Aquel sobrevuelo realizado los primeros días de enero pasado por el subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, a partir de una invitación del Comando Conjunto Marítimo (COCM) junto a una labor sin precedentes del Centro de Control de Tráfico Marítimo dependiente de la Prefectura Naval Argentina, dejó una marca política, operativa y sobre todo ciudadana difícil de soslayar.
La imagen aérea de una concentración de buques arrastreros y poteros de avanzada tecnología operando en el límite exterior del Mar Argentino terminó de consolidar una convicción de gestión, defender el recurso, ampliar el trabajo nacional, sostener la captura posible bajo criterios de conservación y evitar que riqueza biológica argentina migre fuera de la milla 200 sin aprovechamiento productivo para el país.
De esa lectura surgieron dos decisiones de alto impacto y de un cambio de paradigma que solo el tiempo permitirá valorar, a punto tal, que a tan solo 30 días de aquel vuelo inicial nace la Disposición SSRAyP N° 20/2026, orientada a cerrar márgenes de ambigüedad frente a embarcaciones extranjeras con cinética compatible a operaciones de pesca sobre el área argentina. Por otro lado, en paralelo, el impulso para abrir un nuevo registro que permita incorporar buques poteros de bandera nacional al Mar Argentino, con mayor empleo, mayor presencia efectiva y mayor capacidad nacional sobre recursos estratégicos antes que migren y sean capturados por flotas aledañas a la ZEEA.
Esto debe ser leído desde su fundamento principal, el recurso calamar Illex argentinus conserva como límite real de captura el criterio científico del INIDEP. La medida amplía la cantidad de operadores posibles dentro de la jurisdicción argentina, pero mantiene el volumen de extracción sujeto a evaluación biológica, recomendaciones técnicas, cierres preventivos, seguimiento del reclutamiento y preservación de las tasas de escape reproductivo.
Ese punto ordena toda la arquitectura del proyecto. La incorporación de nuevas unidades poteras bajo permiso nacional modifica la distribución de la operatoria, pero mantiene el techo biológico bajo control técnico. En una explicación llana, si ingresan nuevos comensales, la torta disponible conserva su dimensión biológica inicial y constante. Lo que cambia es la porción relativa de cada participante. La presencia de más buques permite mejorar el barrido operativo sobre el calamar disponible, maduro y apto para captura dentro de la ZEEA, mientras la administración ajusta la campaña por tiempo efectivo de pesca y por estado del recurso, premisas irreductibles a la hora de autorizar a la flota nacional a realizar operaciones de pesca sobre el recurso.
La decisión también expresa una señal institucional relevante. La fuerte predisposición del actual Subsecretario de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, junto con la labor del Director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, y el trabajo del Consejo Federal Pesquero, permitió encuadrar la discusión bajo el mandato central de la Ley Federal de Pesca 24.922. El artículo 1° de esa norma fija el eje jurídico de la política pesquera nacional, “fomentar el ejercicio de la pesca marítima en procura del máximo desarrollo compatible con el aprovechamiento racional de los recursos vivos marinos, proteger los intereses nacionales vinculados con la pesca, favorecer procesos industriales apropiados, promover máximo valor agregado y mayor empleo de mano de obra argentina”.
Bajo ese mandato, la administración pesquera nacional encontró una línea de acción concreta, máxima explotación racional del recurso, mayor capacidad de mano de obra involucrada, acceso a salario genuino digno y de los mejores pagos en la actividad pesquera, agregado de valor en tierra y perfil exportador argentino fortalecido. La iniciativa se apoya en una lectura de política pública, usar el recurso con ciencia, capturar valor dentro del país y ampliar la participación argentina en una cadena de alto impacto económico, laboral y sobre todo geopolítico de mayor presencia en la zona mas caliente del mar argentino e intentando no dejar escapar el recurso hacia aguas linderas del mar argentino.
La documentación elevada por Otto Wöhler, Director Nacional de Investigación del INIDEP, sostiene que el calamar argentino es una especie de ciclo de vida anual, con una dinámica poblacional distinta de las pesquerías multianuales. Esa característica obliga a evaluar sostenibilidad y esfuerzo según la biología específica del recurso, la evolución de los stocks y su migración natural hacia el área adyacente. La pesquería se administra campaña por campaña, con decisiones adaptativas y control científico permanente.
La primera clave es geopolítica y pesquera, el calamar que la Argentina deja de capturar dentro de su Zona Económica Exclusiva termina expuesto a la flota extranjera en la milla 201. El informe técnico identifica que los principales stocks explotados por la flota argentina inician su etapa de captura dentro de la ZEEA y luego se desplazan hacia el área adyacente. En 2026, allí fueron detectados 338 buques poteros extranjeros y 146 arrastreros que también capturan calamar argentino. A esa presión se agregan 105 poteros en el área de Malvinas bajo licencias ilegales. Frente a esa escala, la flota nacional operativa fue de 84 poteros.
