En medio de la preocupación creciente por la caída de actividad en los puertos santacruceños, el Gobierno de Santa Cruz comenzó a delinear un nuevo esquema de administración pesquera que buscará asegurar que una mayor parte de la merluza capturada tenga procesamiento en tierra dentro de la provincia.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, apunta a establecer un régimen de cuotificación con vigencia de diez años, orientado a otorgar previsibilidad al sector empresario, pero también a garantizar valor agregado en origen y sostener el empleo formal en las plantas pesqueras locales.
El secretario de Estado de Pesca y Acuicultura, Sergio Klimenko, confirmó que las empresas interesadas en acceder a cuota provincial deberán procesar la materia prima en establecimientos radicados en Santa Cruz y con trabajo registrado.
“Buscamos que las empresas que trabajan en la provincia, que tienen plantas habilitadas en la provincia con trabajo registrado puedan acceder a una cuota de merluza a negociar con distintos barcos para que pesquen y la materia prima sea descargada en los puertos provinciales”, sostuvo el funcionario en declaraciones a LU14 Radio Provincia.
La definición aparece en un contexto complejo para la actividad pesquera santacruceña, marcado por la fuerte caída de descargas en puertos como Puerto Deseado y Caleta Paula, situación que en las últimas semanas volvió a instalar reclamos de distintos sectores para recuperar movimiento económico y empleo en la provincia.
De acuerdo con lo explicado por Klimenko, Santa Cruz cuenta este año con 17.760 toneladas correspondientes al 4,80% del stock sur de la Captura Máxima Permisible otorgada por Nación.
La intención oficial es utilizar esa herramienta como mecanismo de promoción industrial, buscando que las plantas locales puedan asegurar abastecimiento de materia prima y sostener niveles de ocupación en un escenario atravesado por altos costos operativos y baja rentabilidad.
Según indicó el funcionario, uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sector está relacionado con el incremento del combustible y el impacto que tuvo sobre la ecuación económica de las empresas.
“Lo que realmente generó muchas trabas fue el tema del valor del combustible que se fue por las nubes por la guerra, y eso le generó que hoy muchos trabajen a pérdida”, afirmó.
La propuesta provincial vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica dentro de la actividad pesquera: cómo lograr que una mayor proporción del recurso capturado genere empleo y movimiento económico en las provincias donde se descarga.
En Santa Cruz, la preocupación se profundizó a partir de la pérdida de actividad en varios puertos provinciales y del traslado de operaciones hacia otros centros logísticos con mejores condiciones de competitividad o menores costos operativos.
En ese contexto, la provincia busca fortalecer un esquema que vincule el acceso a cuota con compromisos concretos de procesamiento en tierra, empleo registrado y abastecimiento sostenido para las plantas locales.
El proyecto también incorpora una contraprestación social. Entre las alternativas analizadas, se estudia la posibilidad de que las plantas beneficiadas aporten semanalmente 300 cajones de merluza fresca destinados a programas sociales provinciales, aunque el mecanismo todavía requiere definiciones jurídicas y tributarias.
Las negociaciones continuarán la próxima semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según anticipó Klimenko, el 26 de mayo se desarrollará una reunión en Casa Santa Cruz junto a representantes técnicos y empresarios del sector para intentar avanzar en el cierre definitivo del esquema de cuotificación.
El funcionario adelantó además que, de alcanzarse consensos, el decreto regulatorio podría quedar listo para ser elevado a la firma del gobernador Claudio Vidal durante el próximo mes.
