La pesquería de langostino entró en una etapa donde el dato científico, la operatoria de la flota y el régimen de administración comienzan a cruzarse con mayor intensidad. La reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Langostino, realizada el 15 de mayo de 2026 en la órbita de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, dejó expuesto un cuadro de alto valor institucional, el recurso mantiene indicadores biológicos favorables, pero se encuentra en su punto máximo de explotación, según la aclaración realizada por el INIDEP durante el encuentro.
El eje técnico de la reunión estuvo puesto en los resultados de la campaña estival DE 2026/01, realizada a bordo del BP Destiny. La elección de esa unidad respondió a la indisponibilidad del BP Bogavante Segundo, buque utilizado históricamente para este tipo de evaluaciones, por lo cual el instituto aplicó un esquema de estandarización mediante simulaciones del Programa Desarrollo de Artes de Pesca y Métodos de Captura, con el objetivo de preservar la comparabilidad de la serie histórica 2017-2025.
El resultado más contundente fue la presencia del recurso en el 95% de los lances efectuados, con una distribución amplia dentro del área evaluada. Las mayores concentraciones se localizaron en el sector sudeste del Golfo San Jorge y en la zona denominada La Pared. La estructura poblacional mostró una presencia relevante de juveniles, aunque con matices territoriales, en aguas someras del sur del golfo se observó una elevada proporción de pre-reclutas y reclutas, especialmente en los estratos del Golfo San Jorge.
La lectura reproductiva también aportó información clave. El informe indicó que el 44% de las hembras adultas se encontraba en condición madura y el 7% impregnada, con un gradiente latitudinal que mostró menor actividad reproductiva hacia el sur. En estimaciones poblacionales, se comunicó una abundancia total de 8,6 mil millones de individuos y una biomasa de 141.222 toneladas, valores superiores a los registrados en 2025. Aun así, la biomasa resultó inferior a la registrada en 2024, situación asociada con el mayor peso relativo de ejemplares reclutas y con un menor tamaño promedio de los individuos capturados.
El dato operativo proyectado también ordenó parte del debate. En aguas provinciales ya se habían registrado capturas por 42.705 toneladas, mientras que el volumen total proyectado de desembarques para el año calendario 2026 ascendía a 225.039 toneladas. El acta, sin embargo, dejó asentada una advertencia metodológica relevante, esa estimación presenta un sesgo asociado con la cifra disponible y con la correspondencia entre disponibilidad del recurso y accesibilidad efectiva a la captura.
Con ese marco, el INIDEP sostuvo que los resultados indican un buen estado general del recurso, aunque remarcó la prioridad de mantener e intensificar los esquemas de monitoreo y la cobertura de observadores a bordo. Ese punto adquiere peso estratégico porque la pesquería atraviesa una fase en la que el volumen, la selectividad, la calidad comercial y la presión operativa deben leerse como partes de una misma ecuación de manejo.
El inicio de la temporada en aguas nacionales fue descripto como ajustado a los patrones históricos para el área y la época del año. Hasta el 13 de mayo se registraba un desembarque declarado de 1.853 toneladas, por encima del mismo período de 2025. El acta atribuyó esa diferencia al mayor número de embarcaciones y a la composición de la flota que predominó durante la actividad de 2026. La captura estuvo integrada mayoritariamente por ejemplares de categorías comerciales L1 y L2, que representaron el 92,64% del total declarado.
Otro punto sensible fue la captura incidental de langostino en pesquerías de arrastre. Para 2026 se declaró un volumen aproximado del 3% por encima del registro de 2025, concentrado principalmente en el cuadrante 4161, subárea 1. En ese marco, CAPIP y CAPeCA solicitaron que el Consejo Federal Pesquero analice el incremento del bycatch. La discusión excede el dato estadístico, involucra criterios de control, trazabilidad de la captura, convivencia entre flotas y consistencia regulatoria entre jurisdicciones.
Las cámaras de la Provincia de Buenos Aires —UDIPA, CAABPA, AEPC, ALFA y CAIPA— plantearon la necesidad de avanzar en discusiones vinculadas con el régimen de administración de la pesquería y con el Plan de Manejo.