Ese contraste define una cuestión de fondo. Dentro de la ZEEA, la Argentina controla permisos, descargas, documentación, tripulaciones, trazabilidad, cierres, zonas, partes de pesca y cumplimiento normativo. Fuera de esa jurisdicción, la capacidad regulatoria nacional cae de manera sustancial. Por eso, capturar una mayor proporción del recurso dentro del espacio marítimo propio por unidad de tiempo fortalece soberanía pesquera, consolida control alimentario sobre una especie estratégica y reduce la transferencia de renta biológica hacia flotas extranjeras, cuando en el mar argentino se lo protege en un esfuerzo nacional y privado por sostener la continuidad del recurso para futuras generaciones.
La segunda clave es laboral. Cada buque potero incorporado puede demandar entre 30 y 40 tripulantes embarcados, con generación directa de trabajo genuino para personal de cubierta, máquinas, puente y tareas operativas de campaña. En una hipótesis de 18 unidades, el registro puede abrir entre 540 y 720 puestos directos a bordo, con impacto inmediato sobre trabajadores que en la última zafra permanecieron en muelles argentinos aguardando embarque, continuidad laboral y salario. Esa dimensión adquiere valor social concreto, más buques bajo permiso nacional significan mayor capacidad de absorción de mano de obra embarcada y acceso a ingresos formales para familias vinculadas al trabajo marítimo.
El movimiento económico asociado a cada potero comienza en el mar y continúa en tierra desde la recalada hasta la nueva zarpada. La operación demanda descarga, estiba, clasificación, transporte, frío, víveres, combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, seguros, documentación, empaque, servicios generales, traslados y estadías. El documento económico del registro estima que cada buque consume cerca de 500.000 dólares por temporada en combustibles y lubricantes y otros 550.000 dólares en víveres, insumos, empaque, servicios, reparaciones, repuestos y gastos complementarios. Cada potero moviliza más de un millón de dólares adicionales en actividad operativa interna antes de computar salarios y divisas de exportación.
El impacto monetario refuerza esa dimensión. Cada buque puede representar alrededor de 1 millón de dólares por temporada entre sueldos y cargas sociales de tripulación, más aproximadamente 450.000 dólares en tareas de estibaje, carga y alistamiento para nueva marea. En una escala de 18 buques, ese flujo puede alcanzar 18 millones de dólares para personal embarcado y 8,1 millones de dólares para trabajo portuario, antes de computar servicios indirectos, aprovisionamiento, reparaciones, logística, transporte y actividad de planta. La magnitud del dato es directa, la captura bajo bandera y control argentino convierte cada marea en salario, aportes, consumo familiar y movimiento económico local.
La tercera clave es industrial, los nuevos permisos tienen como condición esencial el reproceso en tierra del 20% de la captura. Esa obligación convierte parte del valor pesquero en actividad industrial verificable, sostiene plantas, demanda mano de obra terrestre y fortalece la integración entre extracción, puerto y procesamiento. El requisito debe cumplirse con trazabilidad documental, plantas identificadas, volúmenes constatables, intervención administrativa y sanciones ante incumplimientos. La herramienta tiene valor estratégico cuando el Estado la controla con rigor.
El reproceso obligatorio permite que una fracción de la captura se transforme en empleo local. La actividad industrial asociada al calamar requiere personal de planta, frío, clasificación, empaque, control sanitario, transporte y logística exportadora. El recurso gana valor cuando permanece más tiempo dentro del circuito productivo argentino, con participación de trabajadores en tierra y mayor movimiento económico alrededor de los puertos.
La Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) respaldó la apertura del registro, siempre bajo una condición central que el proceso cuente con el aval técnico del INIDEP sobre la sostenibilidad biológica del recurso y con la aprobación del Consejo Federal Pesquero. En la presentación firmada por Juan Darío Socrate, la entidad planteó además que la evaluación debe superar el simple conteo de unidades y considerar el poder de pesca efectivo de cada buque, con variables concretas como tecnología embarcada, capacidad lumínica, volumen de congelación diaria y capacidad de bodega.
La posición institucional de CAPA también expresa una mirada compartida por su presidente, Juan Redini, quien destacó la labor de la tripulación de uno de los aviones de patrullado y reconocimiento Lockheed P-3 Orion incorporados por la Argentina al Reino de Noruega. La aeronave, con apostadero en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew, Chubut, bajo la órbita de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, permitió junto al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, realizar el sobrevuelo del 5 de enero sobre una enorme concentración de buques arrastreros y poteros extranjeros que operaban sobre el calamar Illex argentinus tras su desplazamiento desde la Zona Económica Exclusiva Argentina hacia aguas internacionales.
Ese planteo introduce una precisión técnica imprescindible. Una pesquería seria se administra con indicadores reales, días efectivos de pesca, rendimiento por unidad de esfuerzo, zona de operación, estado del stock, reclutamiento, capacidad de procesamiento, cumplimiento de cierres y trazabilidad de descarga. El conteo de cascos ofrece una lectura parcial; la sostenibilidad se define por la relación entre ciencia biológica, control y conducta operativa.
