El Consejo Federal Pesquero modificó la convocatoria para la presentación de proyectos destinados a la explotación de calamar mediante buques poteros y reordenó el esquema que definirá la asignación de hasta 18 nuevos permisos de pesca sobre una de las especies de mayor valor estratégico del Atlántico Sudoccidental.
La decisión quedó plasmada en la Resolución CFP N° 8/2026, aprobada por mayoría durante la última reunión del organismo, con el voto negativo de la representación de la provincia de Buenos Aires, que reiteró los mismos argumentos expuestos al momento de rechazarse la convocatoria original.
La norma corrige aspectos de la Resolución CFP N° 6/2026, reemplaza el anexo de calificación de los proyectos y ajusta el cronograma de presentaciones. Pero el cambio central no está sólo en la forma del expediente. Está en la señal productiva que introduce: los proyectos que apuesten por buques construidos en astilleros argentinos tendrán una ventaja reglamentaria concreta dentro del sistema de evaluación.
Uno de los cambios más relevantes está vinculado con los plazos para incorporar los buques a la Matrícula Nacional. Mientras que los barcos ya existentes deberán hacerlo antes del 31 de diciembre de 2027, los buques nuevos construidos en el extranjero tendrán plazo hasta el 31 de diciembre de 2028 y aquellos construidos en astilleros argentinos dispondrán de un año adicional, hasta el 31 de diciembre de 2029.
La diferencia temporal no es administrativa. Tiene impacto industrial. Reconoce que construir un buque nuevo en el país demanda mayor plazo técnico, financiero, contractual y operativo que incorporar una unidad ya existente o importar una embarcación construida en el exterior. En ese punto, la convocatoria deja una señal explícita hacia la industria naval nacional.
La modificación más significativa aparece en el sistema de puntuación que determinará el orden de mérito de los proyectos.
La nueva tabla de evaluación incorpora una categoría específica para los buques nuevos construidos en astilleros nacionales, que recibirán 80 puntos. En comparación, un buque nuevo construido en el exterior obtendrá 40 puntos, mientras que las embarcaciones de hasta diez años accederán a 30 puntos.
La diferencia puede ordenar la competencia. En un proceso donde los proyectos serán seleccionados por puntaje hasta completar el cupo máximo de permisos disponibles, la construcción nacional queda convertida en una ventaja competitiva directa dentro del orden de mérito.
De esta manera, la convocatoria deja de enfocarse exclusivamente en ampliar la capacidad de captura de la flota potera y suma un objetivo industrial vinculado al desarrollo de la construcción naval argentina, con impacto potencial sobre astilleros, proveedores, empleo técnico, ingeniería naval y servicios portuarios.
Otra de las modificaciones introducidas corrige un aspecto que había generado observaciones dentro del sector.
La resolución original comenzaba a otorgar puntaje por empleo registrado recién a partir de las empresas con más de 300 trabajadores. Ahora se incorporaron categorías para compañías que emplean entre 1 y 299 personas, ampliando el universo de potenciales beneficiarios y permitiendo que empresas medianas también sumen puntos dentro del proceso de selección.
Ese ajuste modifica la lectura del esquema. Ya no se trata únicamente de ponderar grandes estructuras laborales consolidadas, sino también de reconocer operadores con menor escala, pero con empleo formal y capacidad de integrarse a una pesquería de alto valor económico.
Asimismo, el CFP reformuló la metodología de calificación de los proyectos y ajustó las escalas de puntaje que determinarán la duración de los permisos de pesca otorgados. El resultado será decisivo: cada propuesta no sólo competirá por acceder a uno de los permisos disponibles, sino también por las condiciones bajo las cuales podrá operar.
La nueva resolución también modifica el cronograma de la convocatoria. El plazo para presentar proyectos pasó a ser de quince días hábiles contados desde la publicación de la Resolución CFP N° 8/2026 en el Boletín Oficial, reemplazando el esquema previsto originalmente.
En paralelo, durante la reunión del CFP se analizó un pedido de Pescargen S.A. para extender por veinte días hábiles adicionales el plazo de presentación de proyectos. La solicitud no fue resuelta por el organismo y fue girada a la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera para su análisis.
El dato confirma que la convocatoria sigue generando movimiento administrativo y empresario. La pesquería de calamar concentra interés por su valor exportador, por su dinámica de zafra, por la presión de flotas extranjeras sobre el borde de la zona económica exclusiva y por la necesidad de ampliar la participación argentina sobre un recurso de alta gravitación económica.
El llamado original había sido fundamentado en la necesidad de recomponer capacidad operativa nacional mediante buques poteros. En ese marco, el INIDEP había señalado que una incorporación moderada de nuevas unidades podía incrementar la captura argentina del recurso sin comprometer, bajo las condiciones evaluadas, la sustentabilidad de los principales stocks.
El CFP fijó como techo la aprobación de hasta 18 buques, distribuidos entre proyectos encuadrados en los incisos 1 y 2 del artículo 26 de la Ley Federal de Pesca. La selección quedará atada al puntaje obtenido por cada propuesta y, en caso de empate, tendrán prioridad las empresas o grupos empresarios con menor cantidad de buques poteros vigentes.
Luego se considerarán otros criterios de desempate: menor antigüedad del buque, mayor compromiso de procesamiento en tierra y mayor porcentaje de tripulación argentina.
La matriz de evaluación mantiene un peso relevante sobre variables laborales, industriales y territoriales. La tripulación argentina puede aportar hasta 40 puntos. El empleo registrado suma de manera progresiva dentro del nuevo esquema corregido. El procesamiento en tierra también integra la evaluación, junto con los desembarques en zonas desfavorables, donde las provincias patagónicas adquieren una incidencia particular.
La convocatoria conserva, además, límites destinados a ordenar la concentración. Cada empresa o grupo empresario puede presentar hasta dos buques, pero la selección inicial será de una unidad por empresa o grupo hasta completar el cupo máximo. Sólo si quedan vacantes se avanzará sobre las segundas unidades propuestas.
El diseño administrativo incorpora también exigencias de control. Los buques poteros que se incorporen a la matrícula deberán responder a la memoria técnica y al plano de arreglo general presentados en el proyecto aprobado. Cualquier diferencia sustancial podrá derivar en la revocación de la aprobación y de la autorización para emitir el permiso de pesca.
La medida consolida una lectura más amplia sobre la pesquería de calamar. El Estado busca aumentar la captura bajo bandera nacional, fortalecer la flota potera, sostener empleo embarcado, ampliar el procesamiento en tierra y mejorar la participación argentina frente a una pesquería sometida a fuerte presión externa.
Pero la Resolución CFP N° 8/2026 agrega un elemento de mayor alcance: la construcción naval argentina pasa a ser una variable de peso en la asignación de permisos pesqueros.
En términos sectoriales, la decisión puede incidir sobre astilleros, armadores, plantas de procesamiento, proveedores navales, puertos patagónicos y empleo técnico especializado. La convocatoria deja de ser sólo un mecanismo de ingreso a la pesquería. También se convierte en una herramienta de política productiva, con efectos sobre inversión, flota, agregado de valor y presencia nacional sobre el calamar argentino.
La definición final sobre qué empresas accederán a los permisos dependerá del proceso de evaluación. Pero la nueva reglamentación ya dejó una señal concreta: no todas las inversiones partirán desde el mismo punto de largada. Los proyectos con construcción nacional arrancan con una ventaja reglamentaria directa.
