Santa Cruz avanzará con un nuevo Régimen Provincial de Cuotificación de Merluza Común, una herramienta de administración pesquera que modificará la forma de asignar el recurso y pondrá el eje en empleo registrado, procesamiento local, inversiones acreditadas y trazabilidad obligatoria.
La iniciativa, que habíamos anticipado hace algunos meses, será implementada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, y busca reemplazar el esquema vigente por un sistema de distribución basado en parámetros técnicos, productivos y verificables. La decisión apunta a ordenar la cuota provincial de merluza común y vincular su uso con actividad industrial efectiva dentro del territorio santacruceño.
El dato central está en la masa cuotificable. Santa Cruz dispone del 4,80% de la Captura Máxima Permisible de merluza común asignada por el Consejo Federal Pesquero. Sobre ese volumen, el 90% será distribuido mediante el nuevo régimen, mientras que el 10% restante quedará como Reserva Administrativa Provincial para atender necesidades estratégicas y fortalecer políticas pesqueras propias.
La Provincia busca que la merluza capturada bajo su jurisdicción genere mayor impacto económico local. Para eso, el régimen evaluará empleo registrado, historial de descargas, procesamiento en plantas santacruceñas, capacidad industrial instalada, inversiones realizadas, continuidad operativa y cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y pesqueras.
El nuevo esquema introduce una señal directa para las empresas: el acceso al recurso quedará asociado al desempeño productivo en Santa Cruz. La administración provincial priorizará a los operadores que sostengan empleo, descarguen y procesen materia prima en la provincia, acrediten inversiones y mantengan actividad industrial verificable.
Uno de los cambios más relevantes será la trazabilidad obligatoria de toda la materia prima alcanzada por la cuotificación. El sistema permitirá seguir el recurso desde la captura hasta el procesamiento y la comercialización, con el objetivo de reforzar controles, ordenar la cadena y dar mayor transparencia al uso de la cuota provincial.
Ese punto tiene impacto directo sobre fiscalización y valor agregado. La trazabilidad permitirá conocer qué volumen se captura, dónde se descarga, qué planta lo procesa y bajo qué condiciones llega al mercado. Para una provincia que busca consolidar actividad pesquera propia, el seguimiento del recurso funciona como herramienta de control público y como respaldo para la industria formal.
El régimen establece además que las cuotas tendrán carácter de autorización administrativa de uso. La asignación permitirá utilizar el recurso bajo condiciones fijadas por la Provincia, pero mantendrá la administración pública sobre la merluza común. Las cuotas tampoco podrán ser transferidas, cedidas ni comercializadas.
La vigencia prevista será de diez años, con revisiones técnicas anuales. Ese diseño combina previsibilidad para las empresas con capacidad de ajuste para la autoridad pesquera, que podrá evaluar resultados, controlar cumplimiento y corregir desvíos según la evolución de la actividad.
La ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, definió la medida como “un reordenamiento profundo de cómo se administra la merluza” y destacó la incorporación de “criterios objetivos, transparentes y verificables” para asignar el recurso.
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, sostuvo que la cuotificación permitirá dar previsibilidad al sector y fortalecer los mecanismos de control. Según indicó, el sistema apunta a distribuir cuotas con una lógica asociada a sustentabilidad, desarrollo industrial y administración responsable del recurso.
La decisión provincial se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo las jurisdicciones administran sus cupos pesqueros y qué condiciones exigen a las empresas para acceder al recurso. En este caso, Santa Cruz busca que la asignación de merluza común deje de estar concentrada solo en la disponibilidad de captura y pase a estar vinculada con empleo, inversión, procesamiento y cumplimiento.
Para la flota y las plantas, el cambio introduce una regla de largo plazo: la continuidad operativa, el agregado de valor y la radicación productiva tendrán peso en la distribución. Para el Estado provincial, el nuevo régimen ofrece una herramienta para ordenar permisos, controlar movimientos de materia prima y orientar la actividad hacia una mayor integración industrial.
Con este esquema, Santa Cruz intenta convertir su participación en la Captura Máxima Permisible de merluza común en una política de desarrollo pesquero. La efectividad del régimen dependerá de la calidad de los controles, la trazabilidad real de la materia prima y la capacidad de sostener empleo e inversión dentro de la provincia durante los próximos diez años.