El informe del INIDEP también establece que la incorporación de entre 15 y 20 unidades poteras nacionales permitiría aumentar la proporción del calamar capturado dentro de jurisdicción argentina antes de su migración natural. Ese aprovechamiento reduciría la disponibilidad posterior para las flotas extranjeras que operan fuera de la ZEEA. Además, el documento sostiene que esa incorporación, evaluada frente a la magnitud de la flota extranjera que actúa sobre los mismos stocks, mantiene un impacto acotado sobre el esfuerzo total del recurso.
El mismo razonamiento explica el ajuste por tiempo y por disponibilidad biológica. En temporadas de bajo reclutamiento, una mayor presencia de unidades puede acortar la zafra. En años de buena abundancia, permite optimizar la tasa de captura dentro de la ZEEA. En ambos casos, el límite sigue bajo conducción científica. El Departamento de Cefalópodos conserva la función crítica: preservar tasas de escape que aseguren reproducción, reclutamiento futuro y continuidad biológica de la especie.
La cuarta clave es soberanía alimentaria y pesquera. El calamar argentino es un recurso migratorio, de alto valor comercial, sometido a fuerte presión externa y central para la economía marítima nacional. Aprovecharlo dentro de la ZEEA, en su punto adecuado de madurez y bajo fiscalización argentina, significa transformar disponibilidad biológica en alimentos, exportaciones, empleo, divisas, tributos e información pesquera. La soberanía se expresa en la capacidad de administrar el recurso propio antes de que abandone la jurisdicción nacional.
La quinta clave es económica y exportadora. Sobre una base estimada de 5 millones de dólares por buque, el Estado nacional puede percibir alrededor de 1 millón de dólares por cada unidad nueva en concepto de derechos de importación, con una incidencia aproximada del 14% sobre costo, seguro y flete. En el caso de buques usados, el ingreso fiscal puede ubicarse cerca de 2 millones de dólares por unidad, con una incidencia aproximada del 28%. Si el registro incorporara 18 buques, la recaudación inicial por importación podría moverse entre 18 y 36 millones de dólares, según la composición final de la flota.
A ese ingreso inicial se suma el efecto exportador. Cada buque, en el peor de los escenarios, puede generar entre 5 y 6 millones de dólares de divisas por campaña, con un tributo estimado en derechos de exportación de aproximadamente 435.000 dólares por unidad, además del impuesto a las ganancias que corresponda. Cada unidad incorporada implica, a su vez, un costo de explotación aproximado de 2,5 millones de dólares invertidos en el país durante la temporada. En una hipótesis de 18 unidades, la inversión operativa alcanzaría 45 millones de dólares, mientras el ingreso por exportaciones podría ubicarse entre 90 y 108 millones de dólares por campaña.
La Ley Federal de Pesca 24.922 da marco a esta orientación. Bajo ese principio, la incorporación de buques bajo matrícula nacional, fiscalización argentina y obligación de reproceso se inscribe en una política de aprovechamiento integral del calamar, con empleo, exportaciones, ingreso de divisas y ocupación efectiva del caladero. La administración pesquera nacional, con la intervención de la Subsecretaría, la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera y el Consejo Federal Pesquero, orienta la herramienta hacia el cumplimiento de ese mandato, máximo valor agregado, mayor empleo de mano de obra argentina y protección efectiva de los intereses nacionales vinculados con la pesca.
La discusión sobre el origen de capitales o unidades debe subordinarse a la cuestión institucional relevante, dónde opera el buque, bajo qué bandera, con qué permiso, con qué controles, con qué tripulación, con qué descarga, con qué régimen fiscal y con qué obligación industrial. El Estado argentino convierte inversión privada en actividad regulada cuando somete cada unidad a permiso nacional, control documental, fiscalización operativa, descarga local y compromisos en tierra.
El registro potero, bien instrumentado, fortalece una ecuación de interés público. Permite mayor presencia argentina sobre el calamar dentro de la ZEEA, genera empleo para personal embarcado, multiplica actividad portuaria, obliga al reproceso de una parte de las capturas, aporta tributos, suma divisas y reduce la fracción de recurso que migra hacia capturas extranjeras. El límite biológico queda bajo ciencia; la oportunidad económica depende de la capacidad nacional de actuar a tiempo sobre el recurso maduro.
El cierre es claro. El INIDEP fija el umbral técnico. El Consejo Federal Pesquero ordena la política. La flota opera bajo permiso argentino. El Estado controla. Las plantas reciben materia prima. Los trabajadores embarcan. Los puertos se mueven. La Argentina recauda, exporta y ocupa su espacio marítimo. En la pesquería de calamar, esa secuencia define el sentido del nuevo registro, más control nacional, más trabajo argentino y mayor soberanía pesquera sobre una especie central del Atlántico Sur.
