencia ni autonom铆a operativa. Argentina goza de un Certificado de Captura Legal reconocido a nivel mundial en forma electronica siendo pionero de este modelo.
Una agenda con rostro ambiental y cuerpo pol铆tico
El trasfondo de esta avanzada es evidente: no se trata solo de mejorar el rastreo de los productos pesqueros. Se trata de una puja por el control pol铆tico y regulatorio del sector, donde algunas provincias con activa representaci贸n en el Congreso, busca proyectar su poder m谩s all谩 de su jurisdicci贸n, incidiendo sobre aguas nacionales y condicionando a la flota que opera desde otros puertos.
En lugar de fortalecer lo que funciona, se insiste en crear nuevos organismos, m谩s formularios, m谩s verificaciones, y una estructura que, lejos de beneficiar al consumidor, al ambiente y fundamentalmente a la actividad pesquera toda, ralentiza al productor, encarece la operatoria y duplica actos administrativos.
Conclusi贸n: orden s铆, asfixia no
La pesca necesita control, sin dudas, y eso se marca desde la llegada del nuevo Director Nacional de Pesca, Dr. Arturo Idoyaga Molina, pero tambi茅n previsibilidad, agilidad y competitividad. Una ley nacional que imponga nuevos requisitos sin consensos sectoriales reales ni participaci贸n del sector pesquero, ni diagn贸sticos operativos actualizados solo servir谩 para obstaculizar. En un contexto global donde la trazabilidad es una demanda creciente, Argentina ya cuenta con una base s贸lida. Lo que falta no es m谩s papel y mucho menos nuevos participantes: es decisi贸n pol铆tica para aplicar lo que ya existe con eficacia y eficiencia, y sin ceder el rumbo a agendas disfrazadas de ambientalismo que, en el fondo, responden a intereses territoriales, partidarios y sectoriales.
