Agotados los plazos establecidos para la instancia formal de conciliación obligatoria -15 días hábiles más una prórroga de 5-, el conflicto entre la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), sus empresas vinculadas y el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) parece haber llegado a un punto crítico, que amenaza seriamente la estabilidad de la actividad pesquera.
Este escenario, caracterizado por un clima de hostilidad e intransigencia, ha entorpecido la operativa desde el inicio tardío de la zafra de langostino en aguas provinciales. Tradicionalmente, la temporada comienza a principios de noviembre, pero en esta ocasión, debido a las tensiones, se retrasó hasta la primera semana de diciembre.
Ese retraso inicial fue el preludio de un conflicto que continuó con jornadas de trabajo intermitente durante enero y gran parte de febrero. Como resultado, de los cinco meses que normalmente abarca la zafra (de noviembre a marzo), solo se aprovechó un 60% de los días disponibles. En términos concretos, la actividad se redujo un 40% en comparación con años anteriores, debido a la conflictividad entre gremios y empresarios. Sin embargo, pese a esta reducción en el tiempo de pesca efectiva, la merma en los volúmenes descargados fue del 17%, una cifra significativamente menor en proporción a los días perdidos, lo cual evidencia la abundancia del recurso en la región.
A pesar de los ocho meses transcurridos desde el inicio de la controversia, la situación sigue latente. Parte de la flota amarilla de Chubut, actualmente a la espera de la pleamar para retomar la actividad en la subárea 7 Este, la cual reabrirá tras siete días de suspensión por la presencia de fauna incidental, enfrenta un panorama incierto. Con la finalización de la conciliación obligatoria, las partes han quedado en libertad de acción. Algunos armadores han optado por alistar sus barcos y retomar la pesca, ajustándose al precio vigente de $918 por cajón, mientras que otros permanecen en pausa, lo que refleja la división y falta de consenso.
El conflicto ha resultado en un escenario sin ganadores; todas las partes han salido perjudicadas. Desde un punto de vista económico, tanto para los marineros como para los armadores, los números son insostenibles. Un marinero podría llevar a su bolsillo cerca de $14 millones, una cifra que, sin emitir juicio sobre su justicia en función de los acuerdos salariales previos o de las dificultades de pago que enfrenta el sector, parece significativa considerando el riesgo y desgaste de la actividad. No obstante, la rentabilidad para los armadores sigue siendo cuestionable.
En el ámbito político, la persistente conflictividad es evidente, con roces en distintos frentes como el SUPA, STIA, SOMU e incluso el Centro de Patrones, a pesar de su legitimidad frente a los convenios colectivos de trabajo. Los problemas no han encontrado solución, y el límite parece estar alcanzado.
En este contexto, desde el mayor complejo langostinero argentino, en un momento clave en que Chubut busca afianzar su posición en la actividad pesquera, especialmente ante la posible cuotificación de la merluza, que no desea perder, se perciben señales de cambios.
