La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había extendido por 45 días la continuidad de las autoridades para evitar una acefalía institucional, en medio de un proceso electoral suspendido y con impugnaciones pendientes. Ese plazo terminó. La negociación paritaria 2026-2027, vencida desde el 28 de febrero, continúa sin cierre.
En ese marco, el SOMU de Mar del Plata convocó para hoy a las 11 a una reunión informativa con afiliados para buscar consenso frente a las cámaras representativas de los buques fresqueros. La convocatoria llega con el convenio vencido, la prórroga agotada y ya sea la flota del lado armatorial como las tripulaciones desde la mano de obra como sustento de sus familias necesitan reglas claras para destrabar una situacion donde todos están cómodos pero los problemas no se resuelven.
El punto exige una definición sin rodeos. Los trabajadores necesitan saber bajo qué condiciones embarcan; los armadores, qué costo laboral deberán afrontar; las cámaras, quién tiene capacidad plena para negociar; y el puerto, bajo qué marco se ordena la operatoria inmediata. Esa cadena básica, elemental para cualquier actividad productiva seria, vuelve a quedar expuesta en la pesca como una fragilidad estructural repetida durante décadas: normas que rigen con fuerza variable, reglamentaciones que parecen adquirir peso según la conveniencia del momento y decisiones institucionales que llegan tarde, cuando el costo ya fue trasladado al muelle, a la empresa y al trabajador.
La última prórroga de mandatos del SOMU venció el sábado 9 de mayo. Desde entonces, la negociación fresquera permanece abierta sobre una base institucional que requiere precisión urgente. La Justicia, que desde el 1 de enero de 2026 viene administrando el expediente mediante extensiones, aclaraciones y tiempos procesales insuficientes para la dinámica real del puerto, quedó frente a una pregunta que ya no admite dilación: cuál es el alcance efectivo de una representación sostenida por una prórroga vencida.
El daño excede el expediente. Afecta al trabajo embarcado, a la inversión armatorial, a la previsibilidad empresaria y a la confianza comercial de una actividad que vende al mundo mientras convive con reglas internas de cumplimiento incierto. La pesca fresquera necesita convenios claros, interlocutores legitimados y decisiones verificables. Sin ese piso, cada acuerdo nace expuesto, cada zarpada se programa bajo reserva y cada comprador internacional observa una operatoria condicionada por la inestabilidad de un país que demasiadas veces convierte lo básico en excepcional.
La falta de certeza es una forma de maltrato. Lo es para la mano de obra que necesita embarcar con condiciones conocidas. Lo es para quienes invierten, sostienen buques, pagan costos crecientes y procuran hacer de la pesca fresquera una actividad capaz de generar desarrollo en las localidades ribereñas del Mar Argentino. Y lo es también para un sistema productivo que, ante cada vencimiento, vuelve a descubrir lo mismo: sin legalidad clara, representación firme y reglas estables, la pesca pierde mucho más que tiempo. Pierde seriedad.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, -más cerca de cambalache que de la necesidad de la gente-, pasa inadvertida cada ocasión para poner límites y seriedad a una industria y producción que dependen miles de familias, sean empresarios o trabajadores. El núcleo fresquero argentino no merece este destrato.
Hoy el gremio buscará ordenar consenso interno. Pero la pregunta de fondo queda latente, ¿qué validez tendrá cada paso de una negociación sostenida sobre una prórroga ya vencida de mandatos?.
El puerto necesita una respuesta concreta; no una aventura judicial en perjuicio de toda una actividad.
