La presentación judicial, realizada ante la Justicia Federal de Mar del Plata y ahora una presentación patrocinada por los abogados Fernando Burlando y Juan Tiberio, apunta contra los funcionarios que integran el Consejo por una resolución firmada en septiembre de 2024 que asignó las cuotas de captura para el período 2025-2039.
El BP Tai An, fue el responsable de una de las infracciones ambientales más graves registradas en los últimos años. En marzo de 2024, el BP Tai An —propiedad de Prodesur— fue obligado a regresar al puerto de Ushuaia tras comprobarse que había pescado sin autorización 175 toneladas de merluza negra, gran parte de ellas ejemplares juveniles. La empresa fue multada con $113,4 millones, sanción que luego fue reducida a la mitad por haberse allanado, y se le impuso una prohibición de pesca por 45 días.
El informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) documentó que el Tai An realizó pesca dirigida —no incidental, como alegaba la empresa— en zonas vedadas y a profundidades prohibidas, violando así el régimen especial de protección que rige para la merluza negra debido a su lento ciclo de reproducción y a las rigurosas medidas de protección de la especie a nivel mundial.
Pese a estos antecedentes, Liu insiste en acceder a una cuota de captura. En 2024 ya había solicitado 700 toneladas, intento que fue rechazado por el CFP. Ahora, sostiene que se le habría exigido el pago de sobornos para ser incluido en la distribución, aunque fuentes del sector pesquero señalan que Prodesur vendió en su momento la cuota que poseía, en el marco del sistema de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) establecido por la Ley Federal de Pesca.
El CFP, debido a su competencia y a la sede habitual de sus reuniones, la causa judicial fue unificada con otra denuncia por cohecho —presentada por el exintendente marplatense Gustavo Pulti— y trasladada a la Justicia Federal de CABA.
El caso Tai An generó consecuencias políticas: tras la denuncia impulsada por otras empresas pesqueras con cuota asignada (Argenova, Estremar y Pesantar), renunciaron Pablo Ferrara Raisberg, representante de la Cancillería en el Consejo, y Julián Suárez, entonces Director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera, (miembro remanente del equipo de gobierno precedente).
Liu Zhijiang, radicado en Ushuaia desde hace 30 años, mantiene fuertes vínculos con el poder local. El Tai An, buque de 104 metros de eslora, fue adquirido al gobierno chino —con el que Liu tenía lazos como traductor— y representa una pieza importante para la actividad pesquera en Tierra del Fuego.
La merluza negra (dissostichus eleginoides), conocida internacionalmente como Patagonian toothfish, cotiza por encima de los USD 25.000 por tonelada y se encuentra bajo un estricto régimen de conservación. En 2023, el límite de captura incidental fue reducido a 5 toneladas por marea; las 175 toneladas capturadas por el Tai An superaron ese tope en un 3.400%, además de capturas de especies juveniles.
El intento del empresario de volver al negocio de la merluza negra, tras una sanción tan grave y reciente, ha despertado preocupación en el sector pesquero y en ámbitos judiciales. Las denuncias cruzadas abren un nuevo capítulo de tensión en torno al manejo de una de las especies más estratégicas y delicadas del Mar Argentino.
Fuente: Infobae
