En aguas bajo la jurisdicción de la provincia de Chubut, se han logrado avances importantes, decisivos y en el marco del respeto en rigor al consenso en las negociaciones entre la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) y los gremios que representan al personal embarcado.
En este marco, Capitanes encontraron su punto de equilibrio en el cual se llegó a la firma de un acuerdo 2025-2026 firmado el 12 de septiembre.
Lo propio hizo el personal de máquinas, donde el gremio SICONARA Chubut logra entablar un Acta Acuerdo para la temporada 2025-2026 cerrado la semana pasada, el 17 de septiembre.
La marinería, nucleada en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) asumió el compromiso ya consensuado de palabra con la CAFACh, pendiente de formalización durante esta semana.
De manera paralela, se alcanzaron entendimientos con personal de descargas y alistamiento, así como con el STIA, sindicato que representa a los trabajadores de las plantas de procesamiento e industrialización.
Este marco de consenso permitirá organizar la prospección en aguas provinciales, la cual se busca realizar antes del 15 de octubre e inmediatamente después de cerrar la pesquería en aguas nacionales, al menos en la ZVPJM. Este paso es clave para evaluar la situación del recurso y definir la apertura formal de la temporada en Chubut.
Reuniones a nivel nacional
Mientras Chubut avanza con acuerdos internos, en el plano nacional se prepara una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para mediados de esta semana, posiblemente el 24 del corriente.
Allí, referentes de la flota congeladora tangonera abordarán la planificación del cierre de la temporada en aguas nacionales. Esta definición no solo depende de factores biológicos, sino también de la dinámica del mercado internacional y de la demanda de las empresas exportadoras.
En este contexto, algunas decisiones se ven influidas por estrategias comerciales globales, especialmente de grupos con sede en Vigo, España, donde se concentran importantes actores del sector pesquero.
Marco normativo y regulaciones
La Ley Federal de Pesca establece que la Nación debe promover el desarrollo sustentable de la actividad, resguardar los recursos y favorecer el empleo argentino. Sin embargo, en la práctica, la aplicación de estas directrices enfrenta desafíos vinculados a la realidad operativa y a la interacción con el mercado internacional.
El Instituto biológico rector, junto con el Consejo Federal Pesquero, regulan la actividad a través de un sistema de control basado en un “semáforo biológico” ; en verde, se habilita la captura cuando el recurso se encuentra en talla comercial adecuada, con niveles controlados de hembras impregnadas y fauna acompañante —principalmente merluza— por debajo del 20%; por lo contrario, en rojo, obliga a cerrar la pesquería cuando los indicadores superan los límites establecidos determinados por la sostenibilidad de la biomasa y decisiones basadas en cálculos matemáticos dependiente del estado de la especie objetivo y su acompañante.
Este esquema está contemplado en la Resolución CFP Nro.7/2018 y sus modificatorias, que definen las pautas de manejo responsable de la especie y que tanto resultado han demostrado en los últimos 7 años.
Influencia de eventos internacionales
El próximo 6 de octubre, en Vigo, España, se llevará a cabo Conxemar 2025, una de las ferias internacionales más relevantes del sector de pescados y mariscos congelados.
Fuentes del sector señalan que existe interés en cerrar la operatoria de aguas nacionales antes de este evento, lo que podría derivar en el último despacho a pesca entre el 1 y el 4 de octubre.
Si bien la eventual adopción de esta medida podría enmarcarse dentro de una lógica de organización comercial, su alcance trasciende ampliamente dicha justificación y abre una serie de interrogantes de profundo calado institucional y económico. En primer término, pone en evidencia las tensiones latentes entre la gestión pesquera local y las exigencias impuestas por los mercados externos, un delicado equilibrio que se vuelve aún más crítico ante la relevancia estratégica del langostino para la Argentina.
Este recurso no solo representa uno de los principales motores de generación de divisas por exportaciones, sino que también constituye una fuente insustituible de empleo genuino en vastos sectores de la industria marítima y portuaria. La situación adquiere mayor complejidad en una temporada atípica, marcada por la ausencia total de actividad fuera de la Zona de Veda Permanente de Juveniles de Merluza (ZVPJM), comúnmente denominada “al norte”, y por un retraso en la salida a la pesca originado en decisiones controvertidas, entre ellas, la reducción del 30% en el ingreso de la tripulación embarcada.
Estas determinaciones, calificadas por diversos actores como arbitrarias y desconectadas de la realidad productiva, han derivado en la pérdida de jornadas laborales y, en consecuencia, en una merma significativa en el volumen de descargas, con impacto directo sobre la economía regional y nacional.
En este escenario, la imperiosa necesidad de una planificación soberana y articulada se erige como condición ineludible para garantizar no solo la sustentabilidad del recurso pesquero, sino también la protección del entramado social y económico que depende de esta actividad para su subsistencia y desarrollo colectivo. No obstante, sobre esta premisa se cierne la sombra de un antiguo paradigma, heredado de la llamada “banquina histórica”, donde la lógica de mercado imponía límites a los precios en boca de bodega mediante la controvertida práctica de “la tarifa”.
Así, resurge con inquietante vigencia aquel viejo adagio que sentencia: “pescar menos, para que valga más”. Una consigna que, lejos de promover el crecimiento sostenible y el pleno empleo, instala la idea de restringir la producción como estrategia de valorización, subordinando el bienestar de miles de trabajadores y el desarrollo de las comunidades pesqueras a los vaivenes de intereses comerciales ajenos a la realidad del litoral argentino.
