Extenso. Así calificó el gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, Mariano Retrivi, el encuentro que en la tarde de ayer mantuvo en el Ministerio de Trabajo de la Nación con Noemí Rial, a cargo de la Secretaría de Trabajo en la cartera.
El dirigente estuvo en Buenos Aires acompañado por el asesor legal de la cámara, Oscar Gerez, con el objetivo de abordar el cortocircuito que generó el Somu a partir del pedido de tres cajones por barco y por marea para destinarlo a su obra social.
La negativa expresada por la Asociación, vale recordarlo, devino luego en el bloqueo de las exportaciones de ocho pesqueras locales, ajenas al conflicto pero utilizadas como medio de presión, una práctica reiterada por el gremio.
“Explicamos todos los motivos, tanto legales como racionales y económicos, que nos impiden poner en práctica tal exigencia. Venimos de firmar en mayo la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo. No podemos avalar esto”, expuso Retrivi.
Sobre la actitud asumida por Rial, agregó: “La ministra nos indicó que su ministerio y el de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación dialogarán con representantes del Somu para solicitarles que revean su actitud con los exportadores”.
Por lo pronto, ni el secretario general del Somu, Omar Suárez, ni alguno de sus colaboradores tomaron parte de las conversaciones oficiales. Sí ha habido en los últimos días contactos telefónicos.
De no mediar una acción que permita la carga de contenedores con productos del variado costero, fundamentalmente corvina, podría generarse un nuevo encuentro en el Ministerio durante las próximas horas; aunque por ahora sobra incertidumbre.
“Se le está haciendo un daño enorme al Gobierno, al sector y al país sin sentido ni oportunidad que lo justifique”, concluyó Retrivi.
Por su parte, trascendió que las empresas afectadas recurrieron a la Justicia Federal, interponiendo amparos para liberar los envíos. Buscan cumplir con sus clientes y al mismo tiempo evitar grietas en el circuito productivo.
Como antecedente aparece una medida similar presentada por Cepa y Caipa en junio de 2010 y que tuvo curso favorable, cuando la fracción que lidera Suárez frenaba las cargas de toda la industria.
En aquella oportunidad el juez Alfredo López dispuso el libre tránsito de la mercadería bajo apercibimiento de remitir el caso a la Justicia Penal y aplicar sanciones de carácter económico.