También indicaron que trabajan sobre escenarios que incluyen un plan de contingencia. El acta recoge una posición sectorial precisa; aún con un recurso en buen estado, las reglas de operación, los tiempos de marea, los esquemas de velocidad, los costos de descarga en el sur y la participación de buques bonaerenses aparecen como factores que inciden sobre la eficiencia económica y la previsibilidad del sistema.
Ese planteo tuvo una respuesta técnica de fondo. El INIDEP aclaró que el recurso se encuentra en su punto máximo de explotación y que, en ese estado, un aumento del esfuerzo pesquero comprometería la sustentabilidad del esquema actual. La frase ordena el expediente, el buen estado del recurso habilita continuidad, pero exige mayor precisión administrativa, control efectivo y decisiones fundadas en evidencia.
Uno de los debates más relevantes fue el límite de 72 horas de marea. Desde el sector se indicó que la norma genera dificultades operativas para los buques fresqueros, especialmente cuando se combinan horarios fijos, esquemas de velocidad —en particular nocturna— y mayores costos de descarga en puertos alejados de la base habitual de operación. También se solicitó que los controles de peso de cajones aplicados a buques de jurisdicción nacional tengan correlato sobre unidades que operan el mismo recurso en aguas provinciales.
Marcelo Asaro, en representación de AEPCyF, planteó desde su experiencia como patrón de pesca que las condiciones en el mar requieren márgenes de decisión operativa y que el capitán mantiene responsabilidad directa sobre la calidad del producto. En esa línea, sostuvo que el esquema de 72 horas debe interpretarse con foco en el tiempo efectivo de pesca, mientras que la navegación a puerto responde a condiciones que exceden el control del buque.
Ayelén Fortunato, en representación de GAAD Group, recordó que en oportunidades anteriores se había solicitado una prueba piloto para computar 72 horas efectivas de pesca y permitir libre navegación a puerto. Andrés Arbeletche respaldó la defensa de esa norma por parte de Chubut, aunque consideró posible volver a analizar el tema en el seno del CFP. Carlos Liberman señaló que la normativa evolucionó con el tiempo en función de la calidad del producto y de lo vinculado a la pesca por cada flota, y consideró oportuno avanzar en una prueba piloto.
El expediente también expuso reclamos sobre el modo en que se instruyen infracciones. CAABPA indicó que en los últimos tiempos se generaron actuaciones con criterios que habrían incrementado la cantidad de sumarios o modificado los parámetros aplicados. La Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera respondió que la falta de detalle en la cantidad de lances efectivos dificulta los análisis técnicos desde la Dirección, aunque se comprometió a revisar caso por caso los expedientes en los que se realicen los descargos correspondientes.
En paralelo, CAPIP y CAPeCA reiteraron la solicitud de incrementar el porcentaje de producción de colas a bordo de los buques congeladores. CAPeCA vinculó ese pedido con la necesidad de preservar la calidad del producto argentino en los mercados internacionales y planteó que una eventual cuotificación, junto con la eliminación de la pesca olímpica, podría contribuir a resolver problemas asociados con la participación de cada tipo de flota.
CAIPA, por su parte, pidió ampliar los plazos para la presentación de información sobre inversiones requeridas por la Resolución CFP Nro. 4/2000, al considerar que la solicitud de datos del período 2022-2024 exige una presentación formal y debidamente fundamentada. CAPeCA y CAPIP también solicitaron que, al momento de seleccionar buques para tareas de prospección, se priorice a empresas que hayan financiado campañas de investigación.
El cierre institucional quedó en manos de la Subsecretaría. El acta consignó que el CFP tomará en cuenta los planteos realizados y que la SSRAyP viene trabajando en un proyecto de cuotificación de la pesquería que será presentado ante el Consejo. Además, se prevé un cronograma de reuniones con los distintos sectores para analizar el tema.
La reunión dejó una conclusión de alto valor para el futuro inmediato del langostino argentino, la discusión ya dejó de estar concentrada únicamente en la disponibilidad biológica del recurso y pasó a incluir, con mayor peso, la arquitectura de administración, los incentivos operativos, los controles, la calidad comercial y la distribución real del esfuerzo pesquero. El recurso muestra fortaleza, pero el sistema que lo administra ingresa en una fase donde cada decisión deberá sostenerse en ciencia, fiscalización y equilibrio federal.
Fuente documental: Acta N° 13/2026 de la Comisión de Análisis y Seguimiento de la Pesquería de Langostino.
