Un informe técnico elevado al Consejo Federal Pesquero (CFP) volvió a poner en el centro de la discusión el esquema de cuotificación de la merluza común, tras plantear un mecanismo que podría habilitar la transferencia de cuotas desde la flota fresquera hacia buques congeladores.
La iniciativa, aún en análisis, que lleva el nombre de Propuesta Técnica Regulatoria de CITC de Merluza Común, generó un fuerte rechazo por parte de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre sus posibles consecuencias productivas y laborales con destacado conocimiento en la materia por parte del ex Subsecretario de Pesca Dr.Carlos D. Liberman junto a la representante titular de la provincia, Lic.Carla E. Seaín.
El documento, elaborado por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, fue presentado como un informe, aunque desde la representación bonaerense señalaron que en realidad contiene una propuesta normativa concreta a ser evaluada por el CFP.
El planteo propone estructurar un mecanismo en dos etapas, por un lado, cuantificar la demanda de la flota congeladora y, por otro, conformar un fondo que permita abastecer esa demanda con cuota proveniente del sector fresquero.
Desde la Provincia de Buenos Aires cuestionaron de manera directa el sentido de la medida, al considerar que una redistribución permanente de cuotas hacia la flota congeladora —hasta el final del régimen en 2039— implicaría restar materia prima a las plantas de procesado en tierra.
Según advirtieron, el impacto no se limitaría a los buques fresqueros, sino que alcanzaría a toda la cadena productiva, incluyendo el procesamiento y el empleo vinculado a la actividad.
En ese sentido, señalaron que una medida de estas características podría derivar en menos industria y mayores niveles de desempleo en las principales ciudades pesqueras, fundamentalmente Mar del Plata, centro de descargas y procesamiento por excelencia.
La magnitud del planteo llevó a la representación bonaerense a sostener que cualquier avance en esta línea debería incluir la participación del sector fresquero en su conjunto, tanto a través de las cámaras empresarias como de las organizaciones sindicales.
Además, se advirtió sobre posibles conflictos con el marco legal vigente, en particular con las limitaciones establecidas en la Ley Federal de Pesca y las diferentes resoluciones del CFP vigentes y en curso.
Aunque el CFP no adoptó definiciones en esta instancia, la propuesta quedó incorporada a la agenda y abre un escenario de discusión que podría escalar en las próximas reuniones.
En un contexto donde la actividad ya enfrenta quebranto operativo en el sector fresquero extractivo, ahora se apunta a la mano de obra en tierra, el debate sobre el uso y la distribución de la merluza vuelve a instalarse como uno de los ejes más sensibles del sector.
Detrás del argumento técnico empieza a afirmarse una operación de poder y voracidad desmedida y de enorme alcance. Queda expuesto a la vez, que las demandas por mejoras en ese determinado segmento de la flota congeladora utiliza como punta de lanza la verdadera situacion de quebranto operativo que atraviesa el sector fresquero costero y de altura. Nadie solicita mayor participación si el negocio es deficitario.
La secuencia de decisiones, criterios y movimientos que gana terreno dentro del sistema pesquero exhibe una sintonía cada vez más marcada con la agenda de las grandes empresas merluceras de congelado a bordo, un bloque con volumen económico, capacidad operativa e influencia suficiente para empujar un reordenamiento a su medida.
En su núcleo más profundo, la controversia remite al control efectivo de la política pesquera, quién orienta las decisiones estratégicas, bajo qué matriz de intereses y con qué efectos sobre la estructura productiva actual y sobre el perfil que asumirá la actividad en los próximos años. Esa discusión adquiere una importancia aún mayor ante un riesgo que excede la coyuntura y se proyecta sobre el mediano plazo, la eventual transferencia de esas grandes compañías a capital extranjero.
Si ese desplazamiento llegara a consolidarse, las consecuencias alcanzarían una escala mucho más amplia que la estrictamente empresaria, porque pondrían bajo condicionamiento el empleo, los centros de decisión radicados en el país y la gravitación social que la pesca ejerce sobre comunidades enteras. Allí se juega, en definitiva, una parte sustancial del futuro económico, laboral y comunitario de territorios cuya estabilidad sigue ligada, de manera decisiva, al pulso de esta actividad manufacturera.
